- ANDRÉS STUMPF Bruselas
La Comisión Europea considera un problema la falta de transposición en tiempo y forma de la normativa comunitaria a las legislaciones nacionales. El 70% de los procedimientos de infracción que abre contra países se debe a ello.
La Comisión Europea acelera sus acciones contra los Estados miembros que no transponen al derecho nacional las reglas adoptadas a nivel comunitario. Ayer, en un macroanuncio que involucró a numerosos países, Bruselas anunció la apertura de ocho expedientes a España.
Los procedimientos de infracción abiertos a España corresponden a las siguientes áreas y normativas no transpuestas:
1. Por la directiva que busca garantizar condiciones de vida adecuadas y comparables para quienes solicitan protección internacional.
2. Por la directiva diseñada para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos frente a acciones judiciales infundadas.
3. Por la directiva que actualiza la lista de delitos ambientales y endurece las sanciones.
4. Por la directiva que tiene como objetivo hacer más atractivos los mercados públicos de capitales de la UE para las pequeñas empresas.
5. Por la directiva que introduce modificaciones en el riesgo de contraparte en transacciones de derivados.
6. Por la directiva sobre la eficiencia energética de los edificios, clave en la descarbonización inmobiliaria.
7. Por no transponer tres directivas que regulan exenciones sobre el uso de plomo en algunos componentes.
8. Por dos directivas que establecen requisitos mínimos para el funcionamiento e independencia de igualdad.
En todos estos casos, la Comisión ha enviado una carta de emplazamiento, y España dispone ahora de un plazo de dos meses para responder y completar la transposición de estas normas. De no recibir una respuesta satisfactoria, la Comisión podría proceder al siguiente paso y emitir un dictamen motivado, el paso previo para acabar denunciando al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que puede imponer multas hasta que se subsane el incumplimiento del derecho comunitario.
Esta apertura de expedientes a España y otros Estados miembros -ninguno se salva de contar con al menos un nuevo procedimiento de infracción- es el primer movimiento dentro del plan del Ejecutivo comunitario de acelerar los procesos contra los países que no adoptan las reglas europeas, algo que, según la Comisión Europea, es una infracción grave porque "priva a ciudadanos y empresas de sus derechos y ventajas". En esa iniciativa, la Comisión Europea plantea reforzar la cuantía de las multas, pero, sobre todo, reducir el tiempo desde que se le notifica la infracción hasta que llegan las multas del TJUE.
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