Finalmente, el gobierno cedió a la presión mediática y política y aprobó el pasado viernes un "Plan Integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio", que se publicó ayer en el BOE y que entrará en vigor hoy domingo, 22 de marzo de 2026.
En la crisis de Ucrania el gobierno tardó cinco semanas en poner en marcha su plan anticrisis, y nadie le acusó de actuar tardíamente, pese a que la magnitud del choque energético fue muy superior en lo que se refiere al gas y algo mayor que la actual en el impacto sobre el precio del petróleo, tal y como señalaba hace quince días en mi artículo "¿Otra crisis energética?" en este mismo diario.
Ahora ha actuado mucho antes, a las tres semanas del inicio del conflicto. En la larga e interesante exposición de motivos de los nuevos decretos, he echado de menos alguna mención a esta cuestión del "timing".
¿Por qué actuar ahora y no hace diez días o dentro de dos semanas? ¿Creemos ahora que el conflicto se va a prolongar durante meses? Porque, tal y como señalaba en ese mismo artículo, la duración del choque energético es más importante, incluso, que la magnitud del mismo.
En cualquier caso, la mayor ausencia en ese texto introductorio es, a mi entender, que no aprovecha la ocasión para hacer pedagogía sobre lo que significa este choque de los precios de la energía para un país importador, como es el nuestro, más allá de afirmar de forma genérica que "la dependencia de combustibles fósiles constituye una vulnerabilidad estructural de primera magnitud para nuestra economía y para el bienestar de la ciudadanía".
¿En qué consiste esta "vulnerabilidad"? Digámoslo claramente: la subida del precio de la energía importada supone una pérdida de renta nacional (del PIB, si se prefiere) que es inexorable e inevitable, a no ser que el país fuera capaz de sustituir esas importaciones o reducirlas en un porcentaje igual o superior a la variación sufrida del precio internacional.
Y conviene explicar a la población, que es adulta y sabe entender las cosas, que no hay medida de este gobierno ni de ningún gobierno que sea capaz de evitar esta pérdida de renta nacional.
Lo máximo que podría hacer cualquier gobierno es retrasar el impacto, bajando impuestos y/o aumentando gastos, es decir, endeudándose para que este impacto se pague en el futuro.
La cuestión es, ¿resulta conveniente optar por ese retraso en el ajuste? Y ¿estarán dispuestas las generaciones futuras (que puede ser esta misma) a asumir el pago de esta factura retrasada?
Este debate, ausente en los medios de comunicación o entre las fuerzas políticas, debería ser previo a la toma de medidas. Hay varios enfoques en cómo abordar estos choques energéticos.
Uno, el modelo estrictamente liberal, sería el de no hacer nada, dejar que la economía se ajuste por sí sola y que los consumidores de energía reciban la señal de precios y actúen reduciendo su consumo de la misma y aceptando la irremediable pérdida de renta nacional.
Otra opción extrema, que es la que puso en marcha el régimen franquista, fue la de evitar que la población sufra el choque energético. Es decir, tratar, de mantener los precios energéticos invariables y que la población mantenga su consumo exactamente en los niveles previos al choque energético. Es decir, que todo siga igual, como si nada hubiera pasado.
La experiencia de 1973, con la primera crisis del petróleo, cuando la Guerra del Yom-Kipur, y en la que el crudo triplicó su precio, fue muy ilustrativa. Mientras toda Europa iba en bicicleta y las carreteras estaban vacías, en España se controlaron los precios y la gente derrochaba energía y se reía de los pobres vecinos europeos.
Nosotros no teníamos problemas de suministro por nuestra "tradicional amistad con el mundo árabe". Pero nadie pudo evitar el choque energético. Solamente se demoró unos años, tras acumular un enorme déficit exterior y una inflación reprimida que se desmadró ya en la democracia y que no se abordó hasta los Pactos de la Moncloa en 1977.
Una situación económica que complicó las cosas a la ya difícil transición política. La opción estrictamente liberal no la defiende nadie en España, pues los planteamientos de nuestros partidos de derechas están más próximos al modelo falangista que al de Friederich Hayek o Ludwig von Mises.
El problema de este planteamiento liberal es que la solidaridad colectiva muchas veces no es compatible con la ambición individual, por lo que una parte de la población no aceptará esta pérdida de renta (nacional y, por tanto, particular) y tratará de evitarla, bien trasladando este aumento de los precios energéticos, bien a los precios de los bienes y servicios, intermedios o finales, bien a los salarios, desatando de esta forma una espiral inflacionista que, según los liberales, debería ser objeto de acción contundente por parte de la política monetaria.
