El intervencionismo del Gobierno agrava el desequilibrio entre la oferta y la demanda.
Con la subida del precio de la vivienda registrada en agosto, del 15,6% anualizado pese al descenso del total de operaciones de forma continuada desde hace nueve meses, se disipa la expectativa de que se pudiera producir en el corto plazo un destensamiento del mercado inmobiliario. La crítica falta de oferta mantiene la rigidez sobre el coste final de los pisos, con especial intensidad en los situados en ciudades de tamaño mediano.
Debido a ello, aunque la demanda parece ir a la baja no se refleja en los precios de venta, y según los expertos no lo hará hasta que se produzca un aumento significativo de la oferta que permita equilibrarla respecto al crecimiento de hogares que se forman cada año, que multiplica varias veces la tasa de edificación. El Banco de España cifró el déficit de viviendas en 750.000 unidades, mientras que cada año tan sólo se construyen unas 100.000 en nuestro país.
En esta tesitura, de difícil resolución en un contexto de altos costes de construcción y escasa disponibilidad de suelo urbanizable en muchas de las poblaciones donde se producen los cuellos de botella en la demanda de nuevas viviendas, sólo el restablecimiento de la seguridad jurídica podría contribuir a normalizar de forma progresiva la evolución del mercado. Sin embargo, en este ámbito el Gobierno de PSOE y Sumar también acumula una hoja de servicios bastante catastrófica.
Las medidas de corte intervencionista que se han aprobado desde el año 2018 han intensificado la caída de la oferta, sobre todo en el segmento del alquiler, en el que se ha concentrado buena parte de la demanda que no consigue adquirir una vivienda debido a la crisis de asequibilidad por el intenso repunte de los precios. Aunque el Ejecutivo se vio forzado a retrasar a finales de julio el decreto para volver a congelar el coste de los alquileres por falta de apoyo de sus socios, la política dirigista continúa haciendo mella en la inquietud de los propietarios ante la pertinaz falta de seguridad jurídica en la economía española.
PSOE y Sumar siguen buscando apoyos para restablecer la prórroga de los contratos de arrendamiento que decayó el pasado mes de abril pese a las reiteradas advertencias de los expertos respecto a las consecuencias negativas que tendría sobre el mercado. Con esta incertidumbre permanente sobrevolando la regulación de la vivienda, será difícil que quienes hayan retirado sus pisos del segmento del alquiler tradicional vuelvan a ofertarlo.
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