- ANDRÉS STUMPF Bruselas
El país acumula un retraso en la remisión de un documento clave sobre las medidas a adoptar ante crisis eléctricas, a poco más de un año del gran apagón sufrido en la Península Ibérica.
La Comisión Europea tira de las orejas al Gobierno. Bruselas ha decidido abrir un expediente a España por no actualizar su plan de preparación frente a riesgos en el sector eléctrico, como potenciales apagones. El documento, clave para garantizar que la estrategia del país es eficaz contra posibles crisis eléctricas, debía remitirse como tarde el pasado 5 de enero.
Tras casi 10 meses de retraso, el Ejecutivo comunitario ha decidido tomar cartas en el asunto e iniciar lo que se conoce como un procedimiento de infracción.
El plan de preparación ante riesgos eléctricos, que España no ha entregado en tiempo y forma, es un documento europeo en el que cada país detalla todas las medidas previstas o adoptadas para prevenir las crisis eléctricas, prepararse para ellas y mitigarlas en caso de que llegaran a materializarse. Bruselas detalla que esto debe incluir medidas frente a interrupciones del suministro provocadas por fenómenos meteorológicos extremos, ciberataques, escasez de combustible u otros motivos.
Los planes deben actualizarse cada cuatro años.
La Unión Europea entiende que la preparación frente a crisis eléctricas trasciende la preocupación nacional para convertirse en un asunto comunitario, pues, cuando se producen situaciones como apagones o hackeos, estos suelen tener un efecto transfronterizo.
"Los incidentes de gran magnitud, como las olas de frío, las olas de calor o los ciberataques, pueden afectar simultáneamente a varios países de la UE. Los planes de preparación ante riesgos se basan en escenarios de crisis regionales y nacionales, garantizando que, en caso de crisis, el suministro eléctrico se dirija a donde más se necesite", expresa el Ejecutivo comunitario en su comunicado.
El expediente a España toma una magnitud especial teniendo en cuenta que llega después del gran apagón que sufrió la Península Ibérica a finales de abril del pasado año. Pese a ello, la Comisión Europea no vincula en su comunicado el retraso en enviar los planes ni insta a una urgencia especial por ello frente a otros Estados miembros.
De hecho, España no es el único país al que Bruselas le ha abierto expediente hoy por este motivo. Francia y Bélgica también han visto cómo la institución presidida por Ursula von der Leyen les llamaba a capítulo. Ahora, los tres países contarán con dos meses para presentar pruebas de que todo está en orden, pero, si Bruselas considera insuficiente el compromiso, podría avanzar en el procedimiento con la siguiente fase, que pasa por la emisión de un dictamen motivado.
En último término, si se prolonga la infracción, este proceso puede acabar con la Comisión Europea llevando a los países infractores ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) e incluso derivar en potenciales multas.
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