Un matrimonio venezolano, ambos en la treintena, se sienta hombro con hombro, pero casi no se mira. Ella, con semblante preocupado, manicura impecable y atuendo veraniego, habla con la voz entrecortada y se muestra visiblemente angustiada. Él —con pantalón corto, una camiseta de Louis Vuitton y un tatuaje palillero de la serpiente vikinga Jormungandr— mira al infinito mientras reposa sus manos engrilletadas sobre el regazo y masajea sus muñecas para aliviar la irritación de llevar las esposas colocadas durante toda la mañana. Cada uno de ellos se enfrenta a peticiones de 61 años de prisión por unos hechos ocurridos en un piso de Villaverde donde, según la Fiscalía, se explotaba sexualmente a mujeres venezolanas recién llegadas a España.
La acusación sostiene que los procesados formaban parte de una estructura que captaba mujeres en Venezuela, financiaba sus viajes hasta Madrid y las alojaba en una vivienda de Villaverde Bajo, donde debían ejercer la prostitución las 24 horas del día, los siete días de la semana, en condiciones de explotación para saldar deudas que, según varias testigos, oscilaban entre los 4.000 y los 6.500 euros. Las mujeres entregaban la mitad de lo que ganaban a la casa y con el resto debían afrontar la deuda, la comida y otros gastos.
Durante el juicio, varias testigos protegidas declararon por videoconferencia. Una de ellas se negó inicialmente a prestar declaración si no podía utilizar un distorsionador de voz. «Tengo mucho miedo y exijo usar el distorsionador», llegó a decir ante la sala.
Las declaraciones coincidieron en describir un piso saturado de mujeres. Una de las testigos aseguró que convivían entre 15 y 16 personas en una vivienda con dos habitaciones, salón, cocina, terraza y dos baños. «Dormía donde cayera la noche. No había espacio para dormir. Llegué a dormir hasta en el suelo de la terraza», relató.
Según las testigos, toda la actividad se coordinaba a través de un grupo de WhatsApp llamado «Las Especialistas de San Isidro». En él estaban integradas las mujeres explotadas en el piso y, según declararon varias de ellas, figuraban como administradores los dos acusados junto a otra mujer.
A través de ese chat se anunciaban clientes, horarios y normas internas. También servía para gestionar peticiones de drogas o medicamentos. Una de las mujeres explicó que cuando un cliente solicitaba sustancias se utilizaban códigos mediante emojis: «Fresa» para el tusi, un copo de nieve para la cocaína y la palabra «viagra» cuando se trataba de ese medicamento.
Las mismas testigos afirmaron que existía un doble sistema de «multas». Por un lado, la organización y las chicas llamaban «multa» a la deuda que contraían con una tercera mujer que les financiaba el viaje de Maiquetía a Barajas por cantidades que podían superar los 5.000 euros.
Por otro, también se denominaba multa a las sanciones que presuntamente aplicaban los acusados cuando las mujeres en situación de trata se negaban a cumplir sus órdenes por estar enfermas, durante la menstruación o por considerar que determinadas prácticas sexuales suponían un riesgo para su salud.
«Me obligaban a hacer sexo oral sin preservativo y si me negaba también me multaban», declaró una de ellas.
Uno de los aspectos más llamativos de la vista oral fueron las referencias al Tren de Aragua, la organización criminal nacida en Venezuela, desplegada por varios países del continente americano y que lucha por asentarse en España. Una de las testigos aseguró que la mujer acusada afirmaba tener vínculos con ese grupo. «Dijo que tenía contacto con el Tren de Aragua y que si había un problema con ella lo iban a responder», declaró. La misma mujer relató que un día varios hombres encapuchados irrumpieron en el inmueble y agredieron al marido mientras le llamaban «sapo». Después, según su versión, les retiraron los teléfonos móviles para comprobar si alguna de las residentes había informado sobre lo ocurrido.
Las declaraciones también situaron cámaras de videovigilancia en distintas zonas de la vivienda. Varias mujeres sostuvieron que la acusada las observaba a través de ellas e incluso se dirigía a las residentes aprovechando la megafonía del sistema de vigilancia. «Siempre estaba pendiente de las cámaras o veía grabaciones repetidas», señaló una de las testigos. Otra afirmó que las conversaciones privadas podían ser escuchadas.
Los acusados negaron los delitos. Ella aseguró que únicamente se encargaba de la publicidad relacionada con el lupanar, sostuvo que el dinero recibido de las víctimas de trata correspondía a préstamos personales y que durante el tiempo en que sucedieron algunos de los hechos se encontraba de viaje en Estados Unidos. Mientras tanto, el marido afirmó que trabajaba como conductor y que su función consistía básicamente en recoger a mujeres en el aeropuerto o trasladarlas a servicios externos por indicación de otras personas. Ambos reconocieron el consumo de tusi, cocaína y marihuana para tratar de explicar la presencia de drogas.
Sus defensas intentaron desacreditar los testimonios y cuestionaron especialmente la participación directa de los procesados en algunos episodios relatados por las víctimas. También solicitaron la nulidad de determinadas conversaciones de WhatsApp incorporadas a la causa al considerar que el acceso al teléfono móvil del marido se produjo de forma irregular, ya que los investigadores podrían haber accedido al dispositivo al observar a hurtadillas el patrón de desbloqueo mientras este buscaba el número de su abogado.