El juez del caso Avales ha reactivado la causa abierta por las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a la empresa sevillana Pickman S.A. y ha puesto bajo el foco de su indagación un acuerdo adoptado el 13 de diciembre de 2005 por el Consejo de Gobierno, que presidía entonces el socialista Manuel Chaves y del que formaba parte como consejera de Sanidad María Jesús Montero, hoy candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta para las elecciones del próximo 17 de mayo.
El juez José Ignacio Vilaplana ha librado un oficio dirigido a la actual Consejería de Presidencia a fin de que, "a la mayor brevedad posible", facilite a este órgano judicial, "con carácter de URGENCIA" (en mayúsculas en el original), toda la documentación del expediente íntegro y completo (núm. 660/2005) relativo al Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de fecha 13 de diciembre de 2005, por el que se ratifica el acuerdo adoptado por el Consejo Rector de la Agencia IDEA, de fecha 21 de noviembre de 2005, en cuya virtud se autoriza la concesión de un aval, por importe de 1.300.000 euros, a la empresa Pickman, S.A.
En el auto en poder de EL MUNDO que acaba de ser notificado a las partes, el magistrado exige toda la documentación que obre en los archivos de la Junta -físicos, digitales o virtuales-, "sin discriminar si todos o algunos de los documentos pertenecen en sentido estricto o no a un expediente administrativo, debiéndose incluir así notas manuscritas, posits, papeles de trabajo, correos electrónicos de preparación, de tramitación, borradores, memorandums, etc.)".
María Jesús Montero formaba parte en aquellas fechas del Consejo de Gobierno que aprobó aquella ayuda investigada por la Justicia. De hecho, fue nombrada consejera de Sanidad y Consumo el 25 de abril de 2004, cargo que desempeñó de forma continuada también con el presidente José Antonio Griñán y hasta septiembre de 2013, cuando fue nombrada consejera de Hacienda bajo la presidencia de Susana Díaz.
En la diligencia remitida por el juez Vilaplana se expresa que las ayudas que la Junta concedió a Pickman La Cartuja de Sevilla, en particular, la concedida bajo la apariencia formal de un aval "propio" o "excepcional" por importe de 1.300.000 euros, se habrían aprobado "sin observancia y en contradicción con las previsiones que para el otorgamiento de subvenciones o ayudas públicas".
El gobierno socialista de la época habría utilizado de manera "ilícita" la figura de los avales públicos, como "medio para hacer llegar fondos públicos a ciertas empresas, de manera absolutamente arbitraria e injusta", detalla el juez instructor, quien recuerda que algunas empresas beneficiarias de avales también recibieron ayudas sociolaborales de los ERE.
En el caso de Pickman, de las pesquisas que ya ha realizado el juzgado, se "podría deducir" que en la concesión de los avales habrían mediado razones, "no de legalidad, sino de arbitrario voluntarismo". Además, no hay "razones técnicas que permitieran, desde una perspectiva jurídica y financiera, justificar" la concesión de las mismas. Los avales y las ayudas de los ERE a la misma empresa suponen una "ilícita y progresiva inyección continuada" de fondos públicos en favor de esta sociedad, "conculcando la legalidad vigente", remarca el juez.
Para colmo, no hubo una "efectiva valoración" sobre la efectividad de las garantías prestadas por esta empresa. Más bien al contrario, había "evidencias" de la imposibilidad de recuperar los fondos públicos, dada la situación de crisis económica por la que atravesaba Pickman La Cartuja. Por lo tanto, hubo una "irregular administración de fondos públicos, con el consiguiente menoscabo los mismos".
El juez está investigando si se cometieron delitos de prevaricación administrativa y malversación, en relación con la "ilícita" concesión de avales a esta empresa de Sevilla. En esta causa figuran como investigadas más de una veintena de personas entre las que figura el ex consejero de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo, que ya fue condenado en la causa principal de los ERE.