Zapatero, junto a su portavoz y presidente del Ateneo, Luis Arroyo, en un acto en la institución en 2024.
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN Zapatero debe una explicación inmediata a la opinión pública además de al juez Publicada 13 junio 2026 01:46hLa imagen de José Luis Rodríguez Zapatero sufrió un duro menoscabo cuando el juez Calama lo citó a declarar como investigado, en el marco del caso Plus Ultra, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Pero (y conservando en todo caso intacta su presunción de inocencia), el prestigio del expresidente ha sufrido un daño difícilmente reversible después de que el juez de la Audiencia Nacional haya abierto este viernes una pieza separada en el caso para investigarlo por delito fiscal y de contrabando.
El hallazgo en su despacho de joyas de alto valor cuyo origen "en estos momentos, no está justificado" constituye para el magistrado un "indicio objetivo y racional" de la posible existencia de dos delitos.
Uno contra la Hacienda Pública, al no existir "trazabilidad fiscal sobre la adquisición" del ajuar. Y, como recuerda el juez, unos bienes de lujo como estos "generan necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".
Pero también ha encontrado indicios de un delito de contrabando. Porque los regalos de tal cuantía procedentes de países de fuera de la Unión Europea deben declararse ante la Agencia Tributaria y están sujetos al pago del IVA de importación, fijado en el 21%, además de los aranceles correspondientes sobre su valor real.
Un trámite que no habría cumplimentado el expresidente del Gobierno.
Pero, a efectos del futuro judicial de Zapatero, el aspecto determinante no es tanto el origen de las piezas como su valor.
Porque si la tasación de las joyas, aunque no hubieran sido declaradas, no sobrepasara el umbral de 120.000 euros, el presidente se enfrentaría a una simple infracción administrativa, que podría subsanarse con el pago de una sanción económica.
Pero, si la cuota defraudada excediera ese límite, el expresidente podría haber incurrido en un delito fiscal, castigado con penas de prisión.
Y, a la luz del informe pericial encargado por el juez Calama, este parece el escenario más plausible hoy por hoy.
El peritaje ha determinado de forma preliminar que las 103 piezas de joyería halladas por la UDEF en una caja fuerte en el despacho de Zapatero tienen un valor de más de 1,3 millones de euros.
Sin embargo, el amigo y portavoz de Zapatero, Luis Arroyo, aseguró sin pruebas y hablando en nombre del expresidente que "algún experto" había valorado el lote "entre 30.000 y 50.000 euros".
La tasación del nuevo auto demuestra que Arroyo mintió, cabe presumir que con vistas a trasladar la idea de que Zapatero se enfrentaría en todo caso a responsabilidades penales y no tributarias.
Arroyo ha pedido perdón este viernes "en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero".
Pero es legítimo postular que Arroyo no habría dado esa cifra si Zapatero no le hubiera trasladado que tal era su cuantía.
Es por tanto Zapatero, y no su vocero, quien debería aclarar directamente esta cuestión.
Por lo pronto, como avanzó EL ESPAÑOL (y el juez ha constatado ahora), el expresidente no conserva "ningún documento que acredite el origen de las joyas, su entrada legal en España ni la titularidad formal de los lotes".
Y eso hace inevitable que, aunque la carga de la prueba siga correspondiendo a la acusación, Zapatero esté manchado por la sospecha.
Y con más motivo cuando ha quedado comprobado que ha engañado a los ciudadanos, filtrando falsedades sobre las joyas tanto a través tanto de su secretaria como de su portavoz. El también presidente del Ateneo ofreció una tasación 25 veces menor de lo que realmente valen, y aseguró que provenían de una herencia familiar y de regalos recibidos en viajes.
El expresidente tendrá la oportunidad, los próximos días 17 y 18 de junio en que está prevista su declaración, de entregar a la Audiencia Nacional justificantes sobre la procedencia de estas joyas.
Pero, si no quiere añadirle al descrédito de haberse visto envuelto en un asunto tan escabroso como este el agravante de la ocultación y la mentira, debe dar explicaciones convincentes no sólo al juez, sino también a la opinión pública. Y aclarar cómo se introdujeron las joyas en España; si son fruto de una donación o un regalo (y, en ese caso, de quién); si las alhajas son exclusivamente de su propiedad o de titularidad compartida; y por qué presuntamente eludió los controles y obligaciones fiscales.