El juzgado ha impuesto al adolescente, que ha reconocido los hechos, la medida de 18 meses de libertad vigilada y la obligación de asistir a cursos de educación afectivo-sexual
Regala esta noticia Añádenos en Google Imagen de archivo de la entrada al Juzgado de Menores, situado en la Ciudad de la Justicia de Málaga. (SUR) 29/05/2026 Actualizado a las 12:43h.Un menor ha sido condenado por agredir sexualmente a una compañera en el instituto en el que ambos estudiaban, en Málaga capital. El Tribunal de ... Instancia de Málaga, a través de su Sección de Menores (Plaza Uno), le ha impuesto una medida de libertad vigilada y la obligación de someterse a programas de reeducación afectivo-sexual después de que el adolescente reconociera formalmente los hechos.
Pese a la negativa de ella, el menor continuó con la acción sin su consentimiento. Ambos se separaron momentáneamente tras escuchar un ruido en el pasillo y se dirigieron a los servicios ubicados en el rellano de esa misma planta. No obstante, al volver a coincidir poco después, el procesado reanudó la agresión contra la voluntad de la víctima.
El fallo judicial detalla la situación de vulnerabilidad en la que se encontró la afectada, quien intentó escapar de forma activa sin conseguirlo en un primer momento debido a la diferencia de estatura y fuerza física del agresor, que la retuvo hasta que, finalmente, la joven logró zafarse.
Durante la comparecencia en el tribunal, el menor admitió la autoría de los hechos y prestó su conformidad a la propuesta del Ministerio Fiscal, a la que se adhirió la acusación particular, ejercida por el letrado Andrés Pérez Plaza. De este modo, el fallo le impone un periodo de 18 meses de libertad vigilada en los que estará obligado a cursar talleres específicos de educación afectivo-sexual, además de programas enfocados a la prevención de conductas de riesgo.
Asimismo, como medida de protección para la víctima, la resolución establece la prohibición absoluta de que el condenado se comunique con ella por cualquier canal o medio, así como la obligación de mantener una distancia mínima de 500 metros respecto a la menor durante los próximos tres años. El fallo judicial también contempla la obligación de indemnizar económicamente a la perjudicada en concepto de responsabilidad civil por los daños morales causados.
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