Donald Trump firmando una orden ejecutiva en el Despacho Oval. REUTERS/Carlos Barria
EEUU Una bebé de 5 meses se enfrenta a Trump en un juicio sobre la ciudadanía por nacimiento que puede cambiar EEUUEl presidente insiste en retirarle el derecho a nacionalidad pese a nacer en EEUU, citando un precedente judicial de hace más de un siglo.
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Itziar Nodal Corresponsal en EEUU Publicada 3 abril 2026 02:51hLas claves nuevo Generado con IA
Hay ideas que no mueren. Se esconden en libros olvidados, cambian de lenguaje y regresan cuando el momento político lo permite. Una de ellas ha vuelto ahora al centro del debate. El Tribunal Supremo se dispone a decidir en los próximos meses si una niña nacida en Estados Unidos seguirá siendo, automáticamente, estadounidense.
Para sostener su ofensiva contra la ciudadanía por nacimiento, la Administración de Donald Trump ha recurrido, en parte, a doctrinas formuladas tras la Guerra Civil, en un contexto de segregación racial y rechazo a la inmigración.
La bebé es hija de una joven pareja migrante: ella llegó desde Colombia, él, de Argentina, y ambos tienen estátus de residencia temporal. Lo que está en juego no es solo una interpretación constitucional. Es algo más básico: si nacer en Estados Unidos sigue siendo suficiente para pertenecer a él.
James Talarico, el demócrata inusual que quiere arrebatarle Texas a Donald Trump desde el cristianismo y la justicia socialTrump y la redefinición de la ciudadanía
La ofensiva comenzó el primer día del segundo mandato de Trump. El 20 de enero de 2025 firmó una orden ejecutiva para impedir que los niños nacidos en Estados Unidos obtengan automáticamente la ciudadanía si sus padres no son ciudadanos o residentes permanentes. Desde entonces, la medida se ha convertido en una pieza central de su agenda migratoria.
El argumento de la Casa Blanca es que la 14ª Enmienda, aprobada tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos y sus descendientes, ha sido interpretada de forma demasiado amplia durante más de un siglo. Según esta lectura, la cláusula que otorga la ciudadanía a quienes nacen en el país no debería aplicarse a hijos de inmigrantes en situación irregular ni a quienes entran con visados temporales.
Trump ha vinculado esta reinterpretación a un discurso político muy reconocible. Sostiene que la ciudadanía por nacimiento actúa como incentivo para la inmigraciónirregular, que facilita lo que denomina "turismo de parto" y que puede generar riesgos de seguridad.
Sin embargo, esa idea choca con una realidad evidente: dar a luz en Estados Unidos es extraordinariamente caro. En un sistema sanitario mayoritariamente privado, un parto puede costar decenas de miles de dólares sin seguro médico, lo que limita ese fenómeno a perfiles con recursos y cuestiona su impacto real.
Más allá de la tensión entre discurso y realidad, la propuesta encaja en una estrategia más amplia: redefinir la ciudadanía como un estatus menos automático y más condicionado. No es solo una discusión legal. Es una forma de replantear quién pertenece al país.
Ese planteamiento cuenta con respaldo político dentro del trumpismo, pero no está exento de fricciones. Incluso entre sectores conservadores existe cierta cautela sobre la viabilidad jurídica de la medida, conscientes de que el cambio que se propone no es menor. Implica cuestionar una interpretación asentada durante generaciones.
Legislación racista de hace un siglo
Lo más delicado del caso no está solo en lo que plantea la Administración, sino en las fuentes en las que se apoya. En sus escritos ante el Tribunal Supremo, los abogados del Gobierno recurren a juristas del siglo XIX como Alexander Porter Morse, Francis Wharton o George D. Collins para sostener que la ciudadanía por nacimiento nunca fue tan amplia como se ha interpretado durante más de un siglo.
El núcleo de esas teorías era claro: el lugar de nacimiento no debía ser suficiente para otorgar la ciudadanía. Estos autores defendían que lo determinante era la relación política de los padres con el país.
