Antonio, el paciente que reclama 150.000 euros al Servicio Murciano de Salud. Cedida
Reportajes Antonio, el paciente cero de la 'trama de las prótesis' reclama 150.000€ y abre la puerta a 370 denunciantesRamón Cuenca, abogado de la Asociación del Defensor del Paciente, sostiene que a su cliente le pusieron un estent cardíaco "un mes caducado" y es una "grave infracción" del Servicio Murciano de Salud.
Más información: Antonio, carpintero y primera víctima de la trama corrupta de las prótesis: dejó de trabajar tras recibir un implante caducado
Jorge García Badía Publicada 4 julio 2026 03:07hAntonio se niega a vivir como un anciano por culpa de la 'trama de las prótesis' y emprende acciones legales contra el Servicio Murciano de Salud. EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a la reclamación patrimonial presentada por el 'paciente cero' de la trama destapada por la Policía Nacional y que sostiene que Antonio lleva implantada una prótesis cardíaca caducada.
"Mi representado aparece expresamente identificado como el caso paradigmático de producto caducado implantado", tal y como subraya en su escrito Ramón Cuenca, abogado de la Asociación del Defensor del Paciente, especializada en negligencias médicas.
El asunto no es baladí porque le supone al Servicio Murciano de Salud (SMS) sumar un nuevo frente, tras verse envuelto en una causa judicial con 13investigados, algunos vinculados a la sociedad limitada LOGIMED, aunque el grueso afecta a la Unidad de Aprovisionamiento Integraldel SMS y al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.
La trama murciana que utilizó prótesis caducadas como si fueran nuevas en 492 cirugías para ganar 7 millones de eurosLaUnidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional sitúa a Sergio D. M., comercial de LOGIMED, como "piedra angular" de la bautizada como 'trama de las prótesis' y considera que el segundo eslabón es el médico Rubén T. porque era el cirujano cardiovascular que implantaba las prótesis cardiovasculares a sus pacientes. De hecho, Antonio era uno de ellos.
"El informe de la UDEF dedica un apartado específico a la 'facturación e implantación de productos caducados'", según expone el letrado Ramón Cuenca en su reclamación patrimonial.
"En ese informe se concluye que se han facturado al Servicio Murciano de Salud hasta 59 productos caducados de la casa Ivascular, distribuidos por LOGIMED S.L., a través de Sergio D. M. Asimismo, se identifica un caso concreto de un producto caducado implantado, precisamente el de mi representado, ahora reclamante".
"Mi representado, Don Antonio, nacido en 1961, con número de historia clínica 'X' en el Hospital Virgen de la Arrixaca y número de historia clínica 'X' en el Hospital Quirón de Murcia, es uno de los pacientes expresamente identificados en el informe de la UDEF, como víctima de la implantación de un producto sanitario caducado", según remarca la reclamación.
"El informe de la UDEF recoge textualmente: 'En la muestra de 30 intervenciones que se han examinado del doctor Rubén T., se ha hallado un caso en el cual un producto caducado ha sido implantado. En esta hoja de implante, figuran dos prótesis con pegatina y se puede observar su fecha de caducidad, en ambas para febrero de 2022'.
'Conclusión de este caso del informe del Servicio de Inspección: el paciente Don Antonio 'X', con número de historia clínica [...]". "Se le indica intervención de bypass,para la revascularización de miembro inferior izquierdo, por claudicación intermitente invalidante, actuando con disección de trípode femoral izquierdo y se le coloca un stentno cubierto autoexpansible de 6 milímetros'.
'En la hoja de implante aparecen dos stents, con la etiqueta de ambos productos, observándose que ambas fechas de caducidad son de febrero de 2022 y la fecha que se firma el implante es el 21 de marzo de 2022, presuntamente, se ha implantado pasada la fecha de caducidad que establece el fabricante, un mes después'.
Imagen del atestado con los códigos de la prótesis caducada.
La reclamación del despacho Cuenca-López Abogados incluye párrafos del atestado de la UDEF y la imagen de los códigos de la prótesis caducada que -según la Policía Nacional- le implantaron a Antonio: un paciente sexagenario del Servicio Murciano de Salud con una isquemia arterial crónica.
