Emmanuel Macron ejerce de guía para Donald Trump en la Galería de los espejos de Versalles. Anna Moneymaker/ REUTERS
EEUU Trump quiere su Versalles en la Casa Blanca: su salón de baile con búnker secreto asciende a 600M a cargo del contribuyenteAl incluir la reforma del búnker presidencial dentro del proyecto, el mandatario se asegura de que más de la mitad de los costes se cubran con fondos públicos.
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Itziar Nodal Corresponsal en EEUU Publicada 23 junio 2026 02:46h Las clavesLas claves Generado con IA
Donald Trump lleva décadas convencido de que la Casa Blanca tiene un problema. No es China. Ni Rusia. Ni Irán. Es algo mucho más banal: le falta un salón de baile a la altura de su mansión y club privado de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.
El agravio aparece cada vez que Washington organiza una gran cena de Estado y la residencia presidencial se queda pequeña. Lo que han hecho otros presidentes sin demasiado drama es levantar una carpa en el jardín. Se viste de gala, se llenan las mesas y se finge que aquello no es una solución provisional. A Obama le sirvió. A Biden también. A Trump siempre le ha parecido una vergüenza.
En 2016, cuando aún era candidato, ofreció donar 100 millones de dólares para construir el salón que, según él, le faltaba a la Casa Blanca. La Administración Obama despachó la propuesta con sorna: no parecía muy apropiado colocar un gran cartel dorado con el apellido Trump en el complejo presidencial. La broma tenía sentido entonces.
Trump desvela cómo será su biblioteca: mucho dorado, una estatua gigante de él, un museo de aviones y ni un solo libroDiez años después, Trump ya no llama a la puerta. Está dentro y no necesita convencer a otro presidente ni esperar a que alguien acepte su oferta. Ha puesto en marcha el proyecto que llevaba años imaginando y lo ha presentado con una promesa fácil de vender: lo pagarían él y sus donantes. Ni un dólar público.
La realidad ha resultado bastante menos limpia. El salón de baile ha arrasado partes del complejo presidencial, ha abierto el debate sobre quién puede transformar la Casa Blanca, ha colocado bajo sospecha a una lista de donantes con intereses cuestionables y ha acabado envuelto en una palabra que lo cambia todo: seguridad.
A golpe de excavadora
La imagen que abrió la polémica fue impactante: una excavadora sobre el Ala Este de la Casa Blanca. Hasta entonces, el salón podía venderse como un capricho de Trump. Con las máquinas dentro del complejo más simbólico de Estados Unidos, la discusión cambió: Ya no era solo una obra de gusto discutible, sino una intervención sobre una residencia que no pertenece al presidente que la ocupa.
El Ala Este no tenía la fama del Ala Oeste ni el poder simbólico del Despacho Oval, pero tampoco era un añadido sin historia. Allí estaba la entrada de visitantes, trabajaban las primeras damas y se organizaba una parte discreta de la presidencia: recepciones, campañas públicas, protocolo e iniciativas institucionales. No era el lugar desde el que se anuncian guerras. Pero seguía siendo la Casa Blanca.
La Administración defiende que el nuevo salón resuelve una limitación real. El East Room apenas permite unos 200 invitados sentados. El proyecto de Trump multiplica esa capacidad: casi 8.400 metros cuadrados, unas 650 personas sentadas y la promesa de acercarse al millar. Pero el problema no es solo el tamaño. Es lo que se ha derribado para conseguirlo.
Por eso la batalla ha saltado del terreno estético al patrimonial. El National Trust for Historic Preservation llevó el caso a los tribunales al considerar que la Administración había avanzado sin completar revisiones federales y sin autorización del Congreso.
La Casa Blanca respondió que actuaba dentro de sus facultades. Sus críticos replicaron que el Ala Este ya había desaparecido cuando buena parte de la discusión seguía abierta. Primero las máquinas. Después los papeles.
Trump posa frente a las obras de su Salón de Baile. REUTERS/Kevin Lamarque
La lista de donantes ha abierto otro frente. La Casa Blanca la presentó como prueba de que el contribuyente no pagaría el salón, pero entre quienes financian la obra aparecen Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google, Lockheed Martin, Palantir, Coinbase o Comcast. Son compañías con contratos públicos, intereses regulatorios, pleitos o asuntos pendientes ante la Administración federal.
El salón que debía resolver un problema de protocolo empezó a parecer algo más: una obra personal sobre suelo público, financiada por actores con mucho que ganar en Washington. La Casa Blanca lo llama 'Proyecto de Modernización del Ala Este'. El nombre le da apariencia de expediente. También prepara el siguiente movimiento: lo que empezó como un salón de baile ya no se defiende solo como tal.
