La decisión está vinculada al impago de la deuda que arrastra España por el caso Eurus, filial de energía de renovables de Toyota
Regala esta noticia Sede del instituto Cervantes en Utrech (Holanda).C.P.S.
28/04/2026 a las 10:33h.El Tribunal de Distrito de La Haya ha decretado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos), tras haber autorizado el ... pasado 19 de marzo la ejecución en ese país de los laudos arbitrales por el cambio en 2013 de la normativa de retribución de energías renovables.
En concreto, la decisión está vinculada al impago de la deuda que arrastra España por el caso Eurus, filial de energía de renovables de Toyota. La medida, adoptada por la Justicia neerlandesa a instancias de los acreedores del Reino de España, ha quedado ya inscrita en el registro de la propiedad neerlandés.
En este sentido, fuentes de los acreedores precisaron que el centro del Instituto Cervantes en Utrecht no constituye un órgano indispensable para la acción diplomática española, al tratarse de un ente cultural que también alberga eventos y conferencias, «de modo que un eventual recurso que alegue inmunidad soberana tendrá escaso recorrido, habida cuenta del tipo de propiedad y del uso que se da a la misma».
Frentes abiertos
La realidad es que España cuenta con una cascada de frentes judiciales abiertos por los impagos de laudos por el recorte de las renovables. En Estados Unidos, siete de las empresas acreedoras han derrotado a España, de tal manera que los tribunales norteamericanos han reconocido una deuda de 688 millones de euros y han autorizado procedimientos de descubrimiento de activos del Estado español que afectan, por ejemplo, a la operativa de la selección española en el Mundial de Fútbol de 2026.
Asimismo, la Justicia belga bloqueó recientemente 482 millones de euros que debía percibir España en concepto de gestión de tráfico aéreo, pero que han sido consignados para resarcir a las empresas afectadas.
En paralelo, la Justicia británica ha zanjado ya su revisión de esta controversia y, a través de una sentencia del Tribunal Supremo, ha ratificado que España se ha convertido en un país deudor y que debe pagar sus deudas si quiere evitar nuevos embargos de bienes y activos.
También el Tribunal Supremo de Australia se ha pronunciado en la misma línea, reconociendo cuatro denuncias valoradas en 469 millones de euros, y el Tribunal Supremo de Singapur viene de fallar en la misma línea, reconociendo un primer laudo contra España, valorado en más de 100 millones de euros.
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