"El informe de la UDEF añade, respecto de este caso en concreto, la trascendencia de la observación de que a diferencia de otras intervenciones del Doctor Rubén T., donde las referencias manuscritas impedían conocer la fecha de caducidad, en este caso concreto: 'Fue descubierto en primera instancia, debido a que ambos productos contaban con pegatina'".
"Lo que convierte la prueba de la caducidad del producto implantado en directa e incontestable", según expone el letrado al Servicio Murciano de Salud, como prueba que verifica el contenido de su reclamación registrada este mismo viernes.
El resultado de esta reclamación podría abrir la puerta para que otros afectados emprendieran acciones legales contra el sistema sanitario público de la Región de Murcia, debido a que el atestado de la UDEF sitúa bajo sospecha 492 operaciones realizadas a 378 pacientes, entre mayo de 2018 y noviembre de 2025.
A lo que se suma que se ha constituido la Asociación de Afectados por Prótesis Sanitarias de Dudosa Calidad en la Región de Murcia. De forma que los miembros de esta plataforma podrían ejercer una acusación particular en la causa abierta en los juzgados por la 'trama de las prótesis' o seguir los pasos de Antonio con una reclamación patrimonial.
Tales opciones son plausibles en opinión del abogado Ramón Cuenca: "Como servicio público que hasta ahora no ha velado por la salud de sus pacientes, una vez que están saliendo los afectados y dada la gravedad del caso, esperamos que asuma sus responsabilidades".
- ¿Qué respuesta espera a su reclamación patrimonial?
- Del Servicio Murciano de Salud espero una actitud colaborativa con la reclamación de mi cliente porque le han destrozado la vida.
Es lo mínimo que espero, que no pongan trabas ni demoren su respuesta porque existe una hoja de implantes que reconoce lo que le han hecho a Antonio y estamos dispuestos a ir por la vía contencioso-administrativa, incluso por la penal si es necesario.
La indemnización que pedimos no arreglará su salud ni le devolverá la calidad de vida, pero le dará una tranquilidad los próximos años porque Antonio se ha tenido que jubilar a causa de lo que ha sufrido.
Ramón cuenca, letrado de la Asociación del Defensor del Paciente, este viernes, en su despacho Cuenca-López Abogados. Cedida
Carmen Flores, presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, se muestra tajante con la trama: "Es una vergüenza que no se hayan producido dimisiones en la Consejería de Salud con el escándalo que se ha destapado y que ha afectado a la salud de muchas personas".
La reclamación establece que Antonio, el paciente 0 de la trama, debe ser indemnizado con 150.000 euros porque tras serle implantado aquel estent en 2022, sus problemas de salud no solo no mejoraron sino que el doctor Rubén T. le operó en otras dos ocasiones y terminó jubilado. En una entrevista con este diario, Antonio explicaba su situación actual sin paños calientes:
"Mis piernas han ido a peor, sigo medio inútil. Esas tres operaciones no sirvieron de nada. Sigo llevando unestent caducado en el cuerpo. No sé si me lo pueden quitar de la arteria porque es muy pequeño. Lo único que sé es que cada vez camino peor. Estoy mal". "Vivo resignado como una persona de 80 años".
En su escrito, el letrado considera un "escándalo" la trama sanitaria de las prótesis y razona su petición de forma contundente.
"La asistencia sanitaria prestada a mi representado por parte del Servicio Murciano de Salud, a través de sus facultativos y del centro concertado Hospital Quirón de Murcia, fue radicalmente defectuosa y contraria a una medicina estándar, y ello por los siguientes motivos: A) Implantación de producto sanitario caducado".
"Constituye una grave infracción de la lex artis ad hoc, la implantación en un paciente de un producto sanitario caducado".
"En este sentido, consta acreditado mediante la documentación acompañada al presente escrito de reclamación patrimonial que al paciente le fue implantado un estent vascular, durante la intervención practicada en marzo de 2022, figurando en la hoja de implante correspondiente que dicho dispositivo tenía establecida por su fabricante una fecha de caducidad en febrero de 2022, es decir, anterior al acto quirúrgico en el que fue utilizado".
