- Los juristas temen una oleada de litigios por el decreto de vivienda: "Es demencial, parece propaganda"
- Paquete fiscal de 2.000 millones para intervenir la vivienda
- Junts tumbará los dos decretos de vivienda del Gobierno
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- EDITORIAL EXPANSIÓN. Alerta de ‘shock’ por los decretos de la vivienda
Junts anuncia que votará en contra de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. Los juristas alertan de los numerosos errores que incluyen los textos publicados en el BOE.
La mala praxis jurídica del Gobierno con los decretos de la vivienda puede provocar otra cascada de litigios entre propietarios e inquilinos, como ya sucedió después de que decayera el pasado mes de abril el anterior decreto que imponía la prórroga forzosa de los alquileres durante dos años. Esa normativa estuvo vigente apenas un mes, periodo que los ministros, sobre todo los de Sumar, aprovecharon para instar públicamente a los posibles beneficiarios que reclamasen a sus caseros vía burofax la extensión de sus contratos. Y eso a pesar de que los expertos alertaron sobre la dudosa legalidad respecto a esta maniobra. Como era previsible, numerosos afectados recurrieron a los tribunales de Justicia en busca de certidumbre, pero la mayoría de las reclamaciones todavía están pendientes de decisión judicial. En este contexto, reeditar la misma maniobra para salvar las exigencias intervencionistas de Sumar y, al tiempo, calmar al electorado de izquierda más radical que ha promovido las movilizaciones y acampadas en varias ciudades convertirá la inseguridad jurídica que ha sufrido el sector inmobiliario en los últimos años en caos legislativo.
Nocivo tacticismo
Y eso que esta vez la vigencia de los decretos será bastante menor, de apenas unas horas en el caso del más intervencionista, promovido de nuevo por la formación de Yolanda Díaz. También el primero genera muchas dudas debido a los numerosos errores que contienen ambos textos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Es lo que fundamenta la decisión anunciada anoche por Junts de votar en contra de ambos decretos y pedir al Gobierno que los retire y los vuelva a aprobar corrigiendo los fallos detectados. También los juristas consultados por EXPANSIÓN advierten de que las normas elaboradas con evidente precipitación por el Ejecutivo para aprovechar la ventana de oportunidad ofrecida por el desahucio mediático de una anciana en Madrid para recuperar las políticas intervencionistas rechazadas por la Cámara Baja incluyen “conceptos jurídicos indeterminados”, no aclaran cómo se controlará el precio al que compran vivienda los fondos y atacan el derecho a la propiedad privada, además del paroxismo de que ambos decretos se contradicen.
Golpe a los particulares
Una denuncia similar a la que realizó el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, durante su discurso después de haber sido reelegido como principal representante de los empresarios de nuestro país para los próximos cuatro años, señalando que los principales perjudicados por esta normativa serán los pequeños ahorradores particulares con una segunda vivienda de su propiedad para completar su pensión o su salario. Por si no fuera suficiente, la elevada carga ideológica que contienen los textos ya en vigor convierte a los grupos parlamentarios que voten a favor de los mismos en cómplices de la utilización cicatera por la Moncloa de los instrumentos que deberían estar al servicio del Estado y no de intereses partidistas.
Elevado coste
La operación de márketing ideada por Pedro Sánchez para aparentar celeridad ante la crisis del alquiler después de ocho años en los que objetivamente han empeorado todos los indicadores sobre la capacidad de acceso a la vivienda de los españoles –oferta, precio, viviendas de protección oficial, etcétera– no saldrá gratis para las arcas públicas. El Gobierno ha cifrado en 2.000 millones de euros el coste del paquete fiscal que acompaña a los decretos de intervención de la vivienda, que se articulará mediante incentivos en el IRPF a los caseros que reduzcan el precio del alquiler a sus arrendatarios, la deducción para inquilinos o las imputaciones de renta a los propietarios de pisos vacíos que no los pongan a disposición del mercado. También habrá exenciones fiscales para quienes decidan vender sus inmuebles al Estado para dotar el tantas veces prometido parque público de alquileres sociales. Por contra, las Socimis que no destinen pisos a este fin verán incrementar su carga tributaria si los decretos son ratificados.
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