Las resoluciones declaran vulnerado su derecho de participación política e imponen las costas al Consistorio, que atribuye las demoras a la falta de personal
Regala esta noticia Añádenos en Google Fachada del Ayuntamiento de Alameda. (SUR) 03/07/2026 a las 19:08h.Tres sentencias de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga han condenado al Ayuntamiento de Alameda por no facilitar dentro del plazo legal documentación ... solicitada por concejales del PSOE. Las resoluciones consideran que las demoras impidieron a la oposición ejercer con normalidad su labor de control y vulneraron el derecho fundamental de participación política reconocido en la Constitución.
Las resoluciones estiman íntegramente los recursos interpuestos por los ediles socialistas y concluyen que el Ayuntamiento no respondió dentro del periodo previsto. Al transcurrir ese plazo sin una contestación formal, las solicitudes quedaron aceptadas por silencio administrativo positivo, lo que obligaba al Consistorio a permitir el acceso a los documentos.
Dos de los fallos fueron dictados el pasado 1 de julio por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga. Ambos rechazan que la falta de trabajadores o el elevado número de solicitudes presentadas por la oposición puedan utilizarse para restringir un derecho fundamental de los representantes públicos.
La tercera sentencia, procedente del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5, llega a una conclusión similar. En este caso, el tribunal señala que el Ayuntamiento tampoco ejecutó correctamente el derecho adquirido por los concejales una vez producido el silencio administrativo.
Los jueces recuerdan que el acceso a la información municipal no es una cuestión secundaria. Se trata de una herramienta necesaria para que los grupos de la oposición puedan conocer los expedientes, fiscalizar las decisiones del gobierno local y participar en los asuntos públicos en condiciones de igualdad.
La entrega posterior de parte de la documentación tampoco elimina, según las resoluciones, la vulneración producida. Recibir los papeles fuera de plazo puede impedir que los concejales formulen preguntas, preparen iniciativas o actúen cuando los asuntos todavía están en tramitación. Las tres sentencias imponen además las costas procesales al Ayuntamiento.
PSOE gana tres sentencias
Desde el Consistorio explican a SUR la demora por la situación excepcional que atravesaba la plantilla cuando se registraron las peticiones. El organismo dirigido en esta legislatura por el grupo político Con Andalucía ha señalado que el PSOE presentó en diciembre ocho solicitudes al mismo tiempo, en un periodo en el que la interventora estaba de baja, el asesor jurídico se encontraba en excedencia y parte de los funcionarios disfrutaba de vacaciones.
Según su versión, el Ayuntamiento preguntó a los concejales qué expedientes necesitaban con mayor urgencia y atendió primero esas peticiones, dejando el resto para cuando hubiera más personal disponible. También reconocen que «alguna de las informaciones se facilitó fuera del plazo establecido», aunque sostiene que se actuó con voluntad de colaboración y que parte de los documentos sí fueron entregados.
Según su versión, el Ayuntamiento preguntó a los concejales qué expedientes necesitaban con mayor urgencia y atendió primero esas peticiones
El gobierno municipal no ha anunciado por ahora si recurrirá las resoluciones. Aunque si se ha indicado que su contenido se está analizando internamente y que decidirá más adelante si realiza una valoración pública o adopta alguna medida.
Para el portavoz socialista, Antonio Montero, los fallos confirman que la oposición tenía derecho a acceder a la información solicitada. «La transparencia y el acceso a la información no son una concesión del alcalde, son una obligación legal», afirmó tras conocerse las sentencias.
El PSOE asegura que continuará utilizando los mecanismos administrativos y judiciales disponibles para obtener los expedientes necesarios. El Ayuntamiento, mientras tanto, deberá asumir las costas y revisar la forma en la que responde a futuras solicitudes para evitar que nuevos retrasos vuelvan a desembocar en los tribunales.
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