Ramón Cuenca expone de forma detallada el historial médico de Antonio, como paciente del cirujano cardiovascular Rubén T., desde febrero de 2022, debido a una obstrucción de la arteria femoral que le llevó a la mesa de operaciones por recomendación de ese médico.
"El facultativo le propuso una intervención quirúrgica para revascularización del miembro inferior izquierdo mediante bypass. Ante la larga lista de espera en el Hospital Virgen de la Arrixaca, el Doctor Rubén T. ofreció al paciente la posibilidad de ser intervenido en el Hospital Quirón de Murcia, centro concertado con el Servicio Murciano de Salud, asegurándole que todo sería igual, que lo operaría él mismo y que la espera sería mucho menor".
"Mi mandante aceptó". "Estando prevista la realización de un bypass, el Doctor Rubén T. practicó en su lugar una angioplastia, con colocación de un estent no cubierto autoexpandible de 6 milímetros, en la arteria femoral superficial izquierda". "La intervención se realizó ese día 21 de marzo de 2022. Por tanto, ambos estents llevaban, al menos, un mes caducados en el momento de ser implantados".
Esquema de la trama de las prótesis que figura en el atestado de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional.
El abogado expone que la salud de su cliente empeoró con la prótesis cardíaca que se la implantó y que la Policía Nacional sostiene que estaba caducada. "Tras la intervención quirúrgica del 21 de marzo de 2022, el señor Antonio no experimentó mejoría clínica alguna, siendo que persistía la claudicación intermitente invalidante". De forma que volvió al quirófano.
El 11 de julio, el cirujano cardiovascular investigado por la trama, le practicó una segunda intervención, consistente en un bypass fémoro-poplíteo. "Durante el postoperatorio, la familia de Antonio advirtió una inflamación anormal en la zona intervenida y así lo comunicó inmediatamente al personal de enfermería".
Para atajar la inflamación se le puso un vendaje compresivo y se le dio el alta a Antonio. La decisión fue desastrosa: "Una vez en su domicilio, mi representado sufrió un dolor insoportable que no cedía con los calmantes pautados, por lo que el 13 de julio de 2022 acudió al servicio de urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca".
"Una vez allí, se realizó eco doppler arterial de miembro inferior izquierdo que evidenció: trombosis completa del bypass fémoro-poplíteo". De modo que en solo 48 horas volvió a la mesa de operaciones por tercera vez: "Mi representado requirió de nueva intervención quirúrgica urgente, llevada a cabo por el propio Doctor Rubén T. para resolver la trombosis".
Desde entonces, Antonio ha declinado volver a operarse para ponerse otro estent y se vio obligado a cerrar su negocio para jubilarse. El escrito de su abogado sostiene que implantar una prótesis caducada "supone una vulneración" de la normativa sobre productos sanitarios, aprobada por el Parlamento Europeo para los países que forman la UE y donde se incluye a España.
Ramón Cuenca es un experto en pleitos sanitarios, como letrado de la Asociación del Defensor del Paciente, y recuerda en su escrito que un estent es una prótesis vascular metálica y queda alojada de forma permanente en el interior de la arteria femoral superficial para mantener la permeabilidad del vaso sanguíneo.
De ahí el riesgo que corre Antonio: "La especial gravedad de esta infracción se sitúa en la circunstancia de que el estent es un producto que queda alojado de forma permanente en el interior de la arteria del paciente, con riesgo potencial de fractura, migración, trombosis tardía o reestenosis acelerada por degradación del material".
"La implantación de un estent caducado –un mes después de la fecha de caducidad fijada por el fabricante- constituye unavulneración directa de las más elementales normas de seguridad del paciente".
"No es un producto de uso transitorio ni un medicamento: es una prótesis vascular metálica cuya función es mantener la permeabilidad del vaso sanguíneo. Su implantación genera una modificación estructural irreversible en el organismo del paciente".
Imagen de un tubo que contiene un estent o prótesis cardiovascular. EFE / Carlos Fernando Méndez
La reclamación a la que ha accedido este diario, abarca 25 páginas, y realiza un repaso a conceptos básicos como en qué consiste una fecha de caducidad o los protocolos que se deben seguir con productos sanitarios implantables a pacientes.
