La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich. Embajada de Marruecos
Política Albares evita convocar a la embajadora de Marruecos pese a los desafíos de Rabat a la soberanía de CeutaEl Gobierno evita cualquier gesto de protesta formal ante Marruecos pese a que convocó al embajador italiano y retiró a su embajadora en Argentina por agravios menores
Más información:Rabat: el ministro de Asuntos Islámicos exhorta a "liberar las ciudades ocupadas" como Ceuta ante Mohamed VI y su heredero
Alberto D. Prieto Publicada 25 agosto 2026 20:19h Las clavesLas claves Generado con IA
La avalancha de entre 70.000 y 80.000 personas que entraron en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio no ha sido tratada por el propio Gobierno como un mero episodio migratorio.
La activación de la Ley de Seguridad Nacional instala el asalto en el paso previo al reconocimiento de un episodio de guerra híbrida. Sobre todo, tras los reiterados desafíos de varios ministros de Rabat a la soberanía española.
Y sin embargo, el Ejecutivo ha decidido no convocar a la embajadora marroquí a una reunión de protesta formal en la sede de Exteriores.
Pedro Sánchez llegó a calificar los hechos, desde la ciudad autónoma, como “un ataque, una violación de la integridad territorial de España”, “inédito” y “merecedor de la máxima condena”, equiparando lo ocurrido a una agresión directa contra el territorio nacional.
Pero 25 días después, y tras un largo paréntesis vacacional del presidente, el Gobierno ha dado una de cal y una de arena.
Se ha activado por primera vez la Ley de Seguridad Nacional. Se ha declarado oficialmente la crisis como “situación de interés para la seguridad nacional” y ha nombrado un mando único encabezado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con competencias extraordinarias hasta final de año.
En términos de doctrina de seguridad, España se sitúa así, de facto, a un solo escalón de considerar lo ocurrido como un supuesto de guerra híbrida. Porque esa presión masiva sobre la frontera y la “violación de la integridad territorial” trascienden las dinámicas de la migración irregular, como prueba el discurso del Ministro de Asuntos Religiosos ante Mohamed VIeste mismo martes.
A pesar de todo ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha evitado dar el paso diplomático “más obvio”, según las fuentes consultadas: convocar a la embajadora de Marruecos en Madrid, Karima Benyaich, y/o llamar a consultas al embajador español en Rabat.
Fuentes internas del propio Ministerio confirman a este periódico que no se ha producido ninguna citación formal de la embajadora para trasladarle el rechazo español ante el asalto y las posteriores reivindicaciones de su Gobierno sobre Ceuta y Melilla.
Preguntados por esta ausencia de convocatoria, los portavoces oficiales del entorno de José Manuel Albares han eludido contestar. Y se remiten a la única nota difundida por Exteriores, la noche del viernes 21 de agosto.
Karima, la embajadora combativa que se crio con Mohamed VI tras perder a su padre en un atentadoEn ese comunicado se afirma que “Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas frontera de España y de la UE”, que forman parte de “la integridad territorial y de la soberanía de España reconocida internacionalmente” y que son “parte integrante del territorio de la UE”. Se añade que esa posición se ha trasladado “por los canales diplomáticos”.
Agravios menores
Otras fuentes diplomáticas ironizan sobre el “nuevo baremo” de gravedad que parece manejar Exteriores.
“Antes convocan al nuncio o al embajador de Andorra que a la de Marruecos”, resume una de las personas consultadas, en referencia a la rapidez con la que el Gobierno ha reaccionado en otros casos “menores” para llamar a consultas o retirar embajadores.
Cuando el Gobierno de Giorgia Meloni anunció la suspensión temporal de Schengen con España y la reimposición de controles fronterizos para viajeros procedentes del territorio español, vinculando la crisis de Ceuta a la regularización extraordinaria de migrantes, Albares convocó de inmediato al embajador italiano en Madrid.
Calificó las palabras de su homólogo transalpino, Antonio Tajani, de “impropias” y “demagogia partidista”.
En 2024, bastó que Javier Milei insinuara en Madrid que la esposa de Sánchez estaba implicada en corrupción para que España llamara a consultas “sine die” a su embajadora en Buenos Aires. La retiró y exigió “disculpas públicas” al mandatario argentino por su “ataque frontal” al presidente español.
