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La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la presidenta de la APV, Mar Chao. Rober Solsona (EP) Anticorrupción investiga a la alcaldesa de Valencia por presunta prevaricación y tráfico de influenciasAbre diligencias contra Catalá y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia por intentar recolocar a extrabajadores del Consorcio Valencia 2007 en entidades del Puerto y del Ayuntamiento
I. Domingo/EP
Martes, 14 de abril 2026, 12:43 | Actualizado 12:56h.
... APV), Mar Chao, por presunta prevaricación, en relación con una supuesta «recolocación» de personal público «a dedo».El caso surge de una denuncia interpuesta por el grupo municipal Compromís de Valencia en relación con la creación de puestos de trabajo en diferentes entidades municipales para personal del Consorcio Valencia 2007, entidad liquidada que gestionaba la Marina y estaba integrada por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento.
En primavera de 2024, cuando el Consorcio estaba en proceso de liquidación, se lanzaron diferentes procesos selectivos en el consistorio, en fundaciones municipales y en el puerto que habrían servido para «recolocar» a determinadas personas. En este sentido, Las Provincias publicó en octubre de ese mismo que los trabajadores del puerto habían acertado ante notario la adjudicación de dos plazas en Valenciaport antes de que se aprobaran.
En un documento notarial al que tuvo acceso Las Provincias, rubricado muchos días antes de que finalizara el proceso de selección, figuraba el nombre de Manuela Gras Navarro para el puesto de subdirectora de Infraestructuras, Instalaciones y Conservación de la APV y el de Alicia Gimeno Uribes para la jefatura de Apoyo a Gestión Económico Financiera. Las dos, que habían tenido cargos de responsabilidad en la Marina, lograron la mejor puntuación en el proceso.
Entonces, el sindicato UGT acudió a los tribunales al entender que se habían favorecido determinados perfiles en la selección de personal, por lo que también recurrió las bases de los distintos procesos.
En el caso de Compromís, su denuncia incorporaba también un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) contra los procesos selectivos de la APV.
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