“La fecha de caducidad constituye un elemento esencial de seguridad del producto, delimitando el período durante el cual el fabricante responde de la conservación de sus propiedades físicas, mecánicas, químicas y biológicas, así como de las condiciones de esterilidad exigibles a un dispositivo implantable”.
“Una vez superada dicha fecha, el producto deja de encontrarse amparado por las garantías de seguridad y funcionamiento certificadas por el fabricante, desapareciendo la certeza científica acerca de su idoneidad para el uso clínico previsto”.
"Entre las comprobaciones elementales que integran cualquier procedimiento de implantación de dispositivos médicos, se encuentra la verificación previa de identidad del producto; número de lote; integridad del embalaje; trazabilidad; y fecha de caducidad”.
“Es una obligación básica de seguridad clínica que forma parte de los protocolos ordinarios de uso de productos implantables de alto riesgo". "Consecuentemente, la implantación de un stent caducado no puede considerarse una complicación inherente al procedimiento ni una desviación técnica menor, sino un apartamiento objetivo de las reglas esenciales de actuación profesional".
La Policía Nacional sostiene que la trama cometió un fraude a las arcas públicas de 6.886.738 euros, por la compra de stents vasculares no coronarios, caducados o no homologados, con sobrecostes de hasta un 1.287%. Todo ello, debido a que esos protocolos se los saltaban jefes de servicio, administrativos o sanitarios del Servicio Murciano de Salud.
El letrado Ramón Cuenca también apunta en esa línea porque expone que Rubén T., cirujano cardiovascular de La Arrixaca, se saltó esa obligación con la prótesis que le implantó a Antonio: un paciente "bajo anestesia" y en una situación de "absoluta vulnerabilidad".
"El hecho de que las pegatinas con la fecha de caducidad estuvieran adheridas a la hoja del implante, como constata el informe de la UDEF, demuestra que el defecto no era un vicio oculto imprevisible, sino una circunstancia objetiva, visible y verificable por el facultativo que implantó el producto".
"La inobservancia de este deber por parte del Doctor Rubén T. y por ende, del propio Servicio Murciano de Salud, constituye una infracción directa de la lex artis que, a diferencia de los casos de defectos de fabricación imprevisibles, era evitable con el simple examen visual de las pegatinas del producto".
Un acceso al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. Marcial Guillén / EFE
Tales reflexiones llevan al letrado a recordar que su paciente sufrió tres operaciones en solo cuatro meses, como consecuencia de una "decisión médica contraria al plan quirúrgico informado al paciente". Esa decisión se produjo en la primera intervención de marzo de 2022.
“Mi mandante fue informado de que se le practicaría un bypass y no una angioplastia con estent. El cambio de técnica quirúrgica sin consentimiento informado previo específico, constituye una infracción del artículo 8 de la Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. A mayor abundamiento, el stent que se implantó en lugar del bypass estaba caducado".
Una y otra vez, la reclamación alude a la prótesis cardíaca pasada de fecha. Prueba de ello es que el letrado subraya que Antonio vive con incertidumbre. "Portador de un stent caducado, alojado permanentemente en su organismo, con graves riesgos futuros indeterminados. En este sentido hay que hacer especial hincapié en los no pocos riesgos derivados de la implantación de un stent caducado”
“El hecho de que el stent caducado se implantara en sustitución de un bypass –que era la intervención para la que mi representado había prestado consentimiento informado- y que la intervención resultara clínicamente ineficaz, obligando a una segunda cirugía apenas cuatro meses después, constituye un indicio más que razonable de que el producto caducado no cumplió su función terapéutica”.
Ramón Cuenca también incide en el "impacto psicológico" que ha sufrido su cliente tras el "conocimiento sobrevenido" de que sus datos figuran en el atestado policial como el paciente 0 de la 'trama de las prótesis'. Tal cuestión le genera un sentimiento de "incertidumbre" sobre "las consecuencias futuras que ello pueda tener para su salud” por "la pérdida de confianza en el sistema público de salud y en los profesionales sanitarios que le atendieron".