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La huelga general es un instrumento básico para la defensa de los derechos laborales en cualquier democracia, pero pierde toda su legitimidad y fuerza moral cuando se convierte en una mera arma política arrojadiza contra quien no gobierna ni tiene capacidad para elaborar políticas que solucionen los problemas que motivaron la protesta.
Por eso, una huelga general como la que han convocado los sindicatos tradicionales y la asociación denominada Sindicato de Inquilinos, auspiciada por el Gobierno y contra la oposición por el problema de acceso a la vivienda constituye una anormalidad democrática e institucional sin precedentes, que descalifica de entrada a los convocantes.
Es evidente que la falta de vivienda, que ha derivado en un difícil acceso de los ciudadanos a un bien de primera necesidad, constituye hoy uno de los mayores problemas para la sociedad española, pero en ningún caso el Gobierno puede eludir su responsabilidad en el mismo.
Durante los ocho años que lleva Pedro Sánchez en el poder la población de este país ha crecido exponencialmente como consecuencia del fenómeno migratorio, sin que desde el Ejecutivo se haya previsto ninguna medida previendo las necesidades que el cambio demográfico requería. Nadie ha pensado el efecto que el fenómeno migratorio podía tener en los servicios o en un bien como la vivienda.
El resultado ha derivado en una crisis sin precedentes que amenaza con provocar un estallido social. En condiciones normales, el Gobierno, la oposición y las demás administraciones implicadas deberían haber intentado buscar un gran consenso con medidas eficaces para aliviar la situación a corto plazo y políticas reales para solucionarlo a medio y largo.
Eso hubiera sido lo responsable y seguramente lo único realmente viable. En vez de eso, el Gobierno y los sindicatos se han aliado para ejecutar una maniobra artera cuyo objetivo es confundir a la población, desnaturalizando un derecho laboral fundamental, con una finalidad exclusivamente política.
Es una acción irresponsable que va a tener consecuencias para sus impulsores. De momento, la falta de independencia frente al poder que demuestran los sindicatos va a erosionar la credibilidad de estas organizaciones, cuyos responsables parecen haber perdido el norte sobre el papel que les corresponde en la sociedad.
Habrá que ver la reacción de los ciudadanos, ya bastante hartos de la crispación, ante una maniobra política de tierra quemada.
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