Miguel Ángel Gallardo y David Sánchez, en la Audiencia de Badajoz. EFE
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN Una sentencia benévola para un enchufe que embadurna más a Sánchez Publicada 14 julio 2026 18:52h Actualizada 14 julio 2026 19:15hLa Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado este martes a David Sánchez Pérez-Castejón a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como cooperador necesario de un delito de prevaricación.
La resolución es el resultado de una instrucción concienzuda, en la que se ha tomado declaración a numerosos testigos y se ha recopilado una ingente prueba documental.
Un trabajo meticuloso por parte de la UCO y del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz que, si bien ha operado con un rigor ejemplar, se ha topado con las lógicas limitaciones fácticas para averiguar la totalidad de la verdad material en las esferas de influencia política.
Lo que el tribunal ha considerado probado sin ningún género de dudas son tres hechos constitutivos, cada uno de ellos, de un delito de prevaricación administrativa.
Primero, la creación "con premura" y "de forma espuria" de la plaza de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios, que carecía de contenido real y fue diseñada ad hoc para ser adjudicada en concreto a David Sánchez.
Segundo, la modificación sustancial del puesto para adaptar las condiciones laborales a sus "apetencias personales".
Y tercero, la creación de un segundo alto cargo directivo, igualmente innecesario, para beneficiar a un amigo de Sánchez.
Los magistrados han concluido que el hermano del presidente del Gobierno tenía pleno conocimiento y se benefició de las resoluciones arbitrarias dictadas por la Diputación de Badajoz.
David Sánchez colaboró en el diseño de un procedimiento al que los acusados buscaron "dar apariencia de legalidad", orientado a su contratación para un puesto de trabajo fantasma al que apenas acudió, y cuyas labores (que justificaron formalmente la creación del puesto) desatendió.
La Audiencia Provincial enmarca de forma expresa esta prevaricación en el contexto del "nepotismo", contemplando textualmente el "enchufismo hacia familiares o amigos en orden a la obtención de puestos ignorando los principios de igualdad, mérito y capacidad".
Al plasmar este concepto en la calificación delictiva de los hechos probados, el tribunal vincula directamente la arbitrariedad de la Diputación de Badajoz (presidida entonces por Miguel Ángel Gallardo) con la condición de David Sánchez de "persona próxima a quien ostentaría la Presidencia del Gobierno y era ya una figura política de primer orden".
Es decir, a Pedro Sánchez.
La reacción en tromba del Gobierno ha consistido una vez más en descalificar la resolución tildándola de "injusta y sin pruebas".
Pero esta sentencia es, precisamente, la demostración palpable de que el Estado de derecho funciona con absoluta limpieza y escrupulosidad garantista, desmontando cualquier teoría de una cacería judicial para "derribar al Gobierno", como la que ha esgrimido Óscar Puente.
Por estrictas exigencias del principio in dubio pro reo, la Audiencia ha absuelto a David Sánchez del delito de tráfico de influencias. Y es aquí donde el argumentario del PSOE intenta buscar una vana victoria formal, aferrándose al hecho de que "no ha quedado acreditado" quién ordenó el enchufe.
Pero el tribunal afirma que "podemos conjeturar que la actuación coordinada prevaricadora de los acusados que ostentaban cargos de responsabilidad en la Diputación de Badajoz fue la respuesta a una previa presión o influencia ejercida sobre ellos".
Es decir, que los magistrados asumen de forma lógica que existió una ascendencia externa, aunque no se sepa "quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo".
El PSOE no tiene, por tanto, ningún motivo para la queja.
Porque, si estuviéramos ante una persecución política, los magistrados habrían condenado a Sánchez por tráfico de influencias forzando los indicios.
Pero al haber aplicado de forma rigurosa el beneficio de la duda, y haber eximido a Sánchez de un delito que le habría reportado pena de cárcel, la Justicia ha demostrado una benevolencia y un respeto a las garantías que desarma por completo la patraña del acoso judicial.
Es inverosímil que a Miguel Ángel Gallardo se le ocurriera motu proprio crear una estructura directiva paralela para regalársela al hermano de Pedro Sánchez. Y menos aún cabe presuponer que tal iniciativa partiera de los funcionarios de segunda fila que intervinieron en las distintas fases del procedimiento.
Lo que se desprende de la sentencia es una operación inconcebible sin el ejercicio de un tráfico de influencias, por mucho que este no haya podido ser tipificado penalmente al carecer "tanto de soporte fáctico como de acervo acreditativo" que sustente la hipótesis.
En lugar de seguir declarando la inocencia de quien ya es oficialmente un delincuente, lo que debe hacer el PSOE es abrir una investigación interna para esclarecer quién ejerció la presión que la Audiencia Provincial maneja como origen de la prevaricación.
Puesto que el enchufe ha quedado probado, la responsabilidad política de Sánchez permanece intacta. Una vez condenado judicialmente el tercer miembro del entorno del presidente, la mancha de nepotismo que lo embadurna ha cobrado una envergadura insoslayable.