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Vista del portal de un inmueble de Málaga con pisos turísticos. SUR Una agencia europea pone en jaque el Registro Único de Viviendas del GobiernoEl TRIS advierte a España de que hay duplicidad de esta norma con la que ya tenía establecida la Junta de Andalucía y que antes del próximo mes de mayo hay que resolver esta situación
Málaga
Lunes, 2 de febrero 2026, 12:08 | Actualizado 12:17h.
... una resolución en el marco del procedimiento TRIS relativa a la tramitación de nuestra Ley de Turismo Sostenible de Andalucía en la que recuerda que el Reglamento europeo sobre alquileres de corta duración (que en la norma europea se identifica por VUT) prohíbe someter una misma vivienda a más de un procedimiento de registro cuando ya existe uno obligatorio, con independencia del nivel administrativo que lo imponga. Advierte de que existe una duplicidad con el Registro de Turismo de Andalucía de la Junta, que es la que tiene las competencias en materia de Turismo y la que estableció primeramente este procedimiento de inscripción de inmuebles de alquiler vacacional, y señala el próximo mes de mayo como fecha en la que ambas administraciones tienen que poner una solución. El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha adelantado que este pronunciamiento ya lo han incluido en el recurso presentado por la Junta contra el Registro Único del Gobierno ante el Contencioso del Supremo: «Lo hemos enviado para que lo tengan en consideración».Bernal explica que «este pronunciamiento se produce en el marco de ese sistema de control preventivo de la Unión Europea, y afecta de lleno al actual modelo ideado por el gobierno de España de supervisión del alojamiento turístico y de corta estancia, y el TRIS se manifiesta como respuesta a nuestra Ley de Turismo Sostenible reiterando los principios de aplicación general del Derecho de la Unión». En este sentido, recuerda que el procedimiento TRIS obliga a los Estados miembros a notificar a Bruselas los proyectos de leyes que puedan afectar al mercado interior o a la libre prestación de servicios como es el caso de las plataformas digitales. Su finalidad es evitar que se aprueben leyes incompatibles con el Derecho europeo antes de su entrada en vigor. «Cuando la Comisión emite una resolución TRIS, no se trata de una recomendación política, sino de un pronunciamiento jurídico que debe ser tenido en cuenta por el Estado miembro. En este caso, la Comisión recuerda que el Reglamento europeo sobre alquileres de corta duración establece expresamente que una unidad de alojamiento no puede estar sujeta a más de un procedimiento de registro», detalla para precisar que «fija el 20 de mayo de 2026 como fecha límite para eliminar cualquier duplicidad administrativa incompatible con el Derecho de la Unión».
Por su parte, Silvia Blasco Benito, presidenta de las patronales de viviendas turísticas en España FEVITUR y APTUR CV, avanza que celebran esta resolución en la que «Europa no cuestiona la regulación ni el control del alojamiento de corta estancia, lo que cuestiona es que España haya optado por la duplicidad administrativa en lugar de la coordinación y la interoperabilidad».
Insiste en que el procedimiento TRIS obliga a los Estados miembros a notificar a Bruselas los proyectos de leyes que puedan afectar al mercado interior o a la libre prestación de servicios, como es el caso de las plataformas digitales. Y explica que en ese escenario, «la asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) solicitó a FEVITUR su mediación para que, junto a la European Holiday Home Association (EHHA), trasladara a la Comisión Europea la urgencia de resolver esta situación, no solo para facilitar la tramitación de la Ley de Turismo Sostenible de Andalucía, sino para obtener un pronunciamiento claro sobre el cumplimiento del reglamento europeo por parte de las autoridades españolas».
Blasco señala que «esta resolución desmonta claramente el modelo de control español basado en la acumulación de registros, ventanillas y obligaciones redundantes que no aportan eficacia real y que, aunque el análisis se produce en relación con una norma autonómica, el alcance del pronunciamiento es general y afecta al conjunto del sistema regulatorio español». A la luz este pronunciamiento, Fevitur denuncia que «la decisión del Estado de encomendar a los registradores de España la implantación de un registro estatal duplicado está provocando la salida forzada del mercado de operadores plenamente legales -tanto propietarios particulares, como empresas gestoras- con un impacto restrictivo injustificado».
Esta patronal advierte de que esta actuación abre la puerta a reclamaciones contra el Estado español por responsabilidad patrimonial y expone a España a un procedimiento sancionador europeo si el sistema se mantiene más allá del plazo fijado por Bruselas. «La inseguridad jurídica no es una herramienta de política pública. Si Europa exige interoperabilidad, España no puede responder con duplicidad», recuerda Blasco.
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