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En todos los ámbitos en los que ha intervenido el Gobierno bajo el pretexto de solucionar una crisis heredada del anterior Ejecutivo del PP o una situación sobrevenida, ha acabado por agravar los problemas preexistentes o creando nuevos donde aparentemente no los había.
El primer aniversario del apagón nacional del 28 de abril de 2025 no ha traído ni las explicaciones largamente esperadas por la sociedad sobre lo sucedido ni las reformas reclamadas por los expertos nacionales e internacionales para evitar que se repita, como ha estado a punto de ocurrir al menos dos veces desde aquel fatídico lunes. Doce meses después, no hay ni rastro de asunción de responsabilidades políticas ni por la imprudente gestión de la red eléctrica (así lo muestran los audios de los técnicos) que dejó a la Península a oscuras más de 12 horas y dio un golpe letal a la reputación de la economía española.
En Moncloa se encendieron todas las alarmas. En esa crisis inesperada, salvo para los que observaban incrédulos la peligrosa operativa del sistema por parte del gestor eléctrico, el Gobierno puso en marcha la estrategia que después ha seguido en otras situaciones límite. A saber, primero negar que pudiera preverse una situación límite y aparentar sorpresa, de inmediato afirmar la imposibilidad de conocer a corto plazo las causas de lo sucedido, posteriormente señalar a terceros como culpables (ya sean las nucleares, las eléctricas, los operadores de tren, los fondos buitre y siempre la iniciativa privada), para finalmente diluir las responsabilidades y las explicaciones en profusos informes técnicos que concluyen que se debió a una multiplicidad de causas.
Es el mismo cronograma utilizado por Óscar Puente tras el accidente de la alta velocidad en Adamuz el pasado 18 de enero, negando desde el inicio que la catástrofe tuviera que ver con deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura férrea, que no ha crecido al mismo ritmo que el aumento de las frecuencias de los viajes en alta velocidad. Las conclusiones del informe de la Guardia Civil y de la comisión de investigación confirman que la rotura de la vía fue la causa del accidente, lo que aumenta las sospechas respecto a la mala gestión de las infraestructuras, que antes del accidente ya acumulaba una lista interminable de incidentes, aunque no de tanta importancia.
Esa táctica de descarga de responsabilidades se ha usado también para justificar el colapso del alquiler provocado por las medidas intervencionistas sobre vivienda desplegadas por PSOE y Sumar, o con el deterioro de la sanidad pública a manos de Mónica García tras haber proclamado reiteradamente desde la pandemia que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo y haber anunciado subidas históricas del gasto en la sanidad, que ahora los profesionales denuncian que no han servido para subsanar las carencias acumuladas durante décadas.
Lo cierto es que a día de hoy los españoles tenemos que pagar la luz más cara para evitar que pueda suceder otro apagón, pero nadie ha ofrecido una explicación convincente de por qué debe ser así cuando el Gobierno ha invertido miles de millones de euros, la mayoría llegados de Bruselas, en fomentar las energías renovables, y aún más esfuerzos propagandísticos en contar las bondades de la transición ecológica.
En todos los ámbitos en los que ha intervenido el Gobierno bajo el pretexto de solucionar una crisis heredada del anterior Ejecutivo del PP (el recurso favorito de Sanchez) o una situación sobrevenida, como el apagón del 28 de abril o el accidente de Adamuz, ha acabado por agravar los problemas preexistentes, o creando nuevos donde aparentemente no los había. Es lo que produce un gobierno que no es capaz de gobernar ni de gestionar lo público, y que está más pendiente de su supervivencia personal y de situarse en lo que creen "el lado correcto de la historia" que por solucionar los problemas reales de los españoles.
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