Para los que defendemos el pensamiento socialdemócrata hay dos cosas que nos preocupan de este enfoque de "dejar actuar a los mercados y al banco central". La primera es que la inexorable pérdida de renta nacional la terminen sufriendo los de siempre, los más vulnerables.
La segunda, que, por no actuar en el origen de la cadena de valor (sector primario y del transporte) con un pacto de rentas, se desate una espiral inflacionista que acabe empobreciendo aún más al país a través de una pérdida de competitividad exterior.
Según este enfoque, las medidas a implementar deberían tener un quíntuple objetivo: (i) proteger a la población más vulnerable, (ii) actuar en el origen de la cadena de valor para evitar una espiral inflacionista (iii) favorecer el ahorro energético fósil, (iv) impulsar las fuentes de energía autónomas, tanto en la producción como en el consumo y (v) que los consumidores finales de energía reciban la señal de precios y reduzcan su consumo de petróleo y gas.
Si no se tiene un marco conceptual de este tipo, resulta difícil abordar las medidas a tomar, y se corre el riesgo de "disparar a todo lo que se mueva", incluso favoreciendo unos objetivos y los contrarios en el mismo paquete.
Frente a un plan que vele por los intereses del país a medio plazo, los partidos conservadores en España han optado por el enfoque populista de "favorecer a toda la población y que no noten la señal de precios". Pero, como ya hemos mencionado, este es un modelo más cercano al de Franco en 1973, con sus nefastas consecuencias a medio y largo plazo.
En cualquier caso, el plan integral presentado carece de un enfoque de partida que señale cuáles son los objetivos que se pretenden abordar en el mismo y, en ese sentido, se trata de una oportunidad perdida para haber hecho pedagogía en la población.
Con el enfoque conceptual que he propuesto, que seguro que es discutible, pero, al menos, es consistente, creo que resulta más fácil hacer una valoración de las medidas aprobadas. Sin ánimo de ser exhaustivo, pues el plan consta de 80 medidas, voy a tratar de hacer una primera valoración de las mismas.
Muchas de ellas son técnicas, de reducción de la burocracia y de mejoras en los trámites para el impulso de la transición ecológica, y son siempre bienvenidas, aunque se podrían haber implementado sin necesidad de la crisis de Oriente Medio.
1. Medidas del "escudo social"
Todas ellas entrarían el apartado (i) de proteger a la población vulnerable y, por tanto, deben ser valoradas muy favorablemente. Entre ellas,
Bono social eléctrico: con una mejora del descuento para colectivos vulnerables (del 42,5 %) y para vulnerables severos (del 57,5 %), hasta finales de 2026.
Bono social térmico: con un incremento de la ayuda mínima a 50 euros.
Garantía de suministro de agua y energía, prohibiendo la interrupción de estos servicios esenciales a los colectivos vulnerables.
Se congela el precio máximo del butano y del propano. La bombona de butano no podrá superar el valor de 16,35 euros alcanzado recientemente, y que ya recoge parte de la subida reciente del precio del petróleo. En el caso del propano, se sitúa el tope en los 12 euros, que es el valor promedio máximo de los últimos días, recogiendo también una parte de la subida de los combustibles fósiles. Esta medida la adopté en 2008 siendo ministro de Industria, por lo que difícilmente podría dejar de apoyarla, aunque reconozco la crítica de los que dicen que una parte de los consumidores de butano no son vulnerables.
Protección laboral. Aunque el Gobierno ha considerado que aún es pronto para activar los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) que aprobó en crisis anteriores, se prohíben los despidos objetivos por causas relacionadas con la crisis energética en empresas que reciban ayudas públicas.
Aunque no se presenta una cuantificación de estas medidas, me parece evidente que tendrán un coste muy limitado, dentro de los 5.000 millones de euros anunciados. En este sentido, echo de menos medidas de abaratamiento o incluso de gratuidad del transporte público, medida que, además de ser eficiente por favorecer el ahorro y la sustitución del consumo de energía fósil, es equitativa, pues favorece más a los tramos de renta más bajos.
2. Medidas de apoyo a los sectores económicos más afectados
Este grupo de medidas serían coherentes con el objetivo (ii) de actuar en el origen de la cadena de valor para evitar el traslado del coste energético a los precios intermedios y finales, desatando una espiral inflacionista. Dentro de este grupo se englobarían:
Ayuda directa de 20 céntimos por litro de carburante para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores.
