- Semana clave para el Gobierno: ayudas al carburante, decreto de vivienda y fondos UE
- El dilema con la rebaja fiscal en carburantes
- Editorial. Nubarrón inflacionario sobre la economía
El Gobierno dispone de menos espacio fiscal que en abril para reforzar el "escudo social".
El repunte de los precios a causa del fuerte encarecimiento del petróleo durante los meses de verano va a forzar al Gobierno a aprobar más medidas con las que modular su impacto sobre hogares, autónomos, empresas y profesionales del campo.
Desde La Moncloa adelantan que no será una mera prórroga del paquete de ayudas vigente hasta el próximo día 30. Lo cual se debe a que su eficacia ha sido ciertamente limitada en las últimas semanas porque la subida del coste de los carburantes ha sido mayor a la prevista por el Ejecutivo a comienzos de la crisis geopolítica.
De hecho, el alza del precio del diésel en agosto duplicó el porcentaje del 15% marcado por Economía para la reactivación del subsidio máximo, y es previsible que cuando se haga público este martes el dato adelantado del IPC de septiembre, justo antes del inicio de la reunión semanal del Consejo de Ministros, el aumento del coste de los carburantes, en especial de la gasolina, que este mes ha tenido una ayuda menor, también haya sido superior a esa barrera.
Por otro lado, los agricultores y ganaderos trasladaron la semana pasada al Ministerio de Agricultura que con los precios actuales y a pesar de los subsidios el gasóleo profesional es un 50% más caro que hace un año y le reclaman doblar el importe de la ayuda por litro.
Con todo, cada vez es mayor el riesgo de una traslación de los sobrecostes a lo largo de la cadena de valor que alargue las tensiones inflacionistas en la economía española, que ya registra un diferencial de IPC superior al punto porcentual sobre la media europea, con la consiguiente pérdida de competitividad para el sector exportador.
Por eso, el vicepresidente Carlos Cuerpo ha instado a la patronal y los sindicatos a que lleguen a un acuerdo de rentas como en 2022 a raíz de la guerra en Ucrania.
El gran problema del Ejecutivo ahora es que dispone de un espacio limitado para reforzar el llamado escudo social, como ha advertido la Airef, que fiscaliza las cuentas públicas, debido a que, en vez de aprovechar los récords de recaudación tributaria de los últimos ejercicios para llevar a cabo un recorte mayor del déficit y la deuda pública, Pedro Sánchez lo ha malbaratado en dádivas populistas con efecto muy escaso sobre la economía.
Las medidas mantenidas desde abril han costado más de 10.000 millones de euros a las arcas públicas y sin Presupuestos Generales del Estado es más complicado articular un apoyo público sostenible a familias, empresas y profesionales mientras dure la tensión geopolítica.
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