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Venezuela anuncia que 379 presos políticos serán excarcelados tras la aprobación de la Ley de Amnistía

Venezuela anuncia que 379 presos políticos serán excarcelados tras la aprobación de la Ley de Amnistía
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La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó que está verificando que las excarcelaciones se lleven a cabo de forma correcta. Más información: Los ángulos muertos de la ley de amnistía en Venezuela: no revierte las expropiaciones ni la inhabilitación a los opositores

La presidenta interina de Venezuela , Delcy Rodríguez, sostiene el texto de la ley de amnistía Reuters

América Venezuela anuncia que 379 presos políticos serán excarcelados tras la aprobación de la Ley de Amnistía

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó que está verificando que las excarcelaciones se lleven a cabo de forma correcta.

Más información:Los ángulos muertos de la ley de amnistía en Venezuela: no revierte las expropiaciones ni la inhabilitación a los opositores

V.Yusty Publicada 21 febrero 2026 16:57h

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La Justicia de Venezuela acordó las primeras 379 excarcelaciones tras la aprobación el pasado 19 de febrero de la Ley de Amnistía.

Jorge Arreaza, diputado chavista que preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento y cumplimiento de la legislación, ha sido el encargado de anunciar esta noticia.

Según las declaraciones de Arreaza al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), se espera que los amnistiados sean excarcelados en las próximas horas.

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Arreaza precisó en su comunicado que de las 379 solicitudes de amnistía, 371 son en Caracas, cinco en el estado Barinas (oeste), dos en Portuguesa (oeste) y una en Monagas (este).

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó en X que su organización está verificando desde la madrugada de este sábado las primeras excarcelaciones derivadas de la legislación.

#21Feb 7:10 a.m. Desde el @ForoPenal estamos verificando que durante la noche de ayer y madrugada de hoy se están materializando las primeras liberaciones derivadas de la Ley de Amnistía.

— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) February 21, 2026

Ley de Amnistía en Venezuela

La ley, que fue aprobada este jueves y anunciada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, señala en sus objetivos principales "contribuir a la promoción de la paz, la convivencia democrática, la rectificación y la reconciliación nacional".

Cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero especifica 13 coyunturas políticas arrancando en 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Podrán acogerse a la amnistía quienes ya se hayan presentado ante la justicia o decidan hacerlo después de que la ley entre en vigor. En el caso de quienes se encuentran en el exterior, incluidos cientos de exiliados, el trámite podrá realizarse a través de un abogado.

Este punto ha generado fuertes críticas, ya que, según sus detractores, trata como delincuentes a personas que consideran víctimas de un sistema judicial y policial represivo.

Además, la ley establece que el beneficio solo aplicará a quienes hayan dejado de cometer los hechos considerados delito o cesen en ellos tras la entrada en vigencia de la norma.

"Contiene omisiones graves", declaran representantes de la Plataforma Unitaria Democrática, partido al que pertenecen la líder opositora María Corina Machado, inhabilitada en enero de 2024 para ejercer cargos públicos.

Alfredo Romero, director de Foro Penal, denuncia que es "inconstitucional excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos".

Es discriminatorio e inconstitucional excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos. No puede hablarse de convivencia nacional mientras se excluye a un sector tan importante de la sociedad como el militar y a sus familias.

— Alfredo Romero (@alfredoromero) February 21, 2026

El aspecto más criticado es la discrecionalidad que provoca al dejar su aplicación en manos de los mismos tribunales que condenaron a los encausados o instruyen los procedimientos en curso. La oposición ve en ello un "caso flagrante de conflicto de intereses".

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