El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado un severo revés al Ministerio del Interior por relegar a un alto comisario de la Policía Nacional como represalia a su postura sobre la actuación durante la publicación de la sentencia del procés en Cataluña en octubre de 2019. A través de una sentencia a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el Alto tribunal autonómico avala al comisario principal Tomás González de la Oliva, que fue apartado de la jefatura de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) cuando su parecer sobre el operativo desplegado en Barcelona el 1-O colisionó con la de José Ángel Jiménez, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, máximo mando del Cuerpo. Este último es un cargo de confianza elegido por Grande-Marlaska.
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid concluye que la Dirección General de la Policía le ha perjudicado. «Ha cercenado su derecho a la carrera horizontal» y que González de la Oliva, dice, «tiene que soportar injusta e ilegalmente permanecer sine die en un puesto de trabajo» inferior a su cualificación. Condena a la Dirección General, de la que dice que «incurre en una palmaria irregularidad», a restablecerlo en su categoría profesional de comisario principal, la más elevada que hay dentro del Cuerpo.
Tomás González de la Oliva en 2021.JAVI MARTÍNEZEl conflicto que dio origen a la intervención judicial se produjo a raíz de los incidentes de Barcelona en otoño de 2019 tras hacerse público el fallo que condenaba a los líderes independentistas por la consulta ilegal. La habitual «sintonía» entre el DAO y el jefe de la UDEV Central se cortó. Fue en una reunión que mantuvo José Ángel Jiménez con varios representantes sindicales, entre los que se encontraba González de la Oliva que, en ese momento, representaba a los miembros de la Escala Superior de la Policía Nacional y que además era miembro del Consejo de Policía.
Fuentes de toda solvencia presentes en aquel encuentro revelan que el DAO comunicó su intención de cesar al jefe de las Unidades de Intervención -los antidisturbios-, el también comisario principal Miguel Iguzquiza, porque no estaba contento con su gestión en las cargas policiales registradas en Cataluña.
Tras este anuncio, González de la Oliva le advirtió que su organización sindical no podía consentir tal decisión y le recordó, indican las mismas fuentes, que él estuvo presente en todas las decisiones en compañía del Comisario general de Seguridad Ciudadana y del Jefe Superior de Cataluña.
«En esa reunión, se acuerda que Miguel Iguzquiza va a ser destinado como Consejero de Interior, como él quería, en la embajada de Roma o Moscú», especifican. El 20 de septiembre de 2021, Interior cesa a González de la Oliva y lo nombra coordinador zonal III de la Jefatura Superior de Madrid, puesto en el que continúa. El nuevo destino está fuera de la capital a pesar de que contravenía el artículo 6 del Reglamento y Funcionamiento Interno del Consejo de la Policía que establece que sus miembros «no pueden ser trasladados durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato».
A juicio del comisario, la permanencia en el nuevo destino interrumpía su progresión en el Cuerpo -está asignado como un nivel 28 cuando el nivel correspondiente a los comisarios principales es el 29-, motivo por el que solicitó la vacante de jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría General de Policía Judicial. Se daba la circunstancia de que esta plaza no estaba ocupada por un comisario principal, requisito imprescindible. Solicitó que se le adjudicara. Interior le denegó el puesto.
Todas las grandes unidades de investigación de la Comisaría General de Policía Judicial están reservadas para ser dirigidas por comisarios principales y tienen asignados niveles 29 y 30. El 28 de marzo de 2023, González de la Oliva solicitó la convocatoria de todas las plazas vacantes nivel 29 de Madrid pero su solicitud se denegó.
Fuentes policiales aseguran que se ha implantado un sistema para cubrir las jefaturas de estas unidades con policías «leales» y que se ejecuta a través de comisiones de servicio. El comisario agraviado por el Ministerio del Interior lleva más de cuatro años en comisión de servicios, ocupando una plaza, aseguran las fuentes consultadas, «a la que han vaciado de contenido para hostigarle, desacreditarle y provocarle un vacío, que se agrava con cada proceder discrecional de los responsables de la Dirección General de la Policía».
«Después de cada concurso de vacantes que se resuelve y no se le asigna ninguna de las plazas que solicita, se le condena al ostracismo y se provoca un retroceso en su trayectoria profesional injustificable e irreversible». La sentencia, que es firme, lo apoya. «Se le mantiene en contra de su voluntad en un puesto de nivel 28 en comisión de servicios desde 2021, habiéndose superado con creces el tiempo máximo para esta forma de cobertura a pesar de poder acceder como titular a cualquiera de las numerosas vacantes con nivel 29 si se convocaran».