- K.FERRERO Alicante
El Ayuntamiento, contra las cuerdas para afrontar una indemnización que se remonta a un convenio urbanístico del año 2003 con empresas de la familia Murcia Puchades.
La capital turística de la Costa Blanca afronta el reto de pagar una indemnización de 350 millones sin sacrificar servicios y sin ser intervenido, una cifra que dobla el presupuesto municipal de 146 millones.
Tras agotar todas las vías y con una sentencia firme las alternativas pasan por negociar el pago, pedir ayuda a otra administración superior, lo que podría derivar en intervención, o ambas. La pelota está ahora en el tejado de los técnicos municipales y de sus dirigentes políticos que buscan la solución menos mala.
El alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, el popular Toni Pérez, descartaba la quiebra o la intervención del Estado, preguntado tras una rueda de prensa, confiando en la capacidad de la ciudad, mientras que la oposición socialista pedía su dimisión y la intervención del Estado para evitar la parálisis de la ciudad.
Un contencioso de más de dos décadas
El origen de este conflicto se remonta a un convenio urbanístico de 2003 que el Ayuntamiento no cumplió en los cinco años estipulados y prorrogó en 2010 y 2013.
Este acuerdo compensaba en otros terrenos del municipio, el aprovechamiento urbanístico de varias parcelas del sector APR-7, que quedaron integradas en 2005 en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Serra Gelada, propiedad de las empresas Murcia Puchades Expansión y Urbana Villajoyosa 2000, de la familia Murcia Puchades.
Ante el incumplimiento, en 2015 pidieron una compensación económica o en especie de 283 millones y en 2018 acudieron a la justicia. El TSJCV sentenció en 2024 que los compromisos eran válidos, en contra del Ayuntamiento y de un tribunal de primera instancia, y añadió a los 283 millones los intereses. La sentencia se convirtió en firme cuando el Tribunal Supremo no admitió un recurso del Ayuntamiento y después de que esta semana el Constitucional no haya admitido un recurso de amparo.
En paralelo, el Ayuntamiento de Benidorm abrió otras vías judiciales defendiendo que los convenios eran nulos de pleno derecho y, aunque un tribunal de primera instancia le dio la razón, esta semana se la quitado de nuevo el TSJCV argumentando su validez.
A la búsqueda de fórmulas de pago se suma la decisión de recurrir o no esta última sentencia en los 30 días de plazo.
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