Francis Wharton formuló esa idea de manera sistemática. Sostenía que un niño solo podía ser ciudadano si sus padres tenían un “domicilio” real y permanente en Estados Unidos, es decir, si formaban parte estable de la comunidad pública. Ese concepto permitía excluir a quienes consideraba extranjeros de paso, aunque llevaran años viviendo allí.
La clave estaba en cómo se definía quién pertenecía realmente a esa comunidad. Y ahí es donde el argumento dejaba de ser técnico. Wharton sostenía que determinados grupos —en particular los inmigrantes chinos— no podían alcanzar ese grado de pertenencia. No porque la ley lo impidiera, sino porque, según su criterio, no compartían los valores necesarios para integrarse en la nación.
Una manifestante a favor de la ciudadanía por nacimiento. REUTERS/Leah Millis
George D. Collins llevó ese planteamiento aún más lejos en los intentos legales de finales del siglo XIX por negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes asiáticos. En sus escritos, los describía como gentes incapaces de convertirse en ciudadanos en sentido pleno, lo que justificaba, a su juicio, que sus hijos tampoco lo fueran, aunque hubieran nacido en Estados Unidos.
Alexander Porter Morse, por su parte, aportó una base jurídica a ese enfoque desde una posición aún más explícita. Exoficial confederado y defensor de la segregación, formó parte de una corriente que intentaba limitar el alcance de las enmiendas aprobadas tras la Guerra Civil.
Estas teorías no fueron marginales, pero tampoco se convirtieron en doctrina dominante. Formaban parte de un intento por restringir los efectos de la 14ª Enmienda en un momento de fuerte reacción racial y política. El Tribunal Supremo cerró esa vía en 1898, al establecer que un hombre nacido en Estados Unidos de padres chinos era ciudadano, consolidando así una interpretación amplia de la ciudadanía por nacimiento.
Lo relevante ahora es que esa lógica reaparece, aunque con otro lenguaje. La Administración no habla de raza ni de civilización, pero recupera la misma estructura argumental: que nacer en el país no basta, que hace falta una forma de pertenencia previa que no todos los padres pueden transmitir.
Cifras, límites legales y cálculo político
El caso que examina ahora el Tribunal Supremo no es una discusión teórica. Si la interpretación que defiende la Administración Trump prosperara, el cambio sería inmediato y medible: en torno a 250.000 niños al año dejarían de adquirir automáticamente la ciudadanía estadounidense, según estimaciones incluidas en escritos presentados ante el propio tribunal.
La proyección es aún más significativa. A medio plazo, implicaría la aparición de millones de personas nacidas en Estados Unidos sin ciudadanía, una situación inédita en la historia reciente del país. El problema no es solo la magnitud, sino la falta de encaje legal.
El sistema estadounidense no prevé una categoría amplia de nacidos en el país sin ciudadanía. Muchos de esos niños dependerían de la legislación de los países de origen de sus padres para obtener una nacionalidad, lo que en algunos casos no es automático o exige trámites complejos fuera del territorio estadounidense.
En otros, implicaría regresar a países de los que las familias huyeron. El riesgo de apatridia —prácticamente inexistente hoy en EE.UU.— pasaría a ser un escenario real. Desde el punto de vista jurídico, la dificultad para que prospere la tesis de la Administración es considerable.
EEUU cancela a César Chávez, su gran mito del sindicalismo, tras las denuncias de violación y abuso de menoresEl precedente que sustenta la ciudadanía por nacimiento lleva más de un siglo sin cuestionarse de forma seria y forma parte de la arquitectura básica del sistema constitucional. Alterarlo exigiría al Supremo no solo reinterpretar una norma, sino revisar una línea jurisprudencial consolidada durante generaciones.
Por eso, más allá de la mayoría conservadora del tribunal, el salto que se plantea es especialmente abrupto. No es habitual que el Supremo reabra debates que parecían cerrados durante más de un siglo.
La decisión llegará en los próximos meses. Lo que está en juego es más simple —y más profundo—: si nacer en Estados Unidos seguirá abriendo la puerta al llamado sueño americano, o si esa promesa empieza a heredarse —y a negarse— antes incluso de nacer.