Funcionarios consultados admiten que, “hoy por hoy”, esas dos situaciones “son menos graves que la invasión de Ceuta inducida o consentida por Marruecos o las repetidas declaraciones de sus ministros cuestionando la soberanía de Ceuta y Melilla”.
La respuesta pública se ha reducido a la citada y escueta nota y a mensajes discretos por contactos ministeriales de los que no se ha dado detalles.
Otras fuentes diplomáticas aseguran que “hubo órdenes a las legaciones diplomáticas de España en la UE aquellos días para que no intervinieran” en el debate europeo sobre la crisis de Ceuta.
Se habría pedido que se evitaran promover resoluciones o declaraciones que vincularan directamente la presión sobre la ciudad autónoma con la actuación de Marruecos.
La ido ello, en medio de una ruptura entre los socialistas europeos. España solo logró el apoyo de sus colegas italianos ante el frente común de Meloni con la primera ministra socialdemócrata danesa,Mette Fredereiksen.
Ese silencio de la diplomacia española se interpreta en el cuerpo como parte de la estrategia de preservar la “supuesta nueva etapa” abierta con Rabat en 2022. España apoyó entonces el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, para enjugar la crisis posterior al asalto a Ceuta de 2021, y el reino alauí devolvió a Karima Benyaich a Madrid tras meses de vacío en la embajada.
Rabat: el ministro de Asuntos Islámicos exhorta a "liberar las ciudades ocupadas" como Ceuta ante Mohamed VI y su herederoDesde entonces, la narrativa oficial ha sido la de cooperación “ejemplar”. Sánchez incluso agradeció reiteradamente la colaboración marroquí en el control de la frontera de Ceuta, tras este asalto, y la repatriación de “una inmensa mayoría” de quienes entraron irregularmente en Ceuta.
Albares, también en la ciudad autónoma, describió a Marruecos como “socio fiable” y “no una amenaza” para España.
La crisis de 2026 ha tensionado esa “nueva etapa”. El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, ha reiterado en varias entrevistas que Ceuta y Melilla constituyen un “derecho histórico y geográfico” de Marruecos y que la cuestión “sigue sobre la mesa”. Ha reclamado incluso un órgano de diálogo con España para abordar su futuro.
La escalada verbal dio un salto mayor este martes 25 de agosto, cuando Mohamed VI reapareció junto a su heredero en una ceremonia religiosa en el Palacio Real de Rabat, con motivo del Eid al Maulud. En ese acto, el ministro de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq, reclamó ante el rey “liberar los territorios ocupados de Ceuta y Melilla”, citando a eruditos islámicos nacidos en la ciudad antes de su paso a manos españolas en el siglo XVI.
Se trata de un desafío directo a la soberanía española, formulado en público, ante el jefe del Estado marroquí y el Gobierno. Todo ello en medio de una crisis que el propio Ejecutivo español trata como una violación emergencia de seguridad nacional, para tratar de enderezarse internamente, pero como un mero repunte migratorio, en lo que toca a Rabat.
Mientras tanto, tanto Sánchez como la embajadora marroquí han pasado buena parte de agosto fuera de Madrid. El presidente reapareció este martes en el Consejo de Seguridad Nacional y en el primer Consejo de Ministros tras el receso veraniego, 25 días después del estallido de la crisis, tras haber teledirigido la situación por videoconferencias desde Lanzarote.
Según la información recabada por este periódico, Karima Benyaich viajó a Tetuán poco después de celebrar en Madrid la fiesta por el aniversario de la entronización de Mohamed VI, justo cuando se estaba produciendo la entrada masiva en Ceuta.
Esa misma tarde, la embajadora había convocado a los ministros Fernando Grande‑Marlaska y Elma Saiz a una recepción festiva en su sede diplomática marroquí en Madrid, pero ambos suspendieron su asistencia por los acontecimientos en la ciudad autónoma.
Interior confirmó que Marlaska se quedó “trabajando en el despacho”, mientras Inclusión evitó dar detalles hasta el día siguiente.
Hay constancia de que la embajadora ha participado en actos en el norte de Marruecos en las semanas posteriores, como un festival sobre “la voz de las mujeres” celebrado el 14 de agosto en Tetuán, según vídeos difundidos en redes sociales.
Fuentes diplomáticas insisten en que, en cualquier caso, “la ausencia de la embajadora titular no impide una convocatoria de protesta”.
“Si no está ella, se convoca al número dos, pero se convoca; porque se trata del gesto de protesta, no de ante quién”, resume un diplomático consultado.
