La defensa sostiene que la Policía aprovechó el acceso masivo a sus datos para rastrear actividades ajenas a Plus Ultra y denuncia una vulneración de su «intimidad económica»
Regala esta noticia Añádenos en Google José Luis Rodríguez Zapatero en una imagen de archivo. (Ronald Pena/Efe)Melchor Sáiz-Pardo y Javier Arias Lomo
14/09/2026 Actualizado a las 18:16h.José Luis Rodríguez Zapatero ofreció al juez José Luis Calama someterse a una «investigación universal» cuando declaró como investigado el pasado 17 de junio. Tres ... meses después, su defensa libra una El escrito, firmado por el abogado Víctor Moreno Catena, eleva además el tono frente al instructor. La resolución recurrida, afirma, parte de una premisa que «puede constituir una verdadera 'patente de corso'» para dirigir las pesquisas hacia «cualquier actuación personal o profesional de la vida del investigado». Zapatero denuncia que la Policía ha convertido la incautación masiva de correos, WhatsApp, agendas y datos bancarios en una «investigación general» El origen de la batalla está en el rastreo patrimonial efectuado por la UDEF. Según contabiliza ahora la propia defensa, un primer informe examinó prácticamente todos los ingresos de una cuenta de Zapatero durante cinco años: 174 transferencias procedentes de once pagadores, con los importes exactos, sumatorios por cada ordenante y seguimiento posterior del dinero hacia otras cuentas cotituladas. Entre esos ingresos aparecieron tres transferencias por un total de 200.000 euros procedentes de Focus Social Research. Aquella pista terminó desembocando en el controvertido informe 2910/26, dedicado específicamente a las relaciones del expresidente con el Grupo Gloria, conglomerado empresarial peruano que mantenía litigios millonarios con la Administración boliviana. La UDEF sostiene que Focus actuó como sociedad pagadora de unos servicios que en realidad consistieron en gestiones de Zapatero ante altos responsables de Bolivia para defender los intereses del grupo empresarial. Los investigadores reconstruyeron reuniones y contactos con el entonces presidente Luis Arce, miembros de su Gobierno y responsables de Justicia y de la Procuraduría. Uno de los pleitos investigados afectaba a un litigio cifrado en unos 107 millones de dólares. Noticia relacionada