Agentes del ICE detienen a un inmigrante a la salida de una vista judicial de inmigración. REUTERS/David 'Dee' Delgado
EEUU Trump reabre expedientes de inmigrantes ya nacionalizados para retirarles la ciudadanía incluso por faltas levesLa "desnacionalización" busca cualquier pretexto en el historial de personas que ya son estadounidenses de pleno derecho para incluirlos en los programas de deportación.
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Itziar Nodal Denver Publicada 25 mayo 2026 02:03h Las clavesLas claves Generado con IA
La ciudadanía estadounidense tiene una liturgia propia. El juramento. La bandera. El certificado. La fotografía familiar. La frase repetida por generaciones de inmigrantes: "Por fin soy americano".
Para millones de personas nacidas fuera de Estados Unidos, ese momento no era solo un trámite. Era el final del camino. Después de visados, controles, entrevistas, formularios y años de espera, la naturalización marcaba una frontera definitiva. El Estado ya no podía tratarte como extranjero.
Donald Trump quiere reabrir esa puerta.
Su Administración ha lanzado una ofensiva para retirar la ciudadanía a estadounidenses naturalizados. Se trata de personas nacidas fuera del país que ya habían jurado lealtad a EEUU, podían votar, tener pasaporte, servir en un jurado y presentarse ante el mundo como ciudadanos de pleno derecho.
Trump entra en crisis: retiene a los republicanos acérrimos pero pierde a los moderados que deciden las eleccionesEl Gobierno sostiene que algunos nunca debieron serlo. Que mintieron. Que ocultaron antecedentes. Que falsearon identidades. Que escondieron delitos o vínculos que habrían impedido su naturalización.
Sobre el papel, los primeros casos apuntaban a perfiles extremos: apoyo a grupos terroristas, crímenes de guerra, espionaje, abusos sexuales a menores o tráfico de armas.
Pero el mensaje político va más allá de esos expedientes. Trump ya no solo quiere decidir quién entra o quién se queda, también quién sigue siendo estadounidense.
La última frontera
La desnacionalización existe en la ley estadounidense, pero durante décadas fue una herramienta incómoda. Se usaba poco y casi siempre en los márgenes más duros del sistema: criminales de guerra que habían ocultado su pasado, espías, terroristas o fraudes especialmente graves.
No era una política de masas. Era una excepción. Trump quiere cambiar esa escala.
Entre 1990 y 2017, el Gobierno federal presentó algo más de 300 casos de desnacionalización, una media cercana a 11 al año. Durante el primer mandato de Trump, el ritmo subió hasta situarse entre 25 y 42 casos anuales.
Ahora, las autoridades migratorias han empujado para remitir hasta 200 posibles casos al mes a los fiscales federales, y la Justicia ha preparado a sus oficinas para una primera ola de cientos de expedientes.
El salto no es solo numérico. Es político.
La ley no permite retirar la nacionalidad a un naturalizado solo porque cometa un delito después de convertirse en ciudadano. El Gobierno tiene que demostrar ante un juez que esa ciudadanía fue obtenida de forma ilegal o mediante una mentira relevante.
Ahí está la rendija.
Puede ser una identidad falsa. Un matrimonio fraudulento. Un antecedente oculto. Una actividad criminal no declarada. Una conducta incompatible con el requisito de "buen carácter moral" exigido durante la naturalización.
Esa distinción es clave porque explica el verdadero alcance de la ofensiva. La administración no puede convertir automáticamente a cualquier ciudadano naturalizado en deportable. Pero sí puede buscar en su expediente una omisión o una grieta que permita reabrir el caso años después.
El Estado vuelve ahora sobre formularios antiguos, entrevistas cerradas, huellas tomadas hace años y casillas marcadas bajo juramento. Busca una grieta.
Del espía al delincuente común
Trump ha empezado por los casos más fáciles de justificar: criminales de guerra, espías, miembros de Al Qaeda o condenados por abusos sexuales a menores. Con esos nombres, la medida parece casi indiscutible.
Pero la orden interna del Departamento de Justicia abre un campo más amplio. El memorando pide “priorizar y perseguir al máximo” la desnacionalización e incluye también fraudes, causas penales pendientes, crímenes violentos y delitos no revelados durante el proceso de ciudadanía.
No se trata de quitar la nacionalidad por cualquier delito cometido en el pasado, sino de usar ese delito si permite sostener que la persona mintió para obtener la ciudadanía.
Una condena que no apareció en el formulario. Una causa que no se declaró. Una identidad incompleta. Un fraude que habría cambiado la decisión del Gobierno.
La pregunta es cuánto pasado puede volver a revisar el Estado cuando la obtención de la ciudadanía deja de ser punto final y se convierte en un expediente abierto.
Dos formas de ser estadounidense
La ciudadanía estadounidense no pesa igual para todos. Para quienes nacen en Estados Unidos es prácticamente irrevocable. Para quienes llegan desde fuera y se naturalizan, en cambio, esa garantía ya no parece tan blindada.
Amanda Frost, profesora de Derecho en la Universidad de Virginia y especialista en desnacionalización, ha resumido el clima con una frase especialmente directa: los ciudadanos naturalizados "nunca podrán estar tranquilos".
Por su parte, la escritora Masha Gessen, naturalizada estadounidense, ha explicado el problema desde otro ángulo. No se trata solo del número de casos, sino de la pérdida de la "asunción de permanencia".
Sin esa garantía, "los naturalizados quedan convertidos en una suerte de ciudadanos de segunda clase". La consecuencia puede ser devastadora.
Quien pierde la nacionalidad vuelve, por regla general, al estatus migratorio anterior. Si tiene condenas o causas que lo hagan expulsable, puede quedar expuesto a la deportación.
Y en los procedimientos civiles de desnacionalización no existe el mismo derecho automático a un abogado que en un proceso penal. Pero el golpe no termina en quien pierde el pasaporte.
Muchos naturalizados llevan años —a veces décadas— viviendo como estadounidenses. Han tenido hijos nacidos en EEUU, han comprado casas, han votado, han trabajado, han construido familias enteras alrededor de una realidad que creían definitiva.
Las teorías de la conspiración se vuelven contra Trump: 1 de cada 4 estadounidenses cree que el último atentado fue un montajeSi el Gobierno logra deshacerla, el país puede encontrarse con una escena ya conocida en la política migratoria de Trump, pero llevada a otro extremo: hijos estadounidenses con derecho a quedarse y padres convertidos de nuevo en extranjeros deportables.
Ahí la desnacionalización deja de ser un debate técnico. Puede partir familias que, hasta ahora, no se veían a sí mismas como familias migrantes, sino como familias estadounidenses.
La nueva frontera migratoria no está en el desierto de Arizona ni en el río Grande. Está en un archivo. En una entrevista de hace diez años. En la posibilidad de que el Gobierno vuelva sobre una vida ya hecha y diga que aquella ciudadanía nunca debió valer.