Vox insiste con la 'ley de nietos' y recurrirá en el Supremo la resolución de la JEC

La formación liderada por Santiago Abascal también pidió la revisión de los contratos adjudicados a las empresas de Palco y Neoris en el extranjero para tramitar los expedientes de los solicitudes de nacionalidad

Pedro Marín

Vox mantiene la 'ley de nietos' en el punto de mira. Después de que la semana pasada trasladara su ofensiva contra la disposición octava de ... la Ley de Memoria Democrática a los gobiernos autonómicos conformados con el PP y a Bruselas, el partido liderado por Santiago Abascal recurrirá ante el Tribunal Supremo la resolución de la Junta Electoral Central (JEC). El escrito del organismo arbitral acordó la petición de que, en las solicitudes que se presenten, quede «suficientemente motivada» la elección del municipio al que se adscriban los nuevos ciudadanos españoles, una resolución que aplauden en Bambú. Aunque no ven con buenos ojos que la JEC se declarara no competente para pronunciarse «sobre las circunstancias que permiten la concesión de la nacionalidad y su procedimiento».

Fuentes de Vox insisten en que la instrucción general de 2022, que firmó la hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, es una «absoluta cacicada y una tremenda ilegalidad», y los procesos de nacionalización a los que ha dado lugar padecen una «opacidad bochornosa». «Es un asalto al censo electoral sin precedentes», zanjan en la formación, y ponen el foco sobre la cita instrucción, dictada en 2022, y la incluida posteriormente en 2024, en la que ampliaban el tiempo para las peticiones de nacionalidad en los consulados a las personas que pidieron cita dentro del plazo permitido inicialmente.

Pero esta decisión no es la única que tomaron este martes, ya que también pidieron al órgano de contratación que revise y anule los contratos del Gobierno con la empresa cubana Palco, y Neoris, cuya sede se encuentra en Miami. Estas compañías fueron contratadas con el fin de agilizar los trámites que requieren los expedientes abiertos a los solicitantes de la nacionalidad española. En este sentido, dirigentes de Vox denuncian que parte de la cadena de custodia del voto emitido por correo fuera de España queda «fuera del control» de las autoridades españolas. «Hay una dependencia brutal sobre los operadores postales extranjeros», censuran.

Ofensiva en todas las instituciones

Estas medidas se suman a toda una ofensiva abierta en todos los frentes institucionales por los de Abascal. La formación ya trasladó la pasada semana que los cuatro vicepresidentes regionales de Vox solicitaron de forma coordinada un informe a los servicios jurídicos de sus respectivos gobiernos autonómicos para estudiar y evaluar una «posible invasión de competencias» derivada de la instrucción general de la ley de Memoria Democrática.

Por su parte, la delegación de Vox en Bruselas también se movilizó hasta en seis vías institucionales de la Comisión Europea. Registró una batería de iniciativas contra la 'ley de nietos': impulsó una petición ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, planteó una pregunta prioritaria a la Comisión Europea, y solicitó un debate sobre el impacto de las nacionalizaciones en el censo electoral. Además, los de Abascal remitieron una carta a todos los eurodiputados y previsto una reunión con la Dirección General de Justicia y Consumidores para denunciar lo que considera una vulneración del Derecho de la UE, acciones que se suman a la denuncia que ya presentó ante la Comisión Europea contra el Gobierno español por la aplicación de esta norma.

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