Desde que el Gobierno de Sánchez pactó con el PNV el traspaso de la gestión de las prisiones al Ejecutivo vasco en octubre de 2021, el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario se ha convertido en la vía de semilibertad que ha permitido adelantar la salida real de presos de ETA, facilitando que abandonen a diario los centros penitenciarios y, en algunos casos, permitiendo incluso que pasen el fin de semana en su domicilio como antesala del tercer grado.
Los datos oficiales del Departamento de Justicia, actualmente en manos del PSE, dibujan una tendencia clara. De cada diez veces que la administración vasca ha activado este mecanismo de flexibilización, casi nueve han beneficiado a un preso de ETA. Así se recoge en la respuesta remitida en mayo de 2025 al parlamentario del PP Santiago López, donde se detalla que el 85% de las resoluciones dictadas en aplicación del 100.2 desde que Euskadi asumió las competencias penitenciarias, han recaído sobre miembros de la banda. En términos absolutos, de las 35 decisiones adoptadas en ese periodo, 30 correspondieron a condenados por terrorismo y solo cinco a internos por otros delitos.
Para las asociaciones de víctimas, esa proporción va mucho más allá de una estadística. «Es una política penitenciaria encaminada a vaciar las cárceles y más preocupada por sacar a etarras que por brindar justicia a las víctimas», sostiene la jurista de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Carmen Ladrón de Guevara.
En esa línea, defiende que este régimen flexible funciona en la práctica como un «tercer grado encubierto». Recuerda que la figura está prevista en el ordenamiento jurídico y no se limita a presos de ETA, pero subraya que nació como una medida excepcional, pensada para supuestos muy concretos -como tratamientos médicos- y que con el tiempo «se ha generalizado» hasta desembocar en la situación actual.
Según las últimas cifras que maneja la AVT, en la actualidad permanecen en prisión 125 etarras, 121 bajo competencia del Gobierno vasco y cuatro en Navarra. El documento oficial remitido en mayo de 2025 situaba en 16 los presos de ETA que en ese momento disfrutaban del 100.2, aunque esa fotografía ha quedado superada por las últimas decisiones penitenciarias. Entre ellas, la progresión de históricos como Garikoitz Aspiazu, Txeroki, o la concesión del tercer grado al ex miembro de ETA Asier Arzalluz, participante en el asesinato del colaborador de EL MUNDO José Luis López de Lacalle.
La sucesión de estos movimientos, que va modificando de forma constante el mapa penitenciario, llevó ayer al Grupo Popular Vasco a registrar una nueva solicitud de información en el Parlamento para exigir una «actualización completa» de los datos. En su escrito apela a la «máxima sensibilidad pública» de esta materia y reclama que el Gobierno vasco facilite cifras actualizadas a la fecha de contestación, prevista para febrero o marzo, con el suficiente nivel de detalle como para poder controlar de manera eficaz la aplicación del 100.2 y los terceros grados concedidos a condenados por terrorismo.
Desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite) apuntan directamente a la «falta de transparencia» y recuerdan que la propia consejera de Justicia, María Jesús San José, prometió el pasado noviembre reforzar la información que se facilita a las víctimas sobre los movimientos penitenciarios de los presos de ETA.
Para las víctimas, esos datos «forman parte de su derecho a la información». Sin embargo, sostienen que siguen sin conocer con detalle los beneficios concedidos ni la situación actual de los condenados por terrorismo bajo competencia vasca. A su juicio, el debate ya no gira en torno a un nombre propio o un caso específico, sino al rumbo de una política penitenciaria que, cinco años después del traspaso, sigue condicionando la discusión sobre el cumplimiento efectivo de las penas por terrorismo en España.