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El organismo de control del Reino Unido suele adoptar una postura firme ante la reducción de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, pero esta vez se está manteniendo en segundo plano..
Medio siglo después de perder su monopolio sobre las telecomunicaciones de Reino Unido, BT Group sigue ejerciendo una gran influencia. Su ofensiva sobre TalkTalk, un rival de banda ancha endeudado y bajo administración concursal, así lo demuestra.
Aunque las cifras financieras de la operación son modestas para los estándares del gigante británico —un coste en efectivo de 400 millones de libras a cambio de hacerse con 1200 millones de libras en ingresos—, la cuestión clave radica en que el Gobierno está ejerciendo sus facultades para evaluar "el interés público general" cuando la Autoridad de Competencia y Mercados haya emitido su informe sobre los riesgos para la competencia.
Cuando se complete la operación, la cuota de BT en la base de clientes minoristas aumentará del 31% al 36%. Dependiendo de la métrica utilizada, controlará entre el 65% y el 90% del mercado mayorista. Sin embargo, en virtud de la denominada notificación de intervención pública, la Autoridad de Competencia y Mercados no examinará la transacción mediante su habitual y prolongado proceso de consulta; en su lugar, dispondrá de dos semanas para presentar sus conclusiones.
Una de las justificaciones para ello es la idea de que, si TalkTalk desapareciera, se eliminarían servicios esenciales —desde los de las autoridades sanitarias hasta los semáforos— que dependen de TalkTalk para su conectividad. BT, como importante proveedor de infraestructuras en Reino Unido, ofrece sin duda garantías de fiabilidad en este aspecto.
No obstante, y de forma inusual, la compañía británica de telecomunicaciones aparece implicada en múltiples vertientes de esta operación. TalkTalk, al igual que muchos proveedores de banda ancha, depende de la infraestructura física gestionada por BT Openreach —una división de BT jurídicamente independiente—, por la que paga hasta 80 millones de libras al mes.
Por su parte, BT podría argumentar que no había nadie más capaz de adquirir TalkTalk. Se trata del desenlace acelerado de una larga agonía. TalkTalk llevaba tiempo atravesando dificultades, recurriendo constantemente a sus sufridos prestamistas e inversores para que siguieran inyectando capital. Varias propuestas de acuerdo no llegaron a buen puerto, y otras operaciones menores —como la venta de paquetes de clientes— apenas tuvieron repercusión.
La posición de BT en el ecosistema, sumada a la relevancia de la labor que desempeña, hace que resulte difícil imaginar un desenlace distinto para TalkTalk.
Sin embargo, esto ha colocado a la CMA en una situación comprometida. El organismo de control suele adoptar una postura firme ante la reducción de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones; por ejemplo, todo apunta a que se decantará por bloquear la operación propuesta por los propietarios de Virgin Media O2 para adquirir a un competidor.
Que en esta ocasión se mantenga en segundo plano por requerimiento del Gobierno puede suponer un alivio para los atribulados inversores de TalkTalk. Sin embargo, esto plantea una cuestión inevitable: si TalkTalk era tan esencial, ¿por qué los organismos reguladores no intervinieron antes para garantizar su viabilidad financiera o para asegurar la existencia de otros posibles compradores más allá de BT en caso de extrema necesidad? Tal como están las cosas, el riesgo de una menor variedad de oferta y precios más altos apenas beneficiará al resto de las partes interesadas.
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