- EXPANSIÓN
Mañana se cumplen 25 años de la intervención de la sociedad de valores Gescartera, que se llevó por delante a la entonces presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Pilar Valiente, y lanzó al estrellato al ecónomo del arzobispado de Valladolid.
El 14 de junio de 2001 la CNMV intervino la agencia de valores Gescartera Dinero y detectó un agujero patrimonial de unos 100 millones de euros (casi 17.000 millones de pesetas).
El caso cobró dimensión política desde el primer momento, ya que la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, era hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, que dimitió seis días después de conocerse la estafa.
Unos 2.000 clientes, en su mayoría pequeños ahorradores, perdieron el dinero que habían confiado a Gescartera, y entre ellos destacaba el gran número de órdenes religiosas e instituciones ligadas a la Iglesia, treinta en total, así como el volumen de los depósitos, sin contar la inversión del arzobispado de Valladolid, retirada en 1999.
Los primeros problemas surgieron en 1993, cuando la CNMV impuso una multa de 128 millones de pesetas, unos 760.000 euros, a Bolsa Consulting, sociedad creada por Antonio Camacho y su padre en 1991, aunque el supervisor optó por no intervenir entonces Gescatera, a la que desde 1998 se investigaba por un descuadre en las cuentas de unos 5.000 millones de pesetas o 30 millones de euros.
La Comisión esperó hasta el 14 de junio de 2001 para intervenir efectivamente Gescartera, según recuerda la agencia Efe.
Tres días después ingresó en prisión el apoderado y principal accionista de la sociedad, Antonio Camacho, y poco después se produjo la dimisión del secretario de Estado, Enrique Giménez-Reyna, hermano de la presidenta de Gescartera.
La relación entre Gescartera y la CNMV quedó patente cuando el vicepresidente del organismo, Luis Ramallo, reconoció que desde su notaría había intervenido como fedatario en documentos de la sociedad de valores, y había recibido regalos por un valor de 12.000 euros.
Más tarde fue la presidenta del organismo, Pilar Valiente, la que admitió que se había reunido en dos ocasiones con los directivos de Gescartera a petición del entonces secretario de Estado, hermano de la presidenta de la empresa, que tuvo que dimitir en julio de 2001.
Valiente hizo lo propio en septiembre de ese año tras aparecer documentos que constataban supuestas intervenciones suyas a favor de la agencia, así como inversiones de "dinero B" de la Iglesia.
De entre todos los afectados, el que se hizo más popular fue Enrique Peralta, ecónomo del arzobispado de Valladolid, que había invertido 1.075 millones de pesetas, algo más de 6 millones de euros, que retiró antes de la intervención tras conocer que la CNMV había visitado las oficinas de Gescartera.
Durante su declaración como testigo Peralta relató que al conocer la visita de miembros de la CNMV en la Semana Santa de 1999, "más de dos años y medio antes de la intervención", retiró el dinero "no porque tuviese un soplo" sino porque, "como cualquier ciudadano asustado", vino a Madrid para sacar todo lo que el arzobispado tenía en Gescartera.
En 2008, después de tres meses y 40 sesiones de juicio oral, la Audiencia Nacional hizo pública su sentencia, que condenó a Antonio Camacho a 11 años de prisión, ocho por apropiación indebida y tres por falsedad documental.
Pilar Giménez Reyna fue condenada a una pena de 3 años y 6 meses de prisión por ser cómplice de un delito de apropiación indebida.
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