Bonificación a la industria electro intensiva. La siderurgia, las cementeras, las azulejeras y la industria química consumen gran cantidad de electricidad en su cadena de producción. Tendrían una bonificación del 80% de su coste, lo que supondría un ahorro estimado de unos 200 millones de euros. Se pretende que no trasladen ese coste energético a los bienes que producen que, en general, son bienes intermedios necesarios para otros sectores industriales o de la construcción.
Estando de acuerdo con estas medidas, es importante que los sectores implicados no deben percibir esta bonificación como un "derecho" o como "un regalo". Se trata de un acuerdo, que lo podríamos incluir en la categoría de los "pactos de rentas".
O, si se prefiere, de un contrato de los sectores con el sector público que, en caso de no aceptarlo, deberían sufrir una interrupción de la bonificación o incluso una sanción. Este tipo de acuerdos es fundamental para evitar una traslación de precios como la ocurrida durante la crisis de Ucrania, especialmente en el sector de la alimentación.
En el Gráfico 1 presento los datos de los componentes del IPC de Alimentos y de Energía desde 2021 a 2023, es decir, la crisis de Ucrania.
Gráfico 1. IPC de Alimentos y Energía en la crisis de Ucrania
Gráfico 1
Los precios de la energía pagados por el consumidor (electricidad, gas, combustibles) subieron bruscamente durante la crisis de Ucrania. Pero, igual que suben, también bajan, volviendo en términos reales a niveles muy parecidos a los que tenían antes de la invasión. Sin embargo, los precios de los alimentos subieron, pero nunca bajaron.
Si la causa de la subida fue el choque energético, ¿por qué no bajaron cuando el shock se revirtió? Probablemente hubo un aumento de los márgenes empresariales en el sector de la distribución cuando la energía volvió a abaratarse.
Por eso, lo mejor es tratar que no se produzca esa traslación inicial, de forma que su energía quede subvencionada a cambio de que ellos no suban los márgenes. Y que tampoco los suban cuando la energía vuelva a bajar y se les retire la subvención. Entiendo que eso es lo que pretende el gobierno.
En este sentido, las medidas de refuerzo de la CNMC son bienvenidas, pero no sólo para la fase actual de subida del precio de la energía. También tendrán que estar vigilantes en el momento en el que el conflicto termine y el precio de la energía importada caiga.
3. Medidas para favorecer el ahorro energético fósil
Ayudas para la climatización de edificios, mediante los certificados de eficiencia energética
Adelanto de los planes de movilidad. De acuerdo con la ley 9/2025, todas las empresas de más de 200 trabajadores o 100 empleados por turno, deben contar de manera obligada con un plan para facilitar los desplazamientos de sus plantillas a los centros de trabajo.Esta ley debía entrar en vigor el pasado mes de diciembre, pero se les daba un plazo de 24 meses para su aplicación por las empresas. En el actual Plan Integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio se adelanta la exigencia a un año. Es difícil que esta medida se traduzca en un ahorro energético a corto plazo.
Pero lo peor es que, quitando estas dos, no he encontrado ninguna medida significativa de ahorro energético. Además de la ausencia de mención al coste del transporte público, señalada antes, no hay apenas referencias al alumbrado, o a las temperaturas de los edificios públicos, o a la velocidad de circulación, o la promoción del teletrabajo o del vehículo compartido.
Ni siquiera a nivel de recomendación. Buena parte de la población joven no sabe que un correcto inflado de los neumáticos puede ahorrar hasta un 5% del consumo de combustibles, o que ajustar un grado de temperatura reduce un 7% del consumo eléctrico, o que moderar la velocidad en carretera de 130 a 110 km/h puede suponer un 20% de ahorro energético.
4. Medidas para favorecer el impulso de las energías renovables y de la electrificación
Aquí encontramos un conjunto bastante significativo, que incluye:
Deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, de puntos de recarga de vehículos eléctricos y bombas de calor
Mejoras burocráticas para desatascar la inversión en renovables y en autoconsumo.
Mayor inversión en redes eléctricas.
Flexibilidad para adaptar contratos de suministro energético para empresas y autónomos
Rebajas fiscales en la electricidad. Bajada del IVA de la electricidad del 21% al 10%, y reducción del impuesto especial de electricidad desde el 5% al 0,5%. A estas rebajas fiscales se suma la suspensión temporal del impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica (IVPEE), del 7% y que las eléctricas trasladan a los consumidores
En lo que se refiere a las 4 primeras, me parecen coherentes con el marco conceptual descrito al principio de este artículo. Con respecto a las rebajas fiscales, son más discutibles, aunque yo siempre he defendido la eliminación del impuesto especial sobre la electricidad, que ya no tiene mucho sentido cuando más de un 80% de la generación eléctrica no genera residuos.
