El pasado 20 de noviembre, este diario informaba por primera vez de las intenciones de Vox por «priorizar a los españoles» en la atención pública. El principio de prioridad nacional emergía entre las reclamaciones a Isabel Díaz Ayuso, que se preparaba para aprobar unos nuevos Presupuestos en la Asamblea y que tumbó toda propuesta de Vox. Desde entonces, los de Santiago Abascal buscan un paso en falso de la presidenta regional con la inmigración, mientras su principio de prioridad nacional, tachado de «ilegal» por Sol, se consolida en los acuerdos programáticos que acaban de sellar el PP y Vox en Extremadura y Aragón.
«Son dos pactos beneficiosos», defienden en el corazón de Vox, donde ven cómo en menos de medio año una de sus propuestas estrella ha pasado de caer en desgracia a abrir portadas nacionales. Una remontada que Isabel Pérez Moñino exprimió ayer en el pleno de la Asamblea, donde buscó de nuevo la contradicción de Ayuso: «Calificó de ilegal la prioridad nacional, pero su partido y el mío la han plasmado en el acuerdo de Extremadura. ¿Cuándo va a demandar al PP de Extremadura?», preguntó la portavoz de Vox, que defiende que «lo lógico es que los españoles vayan primero».
La polémica regularización masiva aprobada por el Gobierno ha devuelto protagonismo a esta medida de Vox, que aboga por situar «a los españoles primero» en la atención en los servicios públicos o a la hora de recibir ayudas económicas. «Ningún extranjero deja a ningún español fuera de absolutamente nada», reivindicó ayer Ayuso para responder a Moñino, a quien le recordó que la Administración madrileña, a diferencia del Gobierno para realizar el trámite de la regularización, exige unos «años mínimos de empadronamiento» para acceder, por ejemplo, a ayudas relativas a la vivienda o a la crianza.
«Aplicamos racionalidad frente a irracionalidad», expresó la presidenta regional para despejar de nuevo la presión de Vox por aplicar una política de prioridad nacional. El cuarto partido de la cámara, no obstante, no descansará en sus intentos y según ha sabido este diario ya se prepara para volver a obligar al PP a posicionarse de manera oficial sobre esta medida. Mientras, los técnicos de la formación se preparan para materializar iniciativas con casos concretos en los que se pueda aplicar la prioridad nacional en aquellos territorios en los que se ha pactado su activación. Los empadronamientos fraudulentos, en este sentido, figuran ya en el objetivo de Vox como primera cuestión a perseguir. Y, mientras tanto, en Madrid seguirán presionando a Ayuso.
Pero la mayoría absoluta que el PP posee y aspira a conservar en la capital hace que las reclamaciones de Vox se vean en Sol como propuestas que no tienen recorrido alguno y que no deben afectar al plan de Ayuso. Lejos de allí, en los equipos negociadores del PP y Vox en Extremadura y Aragón, el punto de entendimiento parece haber sido el concepto del «arraigo» para acceder a ayudas sociales.
«María Guardiola ha entendido ahora que hay que pactar con Vox. En 2023 fue ella quien truncó la alternativa. ¿Será Ayuso la Guardiola de 2026?», se preguntaba públicamente Moñino para tratar de situar a la presidenta madrileña como la única en el PP que no acepta la prioridad nacional. En el seno de Vox se asume como determinante lo que ocurra en Andalucía para el futuro de las relaciones entre las dos fuerzas de la derecha. Pero lo que se da por sentado, creen estas fuentes, es que el plan para «priorizar a los españoles» tendrá buena acogida en las urnas andaluzas.