Esas mismas fuentes subrayan que la convocatoria de un embajador —o del encargado de negocios— es, en la jerarquía de respuestas diplomáticas, un gesto de enfado “superior a la simple nota emitida por Exteriores 21 días después del asalto y a la tercera vez que el ministro de Justicia sacaba los pies del tiesto”.
Mientras la relación con Rabat se maneja con prudencia, la gestión interna sí ha escalado. El Gobierno ha declarado Ceuta “situación de interés para la seguridad nacional” y ha nombrado un mando único bajo la dirección de Ángel Víctor Torres, que integra al presidente Juan Jesús Vivas, al delegado del Gobierno, al CNI y a los ministerios implicados, con el asesoramiento del Departamento de Seguridad Nacional.
La decisión llega casi un mes después del asalto y supone, según estas fuentes y la oposición, una “autoenmienda” respecto a la posición inicial de Moncloa, que consideró “no necesario ni oportuno” el mando único cuando Vivas lo reclamó desde antes del gran asalto.
Ahora, la declaración permite al Ejecutivo centralizar la respuesta, obligar a las autoridades ceutíes a aportar medios humanos y materiales y movilizar recursos extraordinarios, sin necesidad de votar un estado de alarma o excepción en el Congreso.
En ese contexto, la retórica del Gobierno hacia Marruecos ha oscilado entre la gratitud y la conllevanza.
Sánchez agradeció el viernes 31 de julio la “cooperación reiterada, constante y fluida” de Rabat en la repatriación, destacando que la actuación marroquí “no tiene nada que ver con lo que pasó en 2021” y cargando sus críticas sobre la “insolidaridad” de algunos socios europeos.
Albares insistió días después en que “la voluntad de Marruecos es que hasta la última persona vuelva”, que el país vecino “no ha pedido nada a cambio” y que su colaboración demuestra que es un “socio fiable” y “no una amenaza” para España.
Óscar Puente defendía en medios marroquíes que “Rabat es un socio leal y necesario” y descalificó el “discurso anti‑Marruecos” del PP, mientras Marlaska se felicitó por haber “encauzado la crisis en 24 horas” gracias a la cooperación de Rabat.
Llegó a tachar el episodio de “cosas que pasan” y “quitó hierro” a las reivindicaciones del régimen alauí sobre Ceuta y Melilla, que considera “sin alcance”.
La única voz a medias disonante ha sido la de Margarita Robles. La ministra de Defensa insistió, en su visita a la ciudad autónoma, en que “Ceuta y Melilla no son españolas, son españolísimas”, que “no se tocan” y que cualquier agresión a las ciudades “es una agresión a España en su conjunto”.
Este martes, Robles pidió “disculpas” a los ceutíes que se hayan “sentido abandonados” y advirtió que “lo que pasó el 30 de julio no puede volver a ocurrir”. En su comparecencia ante las Cortes desveló el despliegue de 25 agentes del CNI en Ceuta y defendió que “compartieron y analizaron su información”.
Algo que no encaja con lo defendido por Marlaska. Según el titular de Interior, no hubo reportes de ningún cuerpo oficial advirtiendo del eventual asalto.
Mientras, en el cuerpo diplomático y en la oposición se interpreta la ausencia de convocatoria a la embajadora, las órdenes de silencio a los embajadores españoles y la negativa a que Felipe VI visite las ciudades autónomas como una “muestra de debilidad” y un “riesgo” para la soberanía española.
El temor se alimenta por los precedentes de 2021 —cuando la crisis de Ceuta se cerró con un giro sobre el Sáhara— y de 1975, cuando la Marcha Verde y los acuerdos de Madrid culminaron en la salida española del Sáhara Occidental.
La pregunta que busca respuesta y que deberá aclarar una comparecencia de Sánchez, aun sin fecha, ante las Cortes es si la apuesta del Gobierno por el apaciguamiento —no escalar diplomáticamente un episodio que ha definido como violación de la integridad territorial y emergencia de seguridad nacional— es una estrategia prudente para contener una relación delicada con Marruecos.
O si es una debilidad que puede animar al régimen de Mohamed VI a seguir utilizando la presión migratoria, el discurso sobre los “territorios ocupados” en referencia a Ceuta y Melilla como herramientas de una guerra híbrida de baja intensidad contra la frontera sur de España y de la Unión Europea.