Una pareja cena a oscuras durante el Gran Apagón. EFE
Editorial EL RUGIDO DE EL ESPAÑOL Un año después del Gran Apagón, los españoles siguen en las tinieblas Publicada 26 abril 2026 02:25hSe cumple un año del mayor apagón de la historia de la España moderna. De un colapso energético que sumió a España en la oscuridad y costó entre cinco y ocho vidas.
Y un año después, la maraña burocrática y el blindaje político siguen impidiendo que la ciudadanía conozca quiénes fueron los responsables reales de una gestión temeraria.
El 28 de abril de 2025, a las 12:33 h, el sistema eléctrico español sufrió un síncope que no fue sólo técnico, sino institucional. Aquella mañana, lo que comenzó como una cascada de sobretensión en el sur de España terminó por desconectar a cincuenta millones de personas de la red básica de suministros. El apagón afectó a toda la península ibérica: la España peninsular, el Portugal continental, Andorra y parte del sur de Francia.
Un año después, el balance de daños es desolador: entre cinco y ocho fallecidos confirmados por los servicios de emergencias (víctimas de la fragilidad de un sistema que se creía infalible), pérdidas económicas superiores a los 4.500 millones de euros (aunque luego el Gobierno lo redujo a "sólo" 800 millones) y, sobre todo, una alarmante ausencia de asunción de responsabilidades políticas.
El análisis de los hechos ocurridos en estos doce meses revela una estrategia de comunicación política diseñada para la elusión. El Gobierno de Pedro Sánchez, que ha hecho de la transición energética una de sus principales banderas ideológicas, parece haber confundido la ambición climática con la imprudencia operativa.
No es posible disociar el apagón de la situación de la red en los días previos. El 21 de abril, una semana antes del colapso, el Ministerio para la Transición Ecológica celebró con triunfalismo un récord histórico: la generación renovable había cubierto el 84,1% de la demanda instantánea.
Lo que se omitió en aquel momento, y lo que los informes periciales independientes han subrayado desde entonces, es que esa cifra se alcanzó a costa de reducir al mínimo los mecanismos de inercia síncrona que aportan las centrales nucleares y de ciclo combinado.
La física de la red eléctrica es ajena a los deseos del Ejecutivo. Operar un sistema nacional con márgenes tan estrechos de respaldo firme es un experimento de alto riesgo que aquel 28 de abril demostró sus carencias.
Al producirse la avería en la interconexión con Francia, el sistema español, "vaciado" de su inercia tradicional para favorecer el relato del récord verde, fue incapaz de absorber el choque. El resultado fue una caída de la frecuencia por debajo de los 50 Hz habituales, un umbral que activó un efecto dominó que ni los técnicos de Red Eléctrica (REE) ni los sistemas automáticos pudieron detener.
Los informes dicen que se perdieron 15 GW (el 60% de la producción) en segundos, y que los sistemas de protección y deslastre no pudieron detener la cascada.
Es en este punto donde la responsabilidad política se vuelve ineludible.
Sin embargo, el Gobierno ha optado por la técnica de la "patada adelante". En lugar de una investigación independiente y transparente, el país ha asistido a un espectáculo de dispersión de culpas.
Primero se señaló a la empresa proveedora de software por un fallo en los algoritmos de deslastre de carga; luego se ha elevado la tensión diplomática con París, acusando al operador galo RTE de insolidaridad energética.
Mientras tanto, la verdadera raíz del problema (la decisión política de acelerar el desmantelamiento de las energías de base sin tener garantizada la tecnología de almacenamiento masivo) permanece oculta bajo una densa tela de araña administrativa.
La creación de la Comisión Especial de Investigación en el Congreso nació ya herida de muerte por el sectarismo partidista. Las comparecencias de los altos cargos de Red Eléctrica y del Ministerio han sido un ejercicio de equilibrismo retórico para evitar el reconocimiento de una realidad incómoda: el sistema se forzó más allá de sus capacidades técnicas por una cuestión de imagen internacional.
El hecho de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tardara casi un año en emitir su Informe de recomendaciones y medidas propuestas a raíz del incidente eléctrico del 28 de abril de 2025es una muestra fehaciente de la lentitud institucional que beneficia al poder. El informe, además, es básicamente un documento de recomendaciones, no un informe sancionador ni de atribución de culpas.
Posteriormente (el 17 de abril de 2026 y fechas posteriores), la CNMC abrió treinta y cinco expedientes sancionadores a varias empresas (Endesa, Naturgy, Iberdrola, Red Eléctrica, Repsol, etcétera) por indicios de incumplimientos normativos detectados durante la investigación. Pero estos expedientes son independientes y aún están en tramitación, un proceso que podría durar entre nueve y dieciocho meses.
Aunque más allá del debate técnico, la dimensión humana del apagón exige respeto y justicia.
Las muertes contabilizadas (ancianos que dependían de asistencia mecánica en sus hogares y víctimas de accidentes viales provocados por la caída súbita de la infraestructura urbana) son el testimonio más trágico de esta negligencia.
Que un año después ninguna cabeza política haya rodado por estas pérdidas constituye una anomalía en cualquier democracia liberal madura.
En un sistema basado en el principio de responsabilidad, el gestor que lleva al límite una infraestructura crítica por un beneficio electoral debe rendir cuentas ante la ley y ante los ciudadanos.
Hoy seguimos sin saber quién fue el responsable último. El Ejecutivo ha logrado enmarañar la búsqueda de culpables en un laberinto de informes periciales contradictorios y recursos ante la Audiencia Nacional. La transparencia ha sido sacrificada en el altar de la supervivencia política. No se trata sólo de que las luces se apagaran; se trata de que, tras la oscuridad, el Gobierno ha echado el cierre a la rendición de cuentas.
España verá este martes cómo el aniversario del Gran Apagón se convierte simplemente en una fecha de recuerdo melancólico. Pero debería ser una exigencia de claridad y de responsabilidad.
Una transición energética racional y segura es un objetivo loable y necesario, pero no puede construirse sobre los escombros de la seguridad nacional y la impunidad política. La libertad de los ciudadanos depende, en última instancia, de la fiabilidad de las instituciones que gestionan sus recursos vitales.
Un año después, lo único que tienen claro los españoles es que, a tenor del desinterés del Gobierno por aclarar las verdaderas causas del Gran Apagón y su aparente incapacidad para determinar por qué ocurrió y quién fue el responsable político, este podría repetirse en cualquier momento.