En cuanto a la rebaja del IVA, creo que los consumidores deben recibir la señal de precios, aunque se debe actuar por el lado de la traslación del precio del gas a toda la generación eléctrica (la "llamada excepción ibérica") que es más eficiente que la bajada del IVA, que desincentiva el ahorro energético.
5. Medidas para que los consumidores finales de energía fósil reciban la señal de precios
Lejos de actuar en esta dirección, se ha actuado justamente por la contraria, siendo esta la parte más decepcionante del decreto. En particular, se ha decidido:
Abaratar los carburantes (gasóleo y gasolina) de los consumidores finales mediante dos vías: una reducción del IVA, desde el 21% al 10% y una reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos hasta el mínimo aceptado por la normativa europea. Estas rebajas supondrán un abaratamiento de unos 17-18 céntimos en el litro de combustible, en el caso de que las gasolineras trasladen esta rebaja a los consumidores, algo que exige un control por parte del regulador.
Abaratar el gas natural y la biomasa. También decreta una reducción del 21% al 10% en el IVA para el gas natural, los pellets y la leña. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el uso doméstico de la biomasa —donde se incluyen pellets, astillas y leña como combustibles sólidos para calefacción— está presente en dos millones y medio de hogares en España, la mayoría de ellos en zonas rurales.
En la crisis de Ucrania el gobierno apostó por la subvención directa de 20 céntimos por litro de gasóleo y gasolina de los consumidores finales, una medida parecida a la actual y de la que el gobierno se mostró arrepentido por su coste (unos 4.000 millones de euros anuales), su ineficiencia (los consumidores no redujeron su consumo de energía fósil) y su regresividad (se vieron más beneficiados los consumidores de renta más alta).
Pero es que, además, apostar por la electrificación y la transición ecológica es incompatible con rebajar los impuestos sobre el consumo final de carburantes. Sobre todo, en un país que parte de una imposición sobre hidrocarburos especialmente baja, tal y como refleja la Tabla 1.
Tabla 1. Fiscalidad de la gasolina en la Unión Europea
Tabla 1
Tal y como refleja la Tabla 1 (referida sólo para la gasolina) en 2024, sumando el IVA y los impuestos Especiales, España es el quinto país de los 27 de la UE con una fiscalidad sobre la gasolina más baja (y en el gasóleo, algo parecido o peor). Sólo Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania y Chipre tienen una fiscalidad más baja que la nuestra. Ello explica que el precio suba más en España que la mayoría de los países europeos
En resumen, de los 5 bloques de medida sugeridos, en mi opinión el gobierno ha actuado correctamente en 3, ha estado ausente en uno, y intervenido en dirección contraria a lo deseable en otro. El problema es que es último explicará buena parte de los 5.000 millones de euros de coste del programa.
Impacto de las medidas sobre el IPC. -
Desde el ICAE hemos hecho una primera aproximación al impacto directo de las medidas que entran hoy en vigor referidas a los sectores energéticos. Es importante señalar que dichas medidas sólo van afectar 10 días del mes de marzo, por lo que el impacto sobre el IPC se notará más en el mes de abril (de seguir igual los mercados energéticos mundiales). Desglosando por productos:
Gasoil:
Si se asume que el nivel actual se mantiene hasta final de mes, el aumento mensual sería del +28,3%, con una contribución de 6,1 décimas al IPC. El decreto tendría un efecto de reducir la contribución al IPC en 1,1 décimas.
Gasolina:
Si suponemos que el nivel actual se mantiene hasta final de mes, el precio mensual subiría un +17,0%, que tiene una contribución de 3,4 décimas al IPC. El decreto reduciría la contribución al IPC en 1,3 décimas.
Electricidad:
El PVPC se ha elevado un 22,2%, que se traduce en una subida de 5,8% en el precio mensual de la electricidad, que tiene una contribución de 1,9 décimas al IPC. Estamos suponiendo que no ha reaccionado aún el mercado libre de electricidad, como así ha sido por al menos por parte de las cinco grandes comercializadoras. Las rebajas de impuestos especial a la electricidad al 0,5% y la supresión del Impuesto sobre el valor de la Producción de Energía Eléctrica tendría un efecto de reducción de 2,0 décimas
Los tres componentes tendrían un impacto directo al alza de 11,4 décimas al IPC. Con las rebajas de los carburantes y de la electricidad sería de 7,0 décimas.