El acuerdo alcanzado por PP y Vox en Aragón se muestra como el encuentro de un punto de entendimiento común entre ambos espectros ideológicos. Ese era el objetivo de los populares al inicio de las conversaciones y es el escenario en el que la formación liderada por Santiago Abascal comienza a recuperar identidad tras el periodo de crisis que se abrió en sus filas después de alcanzar la cima de su ciclo virtuoso, precisamente, en las elecciones de Aragón.
En la región atravesada por el río Ebro es donde la derecha dura pudo amenazar con mayor contundencia la estabilidad del bipartidismo. Es por ello que, en el documento publicado el miércoles, el ideario de Vox, aplicando el criterio de proporcionalidad, tiene más presencia que la que tuvo en Extremadura y que la que tendrá en Castilla y León. Sin embargo, fuentes de la formación reconocen a este periódico que, pese a esto, "todavía se nos han quedado muchas cosas por incluir".
La base del texto es la inmigración y la aplicación del criterio de "prioridad nacional". Es el apartado que condicionará todos los acuerdos que los dos grandes partidos de la derecha española puedan firmar próximamente y se ve claramente condicionada por el poder nacional que ambos tengan en el futuro. Medidas como el rechazo a la recepción de menores no acompañados, la aplicación del plan de retorno o la modificación de los criterios de acceso a las ayudas públicas chocan directamente con los principios defendidos por el Gobierno de Pedro Sánchez y, para su puesta en marcha, será necesario superar determinados "escollos", indicaba Alejandro Nolasco.
En Vox están "contentos" por haber podido plasmar en el escrito las bases de su programa al respecto de esta cuestión, ya que se ha convertido en un tema troncal para el desempeño político de la formación. Sin embargo, este es un hecho que difiere enormemente de lo defendido en el acuerdo firmado en 2023, el primero en permitir un gobierno puramente de derechas en la historia de Aragón. El documento redactado hace menos de tres años no incluye en ninguna de sus 13 páginas la palabra "inmigración" y no aparece en él ni una sola medida destinada a frenar su avance.
Es cierto que el contexto ha cambiado y, en este periodo de tiempo, en el que Vox gobernó durante un año la región, se ha visto ampliado el número de personas llegadas a Aragón desde otros países (son más de 40.000 desde 2020). Sin embargo, es un dato que sirve como reflejo de la distancia que los de Santiago Abascal han marcado con las cuestiones que en sus inicios le elevaron a la posición de relevancia que hoy ocupa.
En 2023, la insistencia con la expulsión de los inmigrantes ilegales estaba focalizada en la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género (denominada violencia intrafamiliar o machista en el escrito). La oposición a decretos como el de reparto de menores migrantes se concentraba en el rechazo a la "ley del sí es sí" y "la identificación de los violadores que han salido en libertad" por la aplicación de la misma. En ese primer texto, la palabra "mujer" es mencionada en siete ocasiones y se recogen seis medidas para su protección. En 2026, son cero.
Fuentes de Vox explican a EL MUNDO que "la defensa de las mujeres viene implícita al combatir la inmigración ilegal, porque nosotros entendemos que el rechazo a la acogida de menas o el retorno de los ilegales sirve para protegerlas". Además, apuntan que medidas como "el endurecimiento de penas o la aplicación de la prisión permanente revisable para agresores sexuales tienen un mejor encaje en un acuerdo a nivel nacional y no autonómico".
El texto del acuerdo actual tampoco menciona cuestiones como la Memoria y es menos ambicioso con la supresión del catalán en la región. Las medidas que recoge sobre el empleo de la lengua cooficial que utilizan más de 50.000 aragoneses se refieren exclusivamente a la "liberación de su imposición" y a la "supresión del Instituto Aragonés del Catalán".
Dos acciones que limitarían su utilización en la región, pero quedan lejos de lo propuesto en 2023. En aquella ocasión, el documento recogía la "eliminación de las ayudas a entidades sin ánimo de lucro en materia de política lingüística", la "revisión del texto de la Ley 3/2013 de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias" y la lucha "frente a las mentiras y manipulaciones interesadas del nacionalismo catalán excluyente y expansionista".
Con esto, Vox no abandona sus posicionamientos históricos, pero sí redefine prioridades, y el PP no se ha opuesto a ello. Ambos partidos caminarán juntos en Aragón durante los próximos años bajo las premisas ya firmadas y con la "estabilidad" que ofrece la garantía de aprobación de todos los presupuestos de la legislatura.