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Se espera un aluvión de demandas de los propietarios por el decreto, que ha estado en vigor un mes.
Tal como se preveía y como esperaba el propio Gobierno, la mayoría del Congreso de los Diputados rechazó el decreto que prorrogaba dos años todos los contratos de alquiler de viviendas y topaba sus precios impuesto a Pedro Sánchez por Sumar como parte de la respuesta a la guerra en Irán.
El propio presidente admitió tras el Consejo de Ministros del 20 de marzo que dio luz verde a esta polémica medida forzada por su socio de coalición con su insólito plante antes de la reunión del Gabinete que, con toda seguridad, decaería cuando fuese sometido a votación en la Cámara Baja. Y aun así transigió con este despropósito jurídico a sabiendas de que apenas estaría vigente un mes, el plazo máximo para que los reales decretos sean convalidados por las Cortes, y de sus efectos nocivos en un mercado roto precisamente por el intervencionismo de PSOE y Sumar, como es el del alquiler.
Tras la votación de ayer (177 votos en contra de PP, Vox y Junts, frente a 167 favorables), el polémico decreto decae pero no la inseguridad jurídica que se ha agravado debido a su aplicación por un plazo de tiempo tan escaso. Los expertos consultados por EXPANSIÓN anticipan un aluvión de reclamaciones judiciales por parte de los propietarios cuyos inquilinos les hayan reclamado mediante burofax la prórroga de su contrato, como han estado urgiendo reiteradamente los portavoces de Sumar. Una batalla que se puede alargar durante meses hasta que un tribunal superior establezca un criterio definitivo.
Por eso resulta tan irresponsable que Yolanda Díaz, líder de Sumar en el Ejecutivo, instase desde la mesa de la sala de prensa de la Moncloa a la "movilización social" en defensa del decreto rechazado por la Cámara para, según dijo, ganar una batalla "que ya se ha ganado en la calle". Un discurso demagógico que además resulta muy peligroso en un contexto de creciente malestar ciudadano por la crisis de la vivienda, que se ha convertido en el principal problema para la mayoría de los españoles.
Resulta increíble tener que recordar a toda una vicepresidenta del Gobierno que, en una democracia representativa como la que disfrutamos en España, la voz de los ciudadanos se expresa a través de sus legítimos representantes en el Parlamento. Y la mayoría del Congreso, incluidos dos grupos parlamentarios aliados de Sánchez esta legislatura como Junts, que votó en contra, y el PNV, que se abstuvo, le ha dicho el Ejecutivo que no respalda su errónea y dañina política sobre vivienda.
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