- ANNE-SYLVAINE CHASSANY
El canciller Friedrich Merz respalda la propuesta de invertir una parte de las aportaciones a las pensiones en los mercados de capitales.
El canciller alemán Friedrich Merz ha respaldado un fondo público de pensiones al estilo sueco que invertiría una parte de los salarios de los trabajadores en los mercados de capitales, como parte de unas ambiciosas propuestas para reformar el sistema de pensiones del país, que supone un coste cada vez mayor.
Merz, expresidente de la gestora de activos estadounidense BlackRock en Alemania, declaró el martes: "Los escandinavos lo han hecho, nosotros también lo haremos".
La idea forma parte de las propuestas esbozadas por un grupo de expertos y parlamentarios a quienes el canciller ha encomendado la tarea de encontrar maneras de contener el creciente gasto en pensiones, que representó el 41% del gasto total en bienestar social en 2024, al tiempo que se estabilizan los niveles actuales de las pensiones.
Según la propuesta, una contribución individual obligatoria del 2% del salario "se gestionaría de forma central y se invertiría en los mercados de capitales".
El objetivo es contribuir a garantizar que, a largo plazo, los niveles de las pensiones "vuelvan a aumentar significativamente".
Esta medida sería una novedad para los alemanes, reacios al riesgo y amantes del efectivo, que se han mostrado más reticentes que sus pares europeos a invertir sus grandes ahorros en los mercados de capitales. El sistema basado en el capital se diseñará para garantizar las pensiones e incrementarlas incluso en caso de una grave crisis financiera equivalente a la de 2007, según afirman funcionarios del Gobierno.
"Parte de ese dinero podría invertirse en proyectos de infraestructura", explica a Financial Times Jens Südekum, uno de los economistas que asesora al Gobierno. "Esta es una gran oportunidad para superar los déficits y las deficiencias de los mercados de capitales europeos, que carecen de estos grandes fondos de inversión".
La reforma de las pensiones de Merz forma parte de una revisión del Estado de bienestar alemán de la posguerra, incluida la seguridad social y la atención a la tercera edad. Estos esfuerzos han resultado problemáticos para el impopular Gobierno del canciller, exacerbando las tensiones entre su partido, la Unión Demócrata Cristiana, y sus socios de coalición, los socialdemócratas.
Sentado junto a la ministra de Trabajo del SPD, Bärbel Bas, el martes, Merz afirmó que las recomendaciones conformaban un "concepto global que sólo funciona en su totalidad", y que la coalición se había comprometido a "implementarlo íntegramente". Bas indicó que el Gobierno esperaba aprobar la reforma este año.
En toda Europa, y recientemente en Francia y Reino Unido, las reformas de las pensiones han resultado políticamente tóxicas y han obligado a los gobiernos a rectificar.
El sistema de reparto alemán se enfrenta a déficits cada vez mayores, ya que 16,5 millones de miembros de la generación del baby boom se jubilarán para 2036 y sólo se incorporarán al mercado laboral 12,5 millones de nuevos trabajadores, según el Instituto de Investigación Económica de Colonia.
En 2024, el Gobierno destinó 118.000 millones de euros para cubrir déficit en el sistema, aproximadamente una cuarta parte del presupuesto federal total. Según los economistas, esta proporción podría duplicarse hasta el 50% en las próximas dos décadas.
Otras recomendaciones incluyen vincular la edad legal de jubilación —actualmente 67 años— a la esperanza de vida del país y eliminar los incentivos a la jubilación anticipada. La comisión propuso que, por cada año ganado, las personas deberían trabajar ocho meses más.
Los expertos también sugirieron elevar la edad a partir de la cual las personas que han cotizado durante 45 años pueden jubilarse cobrando la pensión completa, que en la actualidad está en los 64 años. Es probable que los sindicatos se opongan a la medida.
Si bien la comisión bipartidista alemana no logró la unanimidad en todas las medidas, sí consiguió un amplio consenso, lo que debería limitar posibles fricciones y controversias, según Südekum, asesor del ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, quien también es colíder del SPD.
Entre las medidas de la comisión se incluye la recomendación de incorporar a los funcionarios públicos y a los diputados, que actualmente están exentos de cotizar al sistema de pensiones obligatorio.
Los expertos también abogan por una reforma de los llamados "miniempleos" alemanes: trabajos mal remunerados y con bajos impuestos, introducidos durante el mandato del canciller socialdemócrata Gerhard Schröder como parte de las reformas del mercado laboral destinadas a reducir el desempleo masivo.
Aunque el programa contribuyó a impulsar el empleo, los críticos argumentan que ha atrapado a muchas mujeres en trabajos a tiempo parcial con derechos de pensión limitados.
Según Südekum, exigir a los empleadores que paguen la totalidad de las cotizaciones a la seguridad social en estos puestos de trabajo fomentaría jornadas laborales más largas e incrementaría la participación de las mujeres en el mercado laboral formal.
"Dado el amplio consenso existente en la comisión, al Gobierno le resultará difícil aprobar un paquete de reformas que no siga las recomendaciones", afirma.
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