- El decreto de 'data center' provocaría la huida de 9.000 millones de inversión
- "El proyecto de decreto de centros de datos del Gobierno es una aberración"
Los Ministerios de Transición Ecológica y Transformación Digital han recibido una montaña de alegaciones contra el borrador de real decreto de centros de datos, un proyecto que ha caído como una bomba en el sector al hacer peligrar inversiones por valor de 69.000 millones de euros.
Las mayores diferencias están en la obligación de suministro eléctrico renovable y en la soberanía tecnológica española sobre los datos gestionados en estas instalaciones, principalmente operadas por los hiperescalares estadounidenses Meta, Google, Amazon y Microsoft.
Entre las alegaciones, figuran las presentadas por ACS, Acciona, Ferrovial y Merlin, cuatro de los grandes promotores de centros de datos del Ibex. Las empresas, que están de acuerdo en que España necesita una base legal para el desarrollo de centros de datos con el fin de filtrar los movimientos especulativos sobre el negocio, creen que la norma se ha hecho de espaldas a las empresas, con vocación de largo plazo.
Los grupos consultados por EXPANSIÓN ven, al menos, tres fallos en el texto que podrían ser corregidos en consenso con el Gobierno. El primero son los periodos transitorios de aplicación de la norma, ya que creen que en seis meses es imposible cambiar un plan de negocio para adaptarse a la normativa. En cuanto a las obligaciones de un 80% de suministro eléctrico renovable nuevo cada hora las 24 horas del día, las empresas advierten de que exigiría un nivel de redundancia energética que haría prácticamente inviables los proyectos a los precios acordados hoy con los clientes.
Además, alegan que la soberanía tecnológica es un objetivo legítimo pero, como la propia Comisión Europea reconoce, hoy es imposible de cumplir.
Las empresas recuerdan que la mayor parte de los clientes con los que han firmado contratos para la comercialización de los centros de datos tienen grados de inversión que deben proteger. Creen que si los números no salen en España, promoverán los mismos proyectos en otros países donde se sientan más seguros.
Los plazos y la retroactividad de la norma son los factores de mayor riesgo, según creen las corporaciones consultadas, que se quejan de que el daño ya está hecho, en relación a los efectos que el borrador ha tenido sobre las cotizaciones en Bolsa.
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, intentó ayer rebajar la tensión asegurando que se está conversando con el sector para negociar un real decreto que esté "equilibrado".
Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, abogó por una regulación que prevenga "efectos negativos para la sociedad", como un alza "muy notable" en el precio de la luz.
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