Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí, Enrique Fernández e Isaac Pola, responsables políticos del accidente en la mina de Cerredo

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Covadonga Tomé y Laura Tuero, durante la rueda de prensa. Alex Piña Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí, Enrique Fernández e Isaac Pola, responsables políticos del accidente en la mina de Cerredo

El borrador de la comisión pide también la reprobación del jefe de sección Alberto Quirino, del jefe de Servicio Santiago Berjano y del secretario general técnico Gonzalo Martín Morales y reclama anticipos de indemnización para las víctimas

Ana Moriyón

Martes, 21 de abril 2026, 14:33

... para depurar posibles responsabilidades por la gestión del Gobierno del Principado que pudiera haber desembocado en trágico accidente en la mina de Cerredo. El documento, de 64 páginas y hecho público esta mañana por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, presidenta de la citada comisión, también propone la reprobación de varios responsables técnicos: el jefe de sección Alberto Quirino, el jefe de servicio Santiago Berjano y el secretario general técnico Gonzalo Martín Morales.

Cuatro cargos políticos

Los cargos políticos concentran, en primer término, las principales responsabilidades por fallos de supervisión y control. Así, la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí Gutiérrez, consejera de Industria entre agosto de 2023 y 2025, hasta poco antes de que tuviera lugar el fatal accidente, es reprobada por no haber ejercido una «supervisión política reforzada», por no impulsar «ningún tipo de auditoría» y por mantener una estructura «insuficiente para el adecuado control». Por su parte, Enrique Fernández Rodríguez, ahora presidente de Hunosa, comparte estas responsabilidades por su etapa al frente de la Consejería durante el primer Gobierno de Adrián Barbón (2019-2023).

Con respecto a Isaac Pola Alonso, quien fuera viceconsejero de Industria en el momento del accidente, incurre según el borrador presentado en responsabilidad por no ejercer una «fiscalización reforzada y efectiva» y por contribuir al «aval, consolidación o tolerancia administrativa» de los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC). Finalmente, Belarmina Díaz Aguado, quien fuera directora general de Minería entre 2017 y 2019 y consejera de Industria en el momento del accidente, y que presentó su dimisión días después de aquel suceso, es reprobada por «haber autorizado, suscrito o validado resoluciones administrativas» que permitieron la continuidad de actuaciones extractivas en un contexto de cierre, por «haber otorgado transmisiones concesiones sin que conste una comprobación suficientemente rigurosa», por «no haber promovido la revisión técnica y jurídica exhaustiva» y por «no haber activado mecanismos extraordinarios de control», contribuyendo además a un modelo de actuación basado en una interpretación «extensiva o materialmente laxa» de los PIC.

Tres responsables técnicos

En el plano técnico, el secretario general técnico Gonzalo Martín Morales de Castilla es señalado por haber generado un «marco de pseudolegalidad» al promover una figura «no regulada expresamente» y que facilitó la autorización de actividades mineras sin cobertura normativa, en referencia a los PIC y al jefe de sección Alberto Quirino Vázquez Martínez se le acusa de no «percatarse de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal» ni detectar elementos «perceptibles» que evidenciaban actividad clandestina. Por su parte, al jefe de servicio Santiago Berjano Serrano se le reprocha haber validado actas por el inspector Vázquez sin cuestionar su metodología y por lo tanto de la «omisión de dirección efectiva y planificación de la inspección».

En cuanto a la reprobación de estas siete personas, Tomé quiso aclarar que no se trata de un mero gesto político, sino de una censura formal con consecuencias tanto en el ámbito político como en el funcionarial. Recuerda que la reprobación implica declarar que esas siete personas han incurrido en responsabilidades relevantes y que su actuación no ha sido adecuada en el ejercicio de sus funciones. Así, advirtió, en el caso de los cargos políticos, supone instar a que «quien tiene que actuar en consecuencia» adopte medidas, lo que en la práctica implica que «deben ser cesados de los puestos que ocupan». En el ámbito del funcionariado, aunque no se plantea en términos de dimisión, entiende que la reprobación sí conlleva que la Administración debe actuar conforme a los procedimientos internos previstos —disciplinarios o de reorganización— para depurar responsabilidades, dado que los empleados públicos «tienen el deber de velar por el cumplimiento de la legalidad».

