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España se enfrentará este ejercicio a unas elevadas necesidades de financiación. Pese a la reducción del déficit y de la deuda pública en porcentaje del PIB, los elevados niveles nominales y un volumen de vencimientos similar al de 2025 mantienen las captaciones de fondos en cifras similares a las de los últimos años, aunque en un contexto fiscal más favorable que el de sus pares europeos, según CaixaBank.
El servicio de estudios de la entidad de origen catalán señala en su último informe mensual que la solidez de la demanda de deuda pública, especialmente por parte de inversores no residentes, permite «anticipar una absorción ordenada del volumen de emisiones».
De este modo, el Tesoro prevé una emisión neta de 55.000 millones de euros, 50.000 de los cuales estarían cubiertos mediante instrumentos de medio y largo plazo y los 5.000 restantes, con letras. Una cifra muy similar a los 54.775 millones de 2025 y a los 55.034 de 2024, aunque inferior en 10.000 millones a la de 2023.
Por su parte, la emisión bruta de deuda a medio y largo plazo, que suma las amortizaciones a las emisiones netas, será de 176.514 millones de euros, 5.600 millones más que en 2025, e incluirá una amortización prevista del MEDE de 3.643 millones.
Desde CaixaBank Research prevén que el déficit público pase del 2,5% del PIB en 2025 al 2,1% en 2026, sustentado por el dinamismo económico y la reducción de partidas extraordinarias como la provocada por la dana en Valencia, aunque el aumento del gasto en defensa limitará el ahorro.
Por su parte, los ingresos públicos crecerán más del 5% interanual, algo por encima del PIB nominal, mientras que el crecimiento del gasto computable neto sería superior al 4%, lo que rebasaría el objetivo del 3,7% pactado con la Comisión Europea, pero justo en el límite de lo tolerado.
Respaldo internacional
El documento apunta a que la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de no reinvertir sus vencimientos ha reforzado el atractivo de la deuda española en un contexto de tipos más altos que en el periodo comprendido entre 2016 y 2022. Por ello, en los primeros 10 meses del pasado ejercicio, los inversores no residentes incrementaron sus tenencias de bonos y obligaciones (excluidas las letras) en 74.300 millones de euros, muy por encima del promedio histórico.
Mientras tanto, los inversores minoristas domésticos redujeron sus posiciones en Letras del Tesoro en 5.800 millones desde finales de 2024, aunque fueron más que compensadas por un aumento de 11.000 millones en las compras por parte de no residentes. En conjunto, los inversores domésticos concentran el 28,3% de la deuda pública en circulación, cifra ligeramente menor que el 28,9% de 2024, pero mayor que el 26,3% de 2022.
Respecto al stock de deuda pública, CaixaBank Research prevé que se situará alrededor del 99% del PIB a finales de este año, todavía más de un punto porcentual por encima del nivel de 2019. El 22,5% del total estará en manos del BCE, quedando el 77,5% restante en poder del resto de inversores.
«En definitiva, España afronta 2026 con unas necesidades de financiación elevadas pero plenamente absorbibles en el entorno actual de mercado, apoyadas en una base inversora sólida», destaca Javier García-Arenas, economista sénior en la unidad de Macroeconomía del servicio de estudios.
«Sin embargo, más allá del corto plazo, el principal reto reside en la credibilidad de la senda fiscal a medio plazo. El aumento estructural del gasto público, en especial en defensa y asociado al envejecimiento, y la plena aplicación de las nuevas reglas fiscales europeas exigen una estrategia de consolidación fiscal creíble, gradual y sostenida para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas más allá de 2026», concluye el experto.
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