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Un tribunal de La Haya ordena el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Holanda por impagos de las renovables

Un tribunal de La Haya ordena el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Holanda por impagos de las renovables
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Holanda indica que España fue formalmente informada el pasado 20 de abril sin que se efectuara el pago de la indemnización correspondiente. Más información: El fondo que quiere embargar el Instituto Cervantes piden que se rebaje la calificación de la deuda española

La sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Holanda). E. E.

Observatorio de la Energía Un tribunal de La Haya ordena el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Holanda por impagos de las renovables

Holanda indica que España fue formalmente informada el pasado 20 de abril sin que se efectuara el pago de la indemnización correspondiente.

Más información:El fondo que quiere embargar el Instituto Cervantes piden que se rebaje la calificación de la deuda española

E. Lavilla Agencias Publicada 28 abril 2026 08:55h Actualizada 28 abril 2026 08:56h Las claves

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El Tribunal de Distrito de La Haya ha decretado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Holanda), tras haber autorizado el pasado 19 de marzo la ejecución en ese país de los laudos arbitrales por el cambio en 2013 de la normativa de retribución de energías renovables.

El inmueble, valorado en unos 10 millones de euros y registrado a nombre del Instituto Español de Emigración, será vendido en presencia de un notario, según el escrito de los letrados encargados de registrar el embargo y fechado el pasado 24 de abril.

El litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.

El fondo que quiere embargar el Instituto Cervantes piden que se rebaje la calificación de la deuda española

Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.

Reacción del Ministerio

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han señalado a Efe que, sin perjuicio de la actuación que pueda emprender el Ministerio de Justicia holandés con relación al embargo preventivo de la sede del Instituto Cervantes, España se opondrá y litigará, defendiendo los intereses nacionales del país, como sucede habitualmente.

Los inversores extranjeros en materia de energías renovables denunciaron a España en cortes de arbitraje internacional por la reforma normativa del anterior Gobierno del PP en el año 2013, añade la misma fuente.

En total, reclamaban un total de 10.635 millones de euros, pero España ya ha conseguido reducir ese importe en un 85% y sigue litigando en distintas instancias nacionales e internacionales, explican desde Transición Ecológica.

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El documento de los abogados holandeses indica que España fue formalmente informada el pasado 20 de abril sin que se efectuara el pago de la indemnización, de ahí que se haya autorizado el embargo preventivo del inmueble.

El laudo ejecutado corresponde a la reclamación del fondo Blasket Renewable Investment, en un procedimiento que deriva del caso de Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota.

El inmueble, situado en el centro histórico de Utrecht, tiene un valor de mercado cercano a los 10 millones de euros.

Fuentes cercanas a los fondos acreedores destacan que el edificio no constituye un órgano indispensable para la acción diplomática española, al tratarse de un ente cultural que también alberga eventos y conferencias, de modo que un eventual recurso que alegue inmunidad soberana tendrá escaso recorrido.

En Estados Unidos, siete de las empresas acreedoras han derrotado a España, de tal manera que los tribunales norteamericanos han reconocido una deuda de 688 millones de euros y han autorizado procedimientos de descubrimiento de activos del Estado español que afectan, por ejemplo, a la operativa de la selección española en el Mundial de Fútbol de 2026, indica la misma fuente.

En total, España debe 2.309 millones de euros a las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables y han venido sufriendo los continuos impagos de estas sentencias.

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