Koldo García y Belén Gualda. EL ESPAÑOL
España KOLDOGATE Una nota de Koldo en su móvil relaciona a la presidenta de la Sepi con el 'caso Acuamed': "La van a meter por las desaladoras"El entonces asesor de Ábalos anotó ese comentario sugiriendo la posible imputación de Belén Gualda por sus responsabilidades anteriores en la Junta.
Más información:El juez Pedraz suma como investigada en el 'caso Leire' a la actual presidenta de la SEPI por el rescate de Tubos Reunidos
Jorge CalabrésDavid VicenteAntonio Blanco Publicada 1 julio 2026 02:50h Las clavesLas claves Generado con IA
Koldo García guardó en su teléfono móvil una nota que advertía de una posible imputación de Belén Gualda por su etapa al frente de distintos organismos relacionados con el agua, las infraestructuras y el medioambiente en la Junta de Andalucía.
"A la nueva de la SEPI la van a meter por el tema de las desaladoras en Andalucía en dos meses", escribió el exasesor de José Luis Ábalos.
La anotación, a la que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, quedó registrada el 28 de abril de 2021 a las 10:12 horas.
Belén Gualda, jefa del 'holding' de Sánchez, imputada por favorecer a la trama criminal que amañaba rescates en la SepiLa expresión "la nueva de la SEPI" era para señalar a María Belén Gualda.
El Consejo de Ministros la había nombrado presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) el 30 de marzo de ese mismo año, apenas cuatro semanas antes de que Koldo guardara aquella información.
La previsión no se cumplió. Gualda nunca fue imputada ni procesada en el llamado caso Acuamed.
Tampoco aparece como acusada en ninguna de las piezas conocidas de aquella macrocausa por las presuntas irregularidades cometidas en obras hidráulicas de la cuenca mediterránea, pese a que su relación con el caso fue muy cercana.
Texto en la aplicación de Notas del iPhone de Koldo García EL ESPAÑOL
La nota demuestra, sin embargo, que Koldo manejaba la información de que la recién llegada a la Sepi podía quedar investigada en un plazo muy concreto: "dos meses".
El texto no identifica quién le proporcionó ese dato ni concreta qué actuación atribuía a Gualda.
Tampoco si se realizó algún tipo de movimiento desde el Gobierno o el PSOE, Ábalos en aquel momento era ministro de Transportes y secretario de Organización del partido, para evitar la imputación.
El momento en el que se produjo la anotación añade otro elemento a la cronología. El día anterior, 27 de abril de 2021, Koldo y Ábalos habían cenado con otras dos personas en el Parador de Jaén, durante una visita oficial del entonces ministro de Transportes a esta provincia.
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La referencia a Gualda formaba parte de una anotación más extensa sobre dos procedimientos judiciales que afectaban al entorno político del PSOE andaluz.
El texto comenzaba así: "Caso Ifopoton en Andalucía van a por planas y María Jesús hacienda [sic]".
Koldo se refería al caso Isofotón, que investigó durante años las ayudas públicas concedidas por la Junta de Andalucía a la empresa fotovoltaica malagueña.
Después incorporó el aviso sobre "la nueva de la SEPI" y "el tema de las desaladoras".
La sucesión de ambas referencias muestra que el exasesor agrupó en un mismo apunte información sobre causas vinculadas con antiguos responsables de la Administración andaluza.
En abril de 2021, Gualda acababa de abandonar la presidencia de Navantia para dirigir el principal grupo empresarial público del Estado. Su nombramiento había puesto fin a una larga etapa de interinidad en la Sepi.
La ingeniera granadina, no obstante, acumulaba una amplia trayectoria anterior en la Junta de Andalucía. Parte de esa carrera había transcurrido precisamente en departamentos relacionados con la gestión del agua, el medio ambiente y la obra pública.
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El caso Acuamed puso el foco sobre la empresa pública Aguas de Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y las presuntas irregularidades en las adjudicaciones y ejecuciones de una veintena de obras hidráulicas y medioambientales en la zona del Mediterráneo hace más de una década.
Presuntamente, se inflaron los precios de las adjudicaciones de grandes obras públicas, como desaladoras y canalizaciones, mediante la falsificación de informes técnicos, con grandes empresas constructoras implicadas.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, procesó hasta a 42 personas. Sin embargo, la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, no figuraba entre los procesados y nunca fue señalada judicialmente.
Pero lo que sí es cierto es que ella era la máxima responsable del agua en la Junta de Andalucía cuando el caso se encontraba en fase de instrucción, en 2016
La causa estalló en abril de 2014 cuando varios ingenieros denunciaron internamente las presuntas irregularidades cometidas en las adjudicaciones a determinadas empresas.
Acuamed usó 500 millones de euros públicos para especular en operaciones financierasLa investigación subrayó que el entonces director de Ingeniería y Construcción de la sociedad estatal, Francisco Valiente, y su gerente territorial, Gracia Ballesteros, presentaron ante diversas instancias del Ministerio de Agricultura y Medioambiente y de Acuamed escritos comunicando las "graves irregularidades".
Las denuncias fueron ignoradas y posteriormente estas dos personas fueron relevadas de sus cargos. Fue entonces cuando presentaron las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción.
Dos años después, la UCO, en coordinación con el Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, del que fue en un primer momento titular el magistrado Eloy Velasco, practicó los registros y las detenciones de la cúpula de Acuamed.
Se detuvo a 13 personas, entre ellas, el director general de la entidad, Arcadio Mateo, por la sospecha de haber recibido regalos a cambio de las adjudicaciones.
