Una agente de la Guardia Civil, imagen de archivo. Guardia Civil
Comunitat TRIBUNALES Un teniente coronel de la Guardia Civil, procesado por seis delitos de corrupción por el desvío de fondos públicosLa jueza concluye que "existía una supuesta red de corrupción sistémica" liderada por el investigado y aprecia "indicios racionales de criminalidad".
Más información: Asuntos Internos de la Guardia Civil concluye que un teniente coronel desvió fondos públicos para obras en sus viviendas
Leer en CastellanoRaquel Granell Valencia Publicada 21 julio 2026 13:43h Actualizada 21 julio 2026 13:56hEl exjefe de la Unidad de Gestión Económica de la Guardia Civil en Valencia, Miguel Ángel E. T., procesado por haber creado en su propio beneficio "una red de empresarios y sociedades a través de las que pudo manipular la obra pública" del Instituto armado.
En total, habría desviado más de 130.000 euros de fondos públicos, por lo que la titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia aprecia hasta seis delitos por corrupción: malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y grupo criminal.
Según se desprende del auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, dictado este lunes 20 de julio, "existía una supuesta red de corrupción sistémica liderada por el procesado para enriquecer su patrimonio inmobiliario en la localidad de Siete Aguas (Valencia)".
La UCO apunta a que una ex alto cargo de Defensa del PSOE intervino en una operación urbanística de AzudEntre los encausados se encuentran, además, la esposa del teniente coronel, José Ángel M. M., (guardia civil de la UGE de la VI Zona de la Guardia Civil) y otras 11 personas, de los que considera "indicios racionales de criminalidad".
Miguel Ángel E. T.utilizaba su cargo en la UGE para adjudicar contratos públicos a empresas que costeaban las reformas y el equipamiento de sus viviendas privadas, señala el escrito.
El investigado permitió y validó la adjudicación reiterada de contratos a empresas vinculadas a Carlos Gómez Meri, el fraccionamiento indebido de facturación para eludir controles administrativos, la emisión de facturas con importes notablemente superiores al valor real de los trabajos ejecutados y la inclusión de partidas no realizadas o sobredimensionadas.
La jueza afirma que las evidencias revelan "una falta de trazabilidad financiera en las compras de los inmuebles y un uso recurrente de dinero en efectivo de origen desconocido".
Además, indica que "existe una discrepancia masiva entre los costes reales de las obras y los importes declarados, confirmando el aprovechamiento ilícito de recursos públicos".
La magistrada alude al informe pericial elaborado por la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) como uno de los principales elementos incriminatorios.
El documento valora el conjunto de las obras y del equipamiento instalado en 104.505,35 euros (IVA no incluido), mientras la facturación acreditada por la constructora para la primera vivienda solo ascendía aproximadamente a 15.919 euros (IVA no incluido).
Además, la AVAF cuantificó sobrecostes de hasta un 188,15% en determinadas actuaciones.
El informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil, presentado el 13 de febrero de 2026, reflejó el análisis comparativo entre presupuestos iniciales, facturación emitida y valoración pericial, y concluyó la existencia de un "perjuicio económico real para la Administración Pública".
Facturación fraudulenta
De un lado, el teniente coronel Miguel Ángel E.T., poseía el control discrecional de la adjudicación y la validación de obras, que actuaba simultáneamente como gestor de los fondos y beneficiario de los mismos.
De otro, estaba Carlos G., un empresario que a su vez tenía un subcontratistay mercantiles instrumentales que servían para la facturación fraudulenta.
Todos ellos, como remarcó la Guardia Civil, diseñaron un flujo de trabajo para vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público.
El teniente coronel encomendaba directamente las obras al empresario. Mientras, el subcontratista confeccionaba presupuestos que eran revisados antes de ser formalizados, de tal forma que el teniente coronel validaría las cantidades para asegurar el encaje presupuestario y el beneficio personal.
Investigación
Esta causa se inició en marzo de 2022, cuando el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la comandancia de la Guardia Civil de Valencia transfirió las diligencias al Servicio de Asuntos Internos al identificar indicios sólidos de corrupción interna.
En abril de ese mismo año se dio cuenta a la Fiscalía de los hallazgos relativos a una red de manipulación en la contratación pública.
La Fiscalía Anticorrupción inició entonces una investigación para desarticular la estructura de connivencia entre el teniente coronel investigado y un empresario.
El éxito de la operativa delictiva, indicó la Guardia Civil, se sustentó en la posición jerárquica del oficial investigado y su vinculación personal con el contratista adjudicatario, "lo que permitió anular los controles administrativos internos".