La nacionalización de descendientes de exiliados del franquismo encona el pulso Gobierno-PP, en medio de una realidad estadística: el censo exterior solo ha movido cuatro escaños en democracia
Regala esta noticia Añádenos en Google Un residente español toma una tarjeta para votar en el Consulado General de España, en las últimas elecciones generales. (EP) 05/07/2026 a las 00:04h.La polémica en torno a la llamada 'ley de nietos' ha avivado esta semana un nuevo choque frontal entre el Gobierno y la oposición. El ... PP y Vox acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de instrumentalizar la norma para alterar el censo electoral mediante la ampliación del derecho a voto exterior, una maniobra que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado de «ingeniería electoral» y «social». Moncloa defiende la medida como un gesto estrictamente ceñido a la ejecución de una «reparación histórica». Pero al margen del enésimo pulso de la legislatura, ¿cómo funciona realmente esta vía de acceso a la nacionalidad?
A diferencia de la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007, este marco legal elimina las antiguas barreras, abriendo la puerta a los hijos mayores de edad de quienes emigraron y corrigiendo además discriminaciones históricas. De esta forma, podrán beneficiarse aquellos hijos y nietos de quienes se vieron obligados a exiliarse durante la contienda y el régimen franquista, que, una vez nacidos en otros territorios, estarían en condiciones de obtener la nacionalidad española.
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¿Cuándo se aprobó?
El recorrido parlamentario de la norma concluyó a finales de 2022. En concreto, la Ley de Memoria Democrática fue aprobada por el Congreso el 14 de julio de ese año y ratificada por el Senado el 5 de octubre, entrando en vigor apenas unas semanas después. Concebido originalmente como un mecanismo de justicia y reparación histórica, este marco legal nació con una ventana de vigencia temporal acotada -se ideó con fecha de caducidad y no como una norma indefinida como otras-.
¿Cómo se solicita?
El procedimiento para acogerse a la medida se centralizó de forma exclusiva a través de la red de Consulados Generales de España en el exterior, ubicados en los países de residencia de los solicitantes. Para obtener el visto bueno de la Administración, los interesados debían aportar certificados de nacimiento y pruebas de la nacionalidad española de sus ascendientes, además de documentación que justifique la condición de exiliado en los casos exigidos por la ley.
En cuanto al calendario del proceso, la ley nació con una vigencia temporal estricta. El plazo para solicitarla se abrió con la entrada en vigor en 2022 y -tras una prórroga de un año aprobada por el Gobierno para absorber la alta demanda consular- concluyó definitivamente en octubre de 2025. Desde esa fecha, el sistema ya no admite nuevas solicitudes ordinarias, limitándose los consulados a resolver la ingente cantidad de expedientes que entraron en plazo y que aún deben resolverse.
¿Cuántos expedientes se han gestionado?
En la práctica, se constata que el impacto demográfico de la 'ley de nietos' ha desbordado todas las previsiones iniciales. Durante el periodo que abarca desde la aprobación de la norma hasta 2025, la red consular ha gestionado más de un millón de expedientes, de los cuales unos 490.000 han sido aprobados y más de 255.000 ya han sido inscritos oficialmente. Sin embargo, la herencia de esta avalancha burocrática se traduce hoy en un importante cuello de botella: todavía quedan 1,4 millones solicitudes pendientes de estudio. Un volumen de expedientes en espera que obligará a los servicios consulares a prolongar las tareas de resolución durante los próximos años. El número de españoles residentes en el extranjero seguirá aumentando y, con él, el potencial electoral del Censo de Españoles Residentes Ausentes.
Las personas que obtienen la nacionalidad mediante la 'ley de nietos' adquieren los mismos derechos políticos que cualquier otro español. Si son mayores de edad, están correctamente inscritas y aparecen en el censo vigente, pueden votar en generales, autonómicas, europeas y referéndums nacionales. Aunque según el régimen, la adscripción a una circunscripción no es de libre elección del votante. Es decir, la persona tiene que justificar con documentación en qué municipio ha tenido su última residencia. También se debe documentar si la persona o sus ascendientes tienen arraigo en una localidad concreta. Además, la Oficina del Censo Consular puede verificar o corregir la inscripción si la justificación es insuficiente.
Peso real en las elecciones
Más allá de la batalla dialéctica, política e ideológica, la 'ley de nietos' marca un punto de inflexión: España ha expandido su comunidad de ciudadanos en el extranjero hasta cotas históricas. El verdadero reto a medio plazo no será solo la resolución del histórico atasco burocrático en los consulados, sino cómo asimilará el sistema político una bolsa de electores difusa y deslocalizada.
No obstante, la hemeroteca y la aritmética electoral rebajan drásticamente la alarma de la oposición. En 48 años de democracia, a lo largo de 15 elecciones generales y entre más de 5.000 escaños repartidos, el voto CERA (el de los residentes ausentes) solo ha logrado alterar el destino de cuatro diputados. El último precedente, irónicamente, se dio en la circunscripción de Madrid en las generales de 2023, donde el escrutinio exterior restó un asiento al PSOE para otorgárselo al PP. La historia reciente demuestra que, a pesar del abultado volumen del censo, la tradicional baja participación en el extranjero diluye el impacto real de la ciudadanía residente fuera.
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