La Administración, «responsable institucional»

Además, el borrador del dictamen presentado esta mañana por la diputada Covadonga Tomé fija también a la administración del Principado como «responsable institucional» por el incumplimiento de la obligación de verificar la solvencia de la empresa concesionaria (Blue Solving), permitiendo el acceso al dominio público minero sin garantías técnicas ni económicas suficientes. A ello se suma la falta de reacción ante incumplimientos graves, como la no constitución de la garantía financiera exigida, que no derivó en la apertura de un procedimiento sancionador que podría haber supuesto la caducidad de la concesión.

Asimismo, el informe destaca la autorización de instrumentos sin cobertura legal, como el Proyecto de Investigación Complementaria (PIC), aprobado «sin evaluación ambiental» y en contradicción con resoluciones previas de cierre, lo que evidencia una «incoherencia sistemática en la gestión de autorizaciones concurrentes». Por otro lado, se subraya una «deficiencia estructural del sistema de inspección minera», sin planificación adecuada y con metodologías cuestionables, que «favoreció la continuidad de actividades clandestinas con escaso riesgo de detección». A ello se añade el grave desorden en los expedientes administrativos, que incumple las exigencias legales y dificulta tanto el control parlamentario como la tutela judicial. La propia Tomé aseguró incluso que la documentación recibida por la comisión por parte de la consejería no era un expediente sino «un montonín de documentos, deslavazados, sin un índice, sin un orden». Finalmente, también se atribuye responsabilidad al Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), cuya actuación, aunque indirecta, «contribuyó» a la conformación «del contexto administrativo favorable en el que se desarrolló el proyecto empresarial asociado a Cerredo», tal y como recoge el documento.

Las recomendaciones

El borrador recoge una amplia lista de recomendaciones, que divide como inmediatas, a corto plazo y estructurales. Entre las primeras, destaca la necesidad de que el Gobierno del Principado ofrezca «anticipos de indemnizaciones» a las víctimas y sus familias. Tomé asume en ese sentido que «la justicia tiene sus tiempos», pero considera inaceptable que las familias tengan que esperar años para recibir una indemnización, recordando incluso que las víctimas del primer accidente de 2022 aún no han recibido ningún tipo de compensación económica. «Es una medida factible, absolutamente necesaria y hay antecedentes. Y si no los hay, hay que inventarlos», dijo.

Además de indemnizar a las víctimas, el borrador plantea una batería de medidas urgentes para corregir las deficiencias detectadas. Entre ellas, propone suspender de forma inmediata los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC) por carecer de cobertura legal suficiente y revisar todos los actualmente vigentes para detectar posibles irregularidades. También reclama la apertura de los procedimientos sancionadores pendientes, la reorganización y digitalización de los expedientes mineros —actualmente desordenados— y el traslado del dictamen a la Fiscalía para que valore la existencia de posibles responsabilidades penales. A corto plazo, se plantea reforzar el sistema de control mediante la implantación de inspecciones sorpresa y planificadas, la elaboración de un plan anual de inspección con objetivos medibles y la publicación de sus resultados. Asimismo, se propone mejorar los mecanismos de detección de actividad irregular mediante el cruce de datos operativos, reforzar los medios y la estructura de la inspección minera y garantizar una coordinación efectiva con los agentes de medio natural.

Finalmente -recoge El Comercio-, el dictamen aboga por reformas de mayor alcance, como la aprobación de una normativa minera propia en Asturias, la actualización de la legislación estatal —considerada obsoleta— y el refuerzo de la transparencia mediante la creación de un registro público de concesiones y autorizaciones. El objetivo de conjunto es avanzar hacia un modelo más riguroso, transparente y eficaz que evite la repetición de hechos como los investigados.

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