La OCDE sella el acuerdo sobre el impuesto mínimo global con un régimen paralelo para multinacionales norteamericanas.
La Administración Trump ha obtenido una victoria significativa para el sector corporativo estadounidense. Tras meses de tensión diplomática, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado hoy los detalles del nuevo "Sistema Lado a Lado" (Side-by-Side System), un paquete de cinco componentes que consolida la protección de las multinacionales estadounidenses frente a las disposiciones más agresivas del Impuesto Mínimo Global.
El acuerdo llega tras un ultimátum claro. A principios de 2025, la administración Trump exigió que las empresas estadounidenses quedaran exentas de las reglas clave del pacto -la Regla de Inclusión de Ingresos (IIR) y la Regla de Beneficios Subgravados (UTPR)-. Esta postura fue respaldada por republicanos clave en el Congreso, quienes amenazaron abiertamente con represalias comerciales y fiscales contra empresas extranjeras si no se cumplía esta demanda.
Un acuerdo "histórico" hecho a la medida
Aunque el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, ha calificado el pacto en un comunicado como "una decisión histórica en la cooperación fiscal internacional", para Washington representa un éxito en su estrategia de presión.
El documento técnico confirma que el nuevo sistema funcionará basándose en dos "puertos seguros" (safe harbours) aplicables a empresas en jurisdicciones reconocidas como poseedoras de un "régimen fiscal elegible". La OCDE ha publicado una lista inicial de regímenes calificados bajo este acuerdo paralelo que, hasta el momento, solo incluye a Estados Unidos.
Desactivando la amenaza de la UTPR
El Impuesto Mínimo Global (Pilar II) busca imponer un gravamen del 15% en todos los países para evitar la competencia fiscal. Sus dos mecanismos de ejecución eran la mayor preocupación para Estados Unidos. Por un lado, la Regla de Inclusión de Ingresos (IIR), que Permite al país matriz recaudar impuestos si su subsidiaria en el extranjero tributa a menos del 15%. Por otro lado, la Regla de Ganancias Subgravadas (UTPR), la más polémica para Washington, que permite a un país extranjero recaudar impuestos de una empresa estadounidense si considera que ni la jurisdicción matriz (EEUU) ni el país local están cobrando la tasa mínima.
Con el nuevo acuerdo, al ser Estados Unidos la única jurisdicción actualmente listada como "régimen elegible", se neutraliza la capacidad de terceros países para aplicar la UTPR sobre las ganancias de las corporaciones estadounidenses, blindándolas de fiscalizaciones extraterritoriales.
El paquete negociado asegura que las multinacionales puedan seguir beneficiándose de incentivos fiscales basados en el gasto y la producción, vitales para la política industrial estadounidense.
La OCDE ha establecido una salvaguarda legal para estos "incentivos fiscales basados en la sustancia". Esto significa que los créditos fiscales vinculados a la actividad económica real (como fábricas o I+D) se considerarán como un agregado a los impuestos pagados hasta un límite calculado en función de la nómina y los activos tangibles en la jurisdicción. En la práctica, esto elimina el impuesto adicional (Top-up Tax) que de otro modo se habría cobrado sobre estos beneficios.
Además, respondiendo a las quejas sobre la burocracia, se han aprobado medidas de simplificación contundentes. Por un lado, ha dado luz verde a la salvaguardia de Tasa Efectiva Simplificada (Simplified ETR). A partir de 2027, las empresas podrán usar un cálculo simplificado basado en sus datos contables financieros para demostrar que no tienen obligaciones fiscales adicionales, evitando los complejos cálculos del sistema GloBE completo. También aprueba la extensión del Informe País por País (CbCR). Para garantizar una transición fluida hacia el nuevo sistema, se acordó extender la salvaguarda transitoria de los informes país por país hasta finales de 2027 (originalmente expiraba en 2026).
Con este paquete, la administración Trump no solo ha evitado una guerra fiscal, sino que ha reescrito las reglas del juego internacional para acomodar las particularidades del sistema tributario estadounidense, asegurando que la soberanía fiscal de Washington prevalezca sobre los mandatos globales.
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