Zapatero, sin respuestas

José Luis Rodríguez Zapatero compareció ayer ante las cámaras de la televisión pública española para ofrecer sus primeras explicaciones a la ciudadanía tras el vídeo ... en el que reivindicaba su inocencia el mismo día, 19 de mayo, en que estallaba el 'caso Plus Ultra' para desolación de los suyos y desconcierto de los ajenos. Desde entonces han transcurrido dos meses, en los que ha mediado su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, en los que su situación procesal no ha variado formalmente pero sí ha empeorado tras los respectivos escritos de confesión del empresario Julio Martínez Martínez y del presidente y el CEO de la aerolínea, que lo señalan como un comisionista que utilizó su influencia para embolsarse una «mordida» del 1% de los 53 millones con que el Gobierno de Pedro Sánchez rescató en pandemia a la compañía de capital venezolano. Sin haber aportado en este lapso al juzgado las pruebas para su defensa que comprometió y con su abogado, un procesalista, focalizado en intentar anular la causa por el material documental obtenido en EE UU, Zapatero no fue este jueves mucho más allá de aquella grabación de mayo y se movió en la entrevista –del todo insuficiente llegados a este punto de la instrucción– entre la exigencia apasionada de que se respete su presunción de inocencia y la petición, más o menos explícita, de que se dé crédito a su palabra. Pero se trata de dos planos distintos. Cualquiera que se ciña a los presupuestos al Estado de derecho debe asumir que es la culpabilidad lo que debe demostrarse, lo que exige a los delatores evidencias de su señalamiento contra el expresidente. Pero eso no anula, miméticamente, que no pueda ponerse en tela de juicio la estrategia del exmandatario socialista de requerir que se confíe en él casi a ciegas. Y cuando resulta evidente, al margen de otros indicios que pesan en su contra, que mintió sobre el presunto origen familiar de las joyas tasadas en 1,3 millones de euros que ayer atribuyó a un «regalo de cortesía» sin aclarar su origen y, lo que es grave, sin comunicar su existencia a Hacienda. Zapatero está en su legítimo derecho a defenderse como considere y corresponde al PSOE decidir hasta dónde se amarra al menguante crédito de quien no solo fue su líder, sino un emblema ético para la izquierda. Pero lo que en ningún caso puede permitirse el ahora presidente Sánchez, y menos para salvaguardar su interés político, es atar a las instituciones que concedieron el rescate a Plus Ultra a las venenosas sospechas de una intervención ilícita de su antecesor.

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