Un búnker bajo el salón
Ahora, la Casa Blanca no presenta la obra solo como un espacio para cenas de Estado, sino como parte de una zona de alta seguridad. Justo debajo de las lámparas de araña que decorarán la sala está el Presidential Emergency Operations Center, un búnker construido durante la Segunda Guerra Mundial para proteger el Gobierno y garantizar su continuidad en caso de ataque.
No es un sótano técnico. Es uno de los espacios más sensibles del complejo presidencial. Allí fue llevado Dick Cheney, vicepresidente de George W. Bush, después del 11-S. Allí fue trasladado también Trump durante las protestas por George Floyd, el hombre negro asesinado por un policía en Minneapolis en 2020.
Ese subsuelo le ha dado a la Casa Blanca el argumento que necesitaba. El salón deja de ser solo una sala de recepciones y queda unido al búnker, los accesos, el perímetro, los controles de visitantes y las amenazas que la Administración invoca para defender el proyecto: cristales antibalas, estructuras contra drones, filtros frente a ataques químicos y refuerzos para actos multitudinarios.
Trump ha empujado esa lectura. Ha presumido de que el Ejército construye debajo un gran complejo y de que el nuevo edificio tendrá elementos militares integrados. La sala de baile ya no es el centro de la obra. Es la parte visible. La explicación útil queda debajo: seguridad presidencial.
El contexto ayuda. Después de dos intentos de asesinato contra Trump, cualquier discusión sobre la protección del presidente parte de un terreno distinto. Un salón de baile puede sonar a exceso. Un búnker, no. Una lámpara de araña se puede discutir. Un sistema antidrones, bastante menos.
Vista aérea de las obras en la Casa Blanca. REUTERS/Kylie Cooper
Así, el proyecto cambia de categoría. Mientras se llama salón, el debate va de gusto, exceso y legado personal. Cuando se llama seguridad, entran el Servicio Secreto, el Ejército, los tribunales, el Congreso y el dinero público.
La factura pública de seguridad
Recordemos el punto de partida: Trump había prometido una obra privada. La Casa Blanca mantiene ahora que los donantes pagarán el salón y que la seguridad nacional, en cambio, sí corresponde al contribuyente. La distinción funciona bien en un comunicado. Mucho peor en una obra que nace pegada a un búnker, a un perímetro blindado y a sistemas antidrones.
Trump empezó hablando de un proyecto de unos 400 millones de dólares. Las estimaciones internas han elevado el coste a unos 600 millones y colocan más de la mitad de la factura en el lado público.
En los últimos días, la Oficina de Gestión y Presupuesto ha dado el paso más difícil de explicar: ha trasladado más de 350 millones de dólares del Servicio Secreto a "medidas de seguridad de la Casa Blanca". Es dinero de la agencia encargada de proteger al presidente. Y ahora queda vinculado al mismo complejo donde se levanta el nuevo salón.
El origen de esos fondos agrava la polémica. Proceden del paquete aprobado tras los dos intentos de asesinato contra Trump. Ese dinero se presentó como una necesidad para proteger mejor al presidente, reforzar el Servicio Secreto, contratar agentes y mejorar la tecnología de la agencia. No como una vía para financiar el Ala Este ni para levantar un salón de baile.
La Casa Blanca sostiene que no hay contradicción. Proteger el complejo presidencial, dice, forma parte de esa misma misión. No paga la gala. Paga el cristal antibalas. No paga las lámparas. Paga el perímetro. No paga el decorado. Paga la protección.
La explicación ha incomodado incluso a algunos republicanos. Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, ha pedido revisar el movimiento y ha recordado que creyó a Trump cuando prometió que el salón se financiaría solo con donaciones privadas. Thom Tillis, senador por Carolina del Norte, lo ha resumido de forma más cruda: sobre el papel, "no suena bien".
Trump no estuvo en la Sala de Crisis durante el rescate de los pilotos en Irán: "Lo mantuvieron fuera, temían su impaciencia"Los demócratas han visto un flanco evidente. Jeff Merkley, senador demócrata por Oregón, acusa a Trump de anteponer su "proyecto de vanidad" a la seguridad real del Servicio Secreto. Patty Murray, senadora demócrata por Washington y vicepresidenta del Comité de Asignaciones del Senado, habla de otra promesa incumplida.
La incomodidad llega, además, en un momento crítico: elecciones de medio mandato en el horizonte, precios altos y votantes cansados de hablar de alquileres, gasolina y comida. Defender un salón de baile siempre era difícil. Defenderlo con fondos vinculados al Servicio Secreto lo es bastante más.
Al final, el problema para Trump es el mismo que persigue a su pequeño Versalles desde el primer día: cuanto más se mezclan obra y seguridad, más difícil resulta convencer de que la factura pública se queda fuera de la fiesta.