La madrugada del miércoles, a 6.700 kilómetros de distancia y siete horas de diferencia horaria, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, cenaba en Chicago con altos mandos de la Sociedad Americana de Radiología cuando se enteró de la crisis desatada en el Hospital de Torrejón. Su gestora, Ribera Salud, implosionaba tras salir a la luz un audio en el que su CEO, Pablo Gallart, pedía ampliar las listas de espera para mejorar los resultados económicos del grupo. Un misil directo a la línea de flotación de la Sanidad autonómica, cuyo modelo de gestión público-privado es desde hace años la base de las críticas de la izquierda regional contra Isabel Díaz Ayuso.
Durante las 48 horas posteriores, mientras hasta el presidente del Gobierno arremetía contra Ayuso por este escándalo y Gallart presentaba su dimisión, la Comunidad de Madrid guardó perfil bajo y envió un grupo de trabajo a Torrejón para analizar la situación en el hospital. Y ayer, con los datos favorables sobre listas de espera, contrataciones y valoración de experiencia asistencial, Ayuso rompió su silencio para responder tajante: «Cualquier mala práctica será erradicada con contundencia. Con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, con responsabilidad y coherencia».
Unas palabras pronunciadas en un momento simbólico -durante el acto por el Día de la Constitución- con las que en Sol buscan dar por zanjada esta crisis, a pesar de que la izquierda madrileña promete seguir dando la batalla hasta que Ayuso «desmonte» el modelo de concesiones. El PSOE elevará esta cuestión al Parlamento Europeo, Más Madrid presentará una denuncia ante la Fiscalía y hasta Vox, que hoy se muestra enfrentado completamente con el Partido Popular, ve con buenos ojos la creación de una futura comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que sirva para depurar responsabilidades políticas.
Pero en al Comunidad de Madrid rechazan día de hoy que el caso pueda escalar hasta el punto de afectar a la continuidad de Matute -premiada esta semana en Chicago por su trayectoria profesional y que tiene la máxima confianza de Ayuso- y mucho menos de tener que replantear el modelo sanitario madrileño, que hoy cuenta con cuatro hospitales públicos gestionados por Quirón y uno, el de Torrejón en el punto de mira, por Ribera Salud.
Eso sí, la «contundencia» que ha fijado Ayuso podría llegar incluso a estudiar acciones legales para salvaguardar los estándares de calidad de los que presume Madrid sobre su Sanidad. Ayer mismo Ayuso remarcó que el sistema madrileño de salud es «de los mejores del mundo», y que la región cuenta con una de las esperanzas de vida más altas. Pero avisó: nada ni nadie, «ningún negocio o interés», estará por encima del tratamiento adecuado a un paciente o profesional sanitario. «Esto es algo de lo que siempre nos hemos ocupado, y no dudaremos, llegado el caso, en actuar con contundencia, desde la Comunidad de Madrid», aclaró Ayuso. «Tenemos unos grandes profesionales».
La inspección ordenada por la Consejería de Sanidad no ha terminado, pero los primeros informes elaborados generan relativa tranquilidad en la Comunidad de Madrid, donde se muestra «rechazo absoluto» por los comentarios del ya ex CEO de Ribera Salud, revelados por El País, pero se defiende con datos «objetivos» el trabajo de los profesionales sanitarios en este centro hospitalario de Torrejón.
Estos medidores contrastan con la «campaña» que Sol denuncia por parte de la izquierda.La lista de espera en consultas es de 32 días frente a los 60 de media en los hospitales de su categoría; para intervenciones quirúrgicas es de 48 días frente a los 42 del resto de centros, y en pruebas diagnósticas es de tres días, mientras que la media es de 57 días. La nota que recibe la experiencia asistencial es de 8,5.
Cifras «satisfactorias» para la Administración madrileña, donde aseveran que nunca se ha recibido queja alguna sobre este hospital, pero insuficientes para la izquierda, que acusa a los grupos gestores de estos hospitales de «forrarse» a costa de la salud de los madrileños. El PP cree, por el contrario, que el Ministerio está amplificando esta polémica para generar una «cortina de humo» que difumine la huelga de médicos convocada la próxima semana en toda España contra la reforma del estatuto marco.
A esto se añade que la inspección encargada por la Consejería de Sanidad descartó ayer que se haya reutilizado productos de un sólo uso. Estos hechos supondrían, a ojos del PSOE y Más Madrid, un posible delito, por lo que ambos partidos anunciaron que acudirían a Fiscalía. La auditoría enviada por la Comunidad de Madrid al Hospital de Torrejón, no obstante, no encuentra «ninguna evidencia» que corrobore esta tesis tras revisar registros, verificar el material almacenado e inspeccionar el área de residuos.