La escena arranca en sala: un ganadero explica cómo vendió cientos de cabezas de ganado que nunca le fueron abonadas. Un impago por el que, durante un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, un total de acusados reclama un total de 15 años de cárcel y 130.000 euros a tres trabajadores -uno de ellos en rebeldía- con los que negoció la venta y a dos empresas del sector cárnico ya quebradas, a cuyos representantes comerciales llegó a acusar de actuar de «incógnito».
«Me ha engañado como a un crío», repitió el denunciante, visiblemente alterado, tratando de explicar (con interrupciones de sus familiares, que se encontraban entre el público y a los que la presidenta del tribunal llegó a amenazar con echar de la sala por interferir durante el testimonio) cómo empezó a vender terneros y cerdos bajo la cobertura de una empresa conocida (Fuentesval) y terminó facturando a otra (Carnes Hergon), que poco después acabaría quebrando.
El ganadero aseguró que conoció a uno de los acusados (al que se refería por un apodo), que trabajó para las dos sociedades involucradas. «Yo los terneros los vendo a Fuentesval», dijo. Según su versión, fue este acusado quien le propuso operar mediante otra sociedad (Hergón), con la garantía de que «no habría ningún problema».
Las operaciones comenzaron en marzo de 2020 con la venta de 38 terneros y continuaron después con varias partidas de porcino hasta las 300 cabezas de ganado. El sistema de pago, inicialmente previsto al contado o a pocos días, pasó a realizarse mediante pagarés con vencimientos cada vez más largos. «Empezaron cortos y luego a alargar», indicó un administrativo que participó como testigo. Parte de esos pagarés resultó impagada, según la denuncia.
Lejos de una conspiración, los testigos reflejaron las quejas del ganadero como parte del funcionamiento usual en el mercado mayorista: animales sacrificados a nombre de una empresa, encargos tramitados por otra y pagos que puede asumir una tercera. «Tratábamos tanto para Hergón como para Fuentesval con la misma persona», explicó un trabajador del matadero.
La acusación particular sostiene que ese esquema encubrió una «estafa agravada» y afirma que los acusados actuaron cuando Hergón ya se encontraba en «situación de impotencia patrimonial». «No había intención de pagar», defendió el letrado del denunciante, que invocó la doctrina Murray [que determina que el silencio del acusado puede valorarse como un elemento capaz de reforzar las pruebas ya existentes] para argumentar la existencia de un ardid previo.
La Fiscalía, por su parte, considera que se trata de un incumplimiento contractual en el contexto de la crisis económica derivada de la pandemia y solicita la absolución. «Aquí lo que vemos es una situación de pandemia que afectó al resto de las empresas», señaló el Ministerio Público. Además, subrayó que el denunciante continuó vendiendo animales tras los primeros impagos. «Una persona estafada no hubiera seguido manteniendo el contacto», apuntó.
Las defensas coinciden en esa interpretación y encuadran el caso en una cadena de deudas entre sociedades. Sostienen que uno de los imputados, que pasó de Fuentesval a Hergón, actuaba como comercial y que en Mercamadrid es habitual la intermediación y colaboración entre empresas que se dedican al mismo sector de la alimentación sin que ello signifique un fraude.
Paradójicamente, pese a nunca haber cobrado por sus vacas y cerdos, la del denunciante es la única empresa implicada en este proceso que no entró en concurso de acreedores tras la venta de los animales.