Una organización sin ánimo de lucro especializada en la reintegración social de marginados y delincuentes es la encargada por el Gobierno de Imanol Pradales para llevar a cabo el programa de «justicia restaurativa» entre presos y víctimas de ETA. Se trata del Instituto de Reintegración Social de Euskadi/Euskadiko Birgizarteratze Institutua (IRSE-EBI), con sede en Bilbao. El Departamento de Justicia, en manos de la consejera socialista María Jesús San José, le ha otorgado desde 2023 cuatro subvenciones nominativas por un valor total de 235.000 euros bajo el concepto de «Proceso Justicia Restaurativa y Convivencia».
El programa, que arrancó tras el traspaso al País Vasco de la competencia en prisiones, está sirviendo de antesala para la concesión del régimen de semilibertad -el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario- a varios condenados. Es el caso del ex dirigente de ETA Mikel Garikoitz Aspiazu (Txeroki): la Fiscalía ha avalado que salga de la cárcel de Martutene durante el día, de lunes a viernes, por el «compromiso» con «los procesos de sanación y reparación emocional» de las víctimas que habría demostrado en estos talleres y encuentros.
Una de las actividades organizadas ha sido una jornada que 17 presos de la cárcel alavesa de Zaballa compartieron con cinco víctimas de ETA el pasado 3 de julio en el caserío Arretxe de Alzo (Guipúzcoa). Según las fuentes penitenciarias consultadas por EL MUNDO, en ella participaron dos mediadores.
Uno de ellos fue el director gerente de IRSE-EBI, Juan Luis Fuentes Nogales, que es licenciado en Derecho. La asociación es también la responsable de gestionar el Servicio de Atención a la Víctima, un eficaz servicio de orientación a las víctimas de todo tipo de delitos que trabaja desde los juzgados vascos y por el cual el Departamento de Justicia le abona 5,9 millones de euros.
El otro mediador fue Julián Carlos Ríos Martín. Según su currículum, Ríos Martín es profesor de Derecho Penal en la Universidad Pontificia de Comillas y ha trabajado como «facilitador de los equipos de procesos restaurativos de victimización terrorista (ETA, GAL, 11-M) y en abusos sexuales en la Iglesia». En concreto, colaboró, aunque no desde un papel protagónico, con el equipo de mediadores que entre 2009 y 2012 desarrolló la denominada vía Nanclares.
EL PRECEDENTE DE LA 'VÍA NANCLARES'
La vía Nanclares es el precedente más inmediato del actual programa. Impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, supuso el acercamiento de decenas de presos a la cárcel de Nanclares de la Oca -hoy Zaballa- para que rompieran con ETA y con la férrea disciplina que les imponía su cúpula. Con la llegada de Mariano Rajoy, la iniciativa fue desmantelada.
Los resultados fueron numéricamente escasos. Apenas una veintena de etarras culminó este proceso de ruptura con ETA, arrepentimiento público y reinserción. Desde el punto de vista social el balance fue mejor: aquellos presos se convirtieron en activos disidentes de ETA y de la izquierda abertzale que ya entonces lideraba Arnaldo Otegi, a quien exigieron que asumiera su responsabilidad en los atentados. Algunos de ellos suelen asistir a actos de homenaje en recuerdo de los asesinados, y su discurso de deslegitimación del terrorismo es meridiano.
Las cabezas visibles fueron Joseba Urrosolo Sistiaga y Carmen Gisasola, dos históricos de ETA que han sido repudiados por Bildu y sus marcas.
Dos personas que estuvieron involucradas en la vía Nanclares, y que hablan bajo condición de anonimato, subrayan que las diferencias con el actual programa son importantes.
«Esto es una cosa muy distinta. Parece una chapuza. En la vía Nanclares sí se buscaba la autocrítica real de los presos. Ellos hicieron público su arrepentimiento y aquello fue valioso para la sociedad», apunta uno de los conocedores de aquel proyecto.
La segunda fuente detalla que entonces «había dos cosas muy claras»: por un lado, se exigía un rechazo expreso de la violencia; por otro, «el objetivo no era que recibieran beneficios penitenciarios», aunque estos pudieran llegar a darse con el tiempo. «Ahora parece que el arrepentimiento no es público y que los beneficios son lo más importante».
En un paper sobre la experiencia de la vía Nanclares cofirmado por Julián Carlos Ríos en 2014, el mediador se refería así a los presos que accedían al programa: «Nos preocupaba que su motivación pudiera ser obtener réditos penales y beneficios penitenciarios. Cuando se trata de atentados terroristas, con crímenes gravísimamente sancionados, penas de larga duración y condiciones muy estrictas de cumplimiento y el plus de la dispersión geográfica, no era absurdo prever intereses espurios».
Las circunstancias son obviamente distintas. Entonces ETA estaba activa e impedía a los presos que colaborasen con las instituciones penitenciarias. A quienes lo hacían los expulsaba. Ahora la organización no existe, Otegi es socio estratégico del Gobierno de España -mediante un pacto que él describe como un canje de presupuestos por presos- y es Bildu quien dicta las consignas a los reclusos: no arrepentirse públicamente, pero sí cumplir con los pasos que se les ofrecen para salir de la cárcel cuanto antes, y hacerlo con discreción. Sin entrevistas, fotos, fiestas ni homenajes.
El 3 de julio, en el caserío Arretxe, dos altos cargos del Departamento de Justicia, el mismo que decide las semilibertades de los presos, almorzaron con las víctimas y los etarras.