Fotomontaje con los rostros de Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández.
Tribunales Un ex de Sepides avaló la oferta "anormalmente baja" de una empresa que pagó supuestas comisiones a la 'trama Leire'El juez señaló que la red de Leire Díez, "a través del presidente de la mesa de contratación", logró una comisión de 400.000 euros por un presunto amaño.
Más información: Leire, Antxon y Fernández buscaban "el máximo beneficio con el cobro de comisiones" por "influir" en expedientes públicos
Javier Corbacho Publicada 15 diciembre 2025 19:20h Actualizada 15 diciembre 2025 19:27hLas claves nuevo Generado con IA
Fernando Albert Aragón, ex alto cargo de Sepides, avaló en 2021 una oferta "anormalmente baja" de 2,8 millones de euros presentada por la UTE Erri Berri y Afesa para desmantelar una planta de residuos en Avilés.
La Audiencia Nacional investiga si esta adjudicación estuvo amañada mediante el pago de supuestas comisiones ilegales de 400.000 euros relacionadas con la llamada 'trama Leire'.
El juez señala que la presunta organización criminal, vinculada a Leire Díez, habría influido para beneficiar a Erri Berri en el proceso de adjudicación.
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales rechazó el recurso presentado por una de las empresas no adjudicatarias, que alegaba una incorrecta valoración de la oferta ganadora.
En 2021, Fernando Albert Aragón, cuando era alto cargo del Sepides (empresa pública perteneciente al Grupo Sepi), avaló la "anormalmente baja" oferta de una empresa que concurrió a una adjudicación pública; una licitación que ahora investiga la Audiencia Nacional por el supuesto pago de comisiones ilegales para amañarla.
Antonio Piña, el juez que dejó el pasado sábado en libertad a Leire Díez —la llamada fontanera del PSOE que formó parte del grupo que, presuntamente, cobró estas mordidas—, enumeró en una resolución judicial los cinco supuestos amaños que investiga.
Uno de ellos es el contrato concedido por el Parque Empresarial Principado de Asturias SME, una entidad pública, a la UTE (unión temporal de empresas) conformada por las compañías privadas Erri Berri y Afesa. El objeto de la licitación era el desmantelamiento de una planta de residuos en Avilés.
Las ofertas presentadas. La de Erri Berri, de sólo 2,8 millones.
Esta UTE presentó una oferta por valor de 2,8 millones de euros, considerada "anormalmente baja" en comparación con las de las otras licitadoras (de más de seis millones). Por ello, tuvo que justificar documentalmente la cuantía de su oferta y varios técnicos elaboraron un informe al respecto.
Piña, en su resolución, indicó que la supuesta organización criminal de la que formaba parte Leire Díez, "indiciariamente, a través del presidente de la mesa de contratación, habría tenido la oportunidad de beneficiar a la mercantil Erri Berri en el proceso de adjudicación del contrato aludido".
Aunque no lo menciona con nombre y apellidos —la causa sigue bajo secreto de sumario—, el juez se refiere a Fernando Albert Aragón. Era él el presidente de la mesa de contratación, según la documentación consultada por este diario. Además, Piña sí menciona el valor de contrato: unos 2,8 millones de euros.
Presuntamente, Erri Berri habría pagado "un importe total de 400.000 euros", a modo de comisión, para lograr el supuesto amaño.
De hecho, al grupo de Leire Díez también pertenecía otro de los investigados, Vicente Fernández, expresidente, precisamente, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), de la que es filial Sepides (Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial).
EL ESPAÑOL ha tenido acceso a las actas de la reunión de la mesa de contratación, presidida por Aragón, quien avaló, junto al resto de miembros del órgano, la oferta de Erri Berri y Afesa. Finalmente, esta UTE ganó el concurso.
La conformada por las empresas Lezama-Los Álamos, una de las que no resultaron adjudicatarias, recurrió esta concesión. Para ello, alegó "una incorrecta valoración de la justificación de la oferta de la adjudicataria". Pero su petición fue rechazado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Este periódico se ha puesto en contacto con Sepides, que se remite a la documentación, recogida en el Portal de Contratación, sobre este contrato y reitera su "máxima colaboración" con la Justicia.
El juez Piña, de hecho, ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudir a la sede de esta empresa pública a requerir información.
Aragón, hombre de Montero
El currículum de Fernando Albert Aragón incluye su paso por la Junta de Andalucía. De hecho, está vinculado a María Jesús Montero, la antigua consejera de Hacienda autonómica que ahora es ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno. Fue ella quien trasladó a Aragón desde Andalucía a Sepides.
Antes, desde 2018, este cargo había ocupado el puesto de letrado jefe del Servicio Jurídico provincial en Almería de la Junta de Andalucía.
Ya con Montero en el Gobierno, se convertiría en secretario general, director de Asesoría Jurídica y secretario del Consejo de Sepides.
Vicente Fernández, expresidente de la Sepi, también era uno de los hombres de Montero. La hoy ministra avaló personalmente su nombramiento al frente de la empresa pública, que acabaría abandonando en otoño de 2019, al comenzar a ser investigado en otra causa judicial (el conocido como caso Aznalcóllar).
Año y medio después, en 2021, fue fichado por la constructora Servinabar 2000 SL, propiedad del tercero de los investigados por la Audiencia Nacional, el empresario navarro Antxon Alonso, amigo y socio de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y de quien Leire Díez se presentaba como su "mano derecha".