Tras casi cuatro meses de negociación, PP y Vox sellaron ayer un acuerdo para desbloquear la gobernabilidad de Extremadura. Y con el «compromiso presupuestario de legislatura», dicen. Primer pacto desde que, hace casi dos años, el partido de Santiago Abascal rompiera los cinco ejecutivos autonómicos que compartía con los populares y ambas formaciones iniciaran una senda de desencuentros a la que, ahora sí, se pone fin por escrito. María Guardiola volverá a ser, previsiblemente la semana que viene, investida presidenta de la comunidad gracias al entendimiento alcanzado entre PP y Vox. Gana estabilidad y entrega la gestión de inmigración y el campo, donde la formación de Abascal se pondrá por primera vez a prueba en gestión de áreas de primer nivel. La coalición asume, además, un concepto polémico: «Prioridad nacional» en la gestión de todas las ayudas, incluidas las de vivienda. Frente a la regularización de Sánchez, un mensaje claramente antagónico.
A la espera de que se conozca la distribución de las consejerías del nuevo gabinete que conforme Guardiola, PP y Vox sí avanzaron ayer, en la comparecencia conjunta que convocaron a última hora de la tarde, que los de Abascal asumirán dos consejerías, una de ellas asociada a una vicepresidencia y que ejercerá en primera persona el líder de Vox en esta región, Óscar Fernández. Cumple así el partido más a la derecha del abanico político con la premisa que su líder verbalizó hace un mes, cuando aseguró que asumirían competencias de gobierno. Era la respuesta de Vox a las voces populares que les retaban a asumir responsabilidades. Así lo harán los de Abascal, que cogerán en Extremadura las riendas de dos carteras cruciales en su programa ideológico: Desregulación, Servicios Sociales y Familia; Agricultura, Ganadería y Medio Natural. En los últimos meses, Vox había dibujado su entrada en los ejecutivos autonómicos como una «garantía» para asegurar la puesta en marcha de sus políticas. Y, ahora, tendrá en sus manos esa «garantía» para impulsar el programa en materia de «servicios sociales, inclusión, infancia y familia, juventud, cooperación internacional al Desarrollo» y «agricultura y ganadería, la Política Agraria Común (PAC), regadíos e infraestructuras rurales, caza, pesca, acuicultura, tauromaquia y medio natural». En síntesis, las columnas vertebrales que definen Vox.
La primera de las consejerías que ocuparán los de Abascal, de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, dotará al partido de derecha dura de capacidad para asumir, en cierta manera, competencias en materia migratoria. En la pasada legislatura extremeña, la Consejería de Salud y Servicios Sociales llevaba asociada una «Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia» encargada de gestionar el «Servicio de Programas Sociales y Migraciones». Así, y a la espera de conocer cómo se distribuyen las demás consejerías, se entiende que los de Abascal tendrán capacidad para gestionar la inmigración, dentro de los límites autonómicos. La responsabilidad no será menor: el consejero Fernández tendrá en sus manos el cumplimiento de un programa pactado con el PP que recoge las propuestas de Abascal en materia migratoria. Esto es: se medirá ahora la capacidad de gestión de Vox , la viabilidad de las medidas que propone y, sobre todo, el resultado de estas.
El programa de gobierno cerrado entre los equipos de Guardiola y Fernández, con participación de las direcciones nacionales de ambos partidos en la negociación, contempla un extenso capítulo dedicado a la inmigración en el que, indudablemente, Vox ha dejado su sello. «No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)», firman negro sobre blanco las dos formaciones de la derecha, zanjando así su entendimiento ante el punto que, hace casi dos años, motivó la ruptura de los ejecutivos autonómicos. Abogan las dos derechas por oponerse «por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales».
Pero el acuerdo no se queda ahí, sino que concede a Vox otras victoria en esta materia, como la «prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos». «El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional», recoge también el texto, una textualidad que el partido de Abascal venía abanderando como su reclamación nuclear. Las dos formaciones se han comprometido a «procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio» -eso sí, adecuándose a la legalidad vigente-. Dado que es Vox quien asume las competencias de servicios sociales, ese compromiso de «priorizar» a los «nacionales» en las ayudas estará, en buena medida, en sus manos.
Como también lo estará la gestión de la mayoría de asuntos vinculados con el campo, sector prioritario para Vox. La segunda consejería que asume el partido de derecha dura, unida a lo pactado por escrito en el programa de gobierno, da alas a los de Abascal para impulsar sus políticas agrarias, pues estas han quedado ciertamente recogidas en el acuerdo. «Manifestamos nuestro rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur, en tanto en cuanto no garantice la igualdad de condiciones frente a los productores extremeños», sostienen PP y Vox, que también se comprometen a «no aprobar ninguna medida que perjudique objetivamente al sector primario y lo protegerá activamente -económica, política y jurídicamente- de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde». Dos afirmaciones que llevan la marca Vox y que dan pie a que los de Abascal impulsen en Extremadura sus tesis, asumiendo esta responsabilidad y sus consecuencias.
A cambio de estas cesiones programáticas, el PP extremeño ha arrancado a su futuro socio de gobierno el compromiso de «elaborar y aprobar unos presupuestos anuales», garantizando así de alguna manera la estabilidad de la legislatura. «Gana la democracia», señaló ayer Guardiola que, junto a Vox, celebró el acuerdo.