En aquel momento, Gualda figuraba como secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Ocupó este cargo desde julio de 2015 hasta octubre de 2017.
'Compraron' al director general de Acuamed con implantes de pelo y viajes a TurquíaAcuamed utilizó 500 millones de euros públicos en operaciones bancarias especulativas. La relación entre el caso Acuamed y Belén Gualda es la desaladora de Almería.
La infraestructura de Bajo Almanzora I, en el término municipal de Cuevas de Almanzora (Almería), sufrió una inundación en 2012, apenas un año después de ser inaugurada, y permaneció durante años como una infraestructura improductiva en una de las zonas españolas con mayores necesidades hídricas.
Esa situación convirtió el Bajo Almanzora en la imagen más reconocible del caso, aunque la investigación judicial abarcaba muchos más contratos.
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La relación de Belén Gualda con ese escenario fue institucional y cronológica, pero no penal.
Entre enero de 2011 y julio de 2015 ocupó la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Por tanto, desempeñaba ese cargo cuando la desaladora del Bajo Almanzora comenzó a operar y cuando la riada dejó la instalación fuera de servicio.
Después fue secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, entre julio de 2015 y octubre de 2017. Esa etapa coincidió con el estallido judicial y político del caso Acuamed.
Entre octubre de 2017 y febrero de 2019 dirigió la Agencia de Obra Pública de Andalucía. Con anterioridad también había trabajado en la División de Infraestructuras Ambientales y Gestión del Agua de Egmasa.
Esos puestos la situaron durante años en el entorno administrativo del agua y las infraestructuras andaluzas. No consta que los investigadores le atribuyeran decisiones sobre los contratos examinados.
Tampoco fue llamada a declarar como investigada por la desaladora del Bajo Almanzora ni por las demás obras incluidas en el procedimiento.
La imputación real
Cinco años después, Belén Gualda sí ha pasado a figurar como investigada en la Audiencia Nacional, aunque por unos hechos diferentes y sin relación con Acuamed.
El juez Santiago Pedraz la incorporó este lunes al llamado caso Leire, también conocido en una de sus ramas como caso Sepi. La imputación se amplía además a otras 24 personas y responde a una petición de la Fiscalía Anticorrupción.
La investigación se centra en las presuntas maniobras del Grupo Hirurok, integrado por Leire Díez, el expresidente de la Sepi Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.
La 'trama Leire' gestionó una reunión de Tubos Reunidos con Ortuzar cuando presidía el PNV para evitar un pago a la SEPIEl grupo habría utilizado contactos políticos y administrativos para intervenir en operaciones empresariales a cambio de comisiones.
En el caso de Gualda, las pesquisas examinan el rescate de Tubos Reunidos. La siderúrgica vasca recibió en 2021 una ayuda pública de 112,8 millones de euros procedente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
La Fiscalía sostiene que responsables del grupo investigado accedieron a información interna y realizaron gestiones para agilizar la operación.
Anticorrupción también analiza una decisión posterior adoptada en 2025. La Sepi autorizó entonces a Tubos Reunidos a utilizar casi 10 millones obtenidos por la venta de un inmueble en Sestao, en lugar de consignar ese dinero ante la sociedad estatal.
Según el informe fiscal, Tubos Reunidos habría acordado pagar 40.000 euros, sin IVA, a Vicente Fernández por las gestiones realizadas. La compañía se encuentra actualmente en concurso de acreedores.
Leire, Antxon y Fernández buscaban "el máximo beneficio con el cobro de comisiones" por "influir" en expedientes públicosLa pista de Isofotón
La primera parte del apunte de Koldo remitía al caso Isofotón, aunque el exasesor escribió "Ifopoton".
Isofotón fue una empresa andaluza dedicada a la fabricación de paneles solares. Durante años recibió ayudas, préstamos y avales públicos de la Junta de Andalucía mientras atravesaba una situación financiera cada vez más delicada.
La investigación trató de determinar si aquellas operaciones se aprobaron pese a que los responsables públicos conocían los problemas de viabilidad de la empresa.
Las diligencias alcanzaron a decenas de antiguos altos cargos y situaron bajo el foco político a Luis Planas, María Jesús Montero y Teresa Ribera por su participación en órganos del Gobierno andaluz que analizaron algunas ayudas.
El procedimiento terminó archivado por una cuestión procesal. Las principales diligencias se habían practicado una vez agotado el plazo legal de instrucción, por lo que quedaron invalidadas.
El archivo impidió que existiera una sentencia sobre el fondo de las supuestas irregularidades.
Años después, Leire Díez también se interesó por Isofotón. Las agendas y mensajes incorporados al sumario del caso Leire muestran movimientos para acceder a documentación relacionada con ese expediente y con el caso Aznalcóllar.
Una de las referencias a Isofotón en la agenda de Leire Díez EL ESPAÑOL
En abril de 2021, el entorno de Díez trató de colocarla como jefa de Gabinete de la recién nombrada presidenta de la Sepi.
En uno de los mensajes analizados por la UCO, Santos Cerdán habría defendido la necesidad de tener cerca de Gualda a alguien que protegiera "a los nuestros", y puso como ejemplo el caso Isofotón.
Las dos partes de la nota de Koldo conectan así con procedimientos que preocupaban al entorno socialista en la primavera de 2021. Una se refería a Isofotón y apuntaba a Planas y Montero. La otra anticipaba una imputación de Gualda por las desaladoras.
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