La defensa quiere conocer qué autorización amparó la incautación del teléfono de Rodolfo Reyes donde aparecieron las conversaciones sobre las supuestas gestiones del exmandatario para el rescate de Plus Ultra
Regala esta noticia Añádenos en Google José Luis Rodríguez Zapatero. (Europa Press)Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín
10/06/2026 Actualizado a las 18:11h.José Luis Rodríguez Zapatero mueve ficha por primera vez desde su imputación en el caso Plus Ultra el pasado 19 de mayo. Su defensa ha ... pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que amplíe la comisión rogatoria dirigida a Estados Unidos para aclarar cómo se obtuvo, custodió y verificó el contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes Rojas, exaccionista de Plus Ultra, cuyo volcado se ha convertido en uno de los principales soportes indiciarios de la causa contra el expresidente.
La defensa pone el foco precisamente en ese salto procesal. Hasta ahora, el material procedente de HSI ha servido como elemento de investigación. Calama quiere que pueda incorporarse al procedimiento y, en su caso, al juicio oral con «plenos efectos procesales». Zapatero responde pidiendo conocer no solo si Estados Unidos autoriza el uso de esos chats, sino cómo fueron obtenidos, con qué cobertura legal, con qué herramienta técnica, por quién y bajo qué garantías.
Moreno Catena explica que la defensa accedió el 9 de junio a unos archivos en formato PDF subidos al Cloud Justicia de las actuaciones, que «contendrían, al parecer, diversas conversaciones mantenidas a través del sistema de mensajería Whatsapp». Según el escrito, esas comunicaciones se habrían producido entre Reyes y varios usuarios de la aplicación, «inclusive en dos chats grupales». Las mismas conversaciones, recuerda, fueron analizadas por la UDEF en marzo en el informe 1908/26, que «propició la llamada al proceso» de Zapatero como investigado.
El letrado subraya que el informe policial se limitó a reseñar de forma «escueta» que HSI había puesto esa información a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción «a través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional».
La petición -no es ningún secreto- apunta al núcleo de la causa en busca de la nulidad del proceso judicial que ha puesto contra las cuerdas al expresidente socialista. Buena parte de los mensajes que la UDEF utiliza para sostener la presunta vía de influencia atribuida a Zapatero proceden de comunicaciones de Rodolfo Reyes y de otros interlocutores de Plus Ultra. Entre ellos figuran referencias como «nuestro pana Zapatero detrás», «Grupo Zapatero» o las conversaciones en las que se plantea que el expresidente pudiera hablar «con alguien en la SEPI» para desbloquear la ayuda pública de 53 millones concedida a la aerolínea.
La defensa sostiene que esas conversaciones han servido no solo para imputar al expresidente, sino también para autorizar las entradas y registros acordadas por Calama en el auto de 18 de mayo y para bloquear sus cuentas. Por eso considera imprescindible que Estados Unidos aporte todos los datos sobre «el dispositivo del Sr. Reyes Rojas, su aprehensión, el método de volcado y la autenticidad de las comunicaciones», así como sobre «la conservación y custodia del dispositivo» al que accedió la policía norteamericana.
El escrito enumera ocho extremos concretos que Zapatero quiere que se incorporen a la comisión rogatoria. Primero, la resolución judicial o la orden administrativa que amparó la incautación, clonado, extracción y análisis del móvil de Reyes. Segundo, el procedimiento o investigación abierto contra él en Estados Unidos. Tercero, los informes y actas de HSI relativos a la extracción telefónica y la autoridad que la practicó.
La defensa reclama además conocer el alcance exacto del volcado: si fue total, parcial, físico, lógico, remoto o selectivo; qué software o herramienta se utilizó; y qué autoridad analizó el dispositivo. También pide los mecanismos de verificación de la integridad de la información, incluidos hashes o equivalentes técnicos y actas de desprecinto y volcado, así como el modo de preservación de la información obtenida y la cadena de custodia hasta su entrega a España.
Los dos últimos puntos se refieren al traslado internacional de la prueba: la defensa pide saber cómo y cuándo se remitieron las evidencias a las unidades policiales españolas, qué comunicaciones previas hubo entre la UDEF y HSI u otra unidad del Gobierno de Estados Unidos, y qué autorizaciones permitieron enviar las conversaciones de Whatsapp a España y usarlas tanto en la investigación policial como en la instrucción judicial.
Moreno Catena invoca expresamente el derecho a un proceso con todas las garantías. Afirma que la «parquedad de información» proporcionada hasta ahora genera «dudas razonables» sobre el respeto al derecho de defensa, la contradicción procesal y la igualdad de las partes. También advierte de que, si no se acreditan la autenticidad, integridad y licitud de las conversaciones, la prueba podría quedar contaminada por un «palmario vicio de indefensión» y ser excluida por vulneración de derechos fundamentales.
El propio auto de Calama situó el origen del material en una investigación transnacional iniciada en 2018 contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada, según la resolución, al «blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos». Dentro de esa investigación, una de las líneas se centró en Reyes, investigado por «blanqueo y evasión de sanciones» mediante sociedades